La caída de Popular cumple cinco años con los últimos coletazos de las reclamaciones de accionistas

Fue el primer banco intervenido por la Unión Europea

Oficina de Popular, en una imagen de archivo.
Oficina de Popular, en una imagen de archivo.

Cinco años de la última caída de uno de los grandes bancos españoles. Hoy se cumple el quinto aniversario desde que Banco Popular fue intervenido por las autoridades europeas y traspasado a Santander por la simbólica cantidad de un euro. En ese momento se trataba de la primera vez que la Unión Europea (UE) intervenía un banco y a partir de entonces se produjo una avalancha de reclamaciones por parte de los accionistas y bonistas para tratar de recuperar parte de su inversión y cuyas demandas están dando los últimos coletazos en los tribunales.

En la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017 la Junta Única de Resolución (JUR) intervino y resolvió el banco al considerar que su situación se había vuelto insostenible. Unas horas antes, el Mecanismo Único de Resolución (MUS) dio la voz alerta al estimar que debido a la falta de liquidez por la fuga de capital que había sufrido en las últimas semanas, Popular se vería abocado a incumplir con sus obligaciones de deuda y otros pasivos en un futuro próximo. Además, determinó que la entidad "iba a fallar o era muy probable" que lo hiciera.

Se trataba, igualmente, de la primera vez que las autoridades europeas decretaban que los accionistas y bonistas fueran los que rescataran al banco, un proceso conocido como bail in. Esta decisión implicó que los accionistas y dueños de deuda computable como capital (cocos, AT1, y bonos subordinados Tier 2) fueran los que perdían su inversión para evitar ayudas públicas en el rescate de la entidad. Es el proceso contrario al que se llevó a cabo, por ejemplo, con Bankia (bail out).

De esta forma, el plan de resolución consistió en convertir la deuda de Popular en acciones, amortizar todos los títulos de la entidad a cero y traspasarlos a Santander por la simbólica cantidad de un euro. La decisión de vender el banco a Santander obedecía a que "no existía ninguna perspectiva razonable de que medidas del sector privado o acciones de los supervisores pudiesen prevenir la caída de la institución en un plazo razonable".

Ratificación de la Justicia

La resolución provocó una avalancha de reclamaciones por parte de los accionistas y bonistas que vieron perder toda su inversión. Apenas un año antes, en mayo de 2016, los inversores habían suscrito una macroampliación de capital de 2.500 millones con el objetivo de fortalecer el balance y la solvencia. En sus reclamaciones tras la caída del banco, los accionistas alegaban haberse basado en información defectuosa en el folleto de la emisión.

Tras años en los juzgados, a principios de mayo de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que los accionistas de Popular no tienen derecho a ser compensados por las pérdidas sufridas tras su resolución. En ese sentido, recordó que "son los accionistas, seguidos de los acreedores, de una entidad de crédito sujeta a un procedimiento de resolución quienes deben cargar con las pérdidas de forma prioritaria". Igualmente, puntualizó que si bien existe un "claro interés general" en garantizar "una protección fuerte" de los inversores, no puede considerarse que ese interés prevalezca sobre el interés general de "garantizar la estabilidad del sistema financiero".

Igualmente, la semana pasada el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dio la razón a las autoridades europeas por la manera en que se llevó a cabo el proceso. Así, desestimó las alegaciones relativas a irregularidades en el proceso de venta. También considera que la JUR y la CE no incurrieron en errores y confirmó la legalidad de la decisión de solicitar la resolución del banco. No obstante, algunos de los afectados ya han anunciado que seguirán recurriendo el fallo.

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