Los accionistas denuncian la gestión de la quiebra de Popular ante la Fiscalía
El Opus y otros 385 accionistas con el 3,5% del capital forman una plataforma para litigar Estudian acciones penales, civiles y administrativas contra Saracho y Del Valle
La quiebra de Banco Popular ante la fuga de depositantes, vendido in extremis a Banco Santander la madrugada del miércoles tras dejar a cero el valor de las acciones, ya está en la mesa de la Fiscalía Anticorrupción.
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), representada por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional reclamando una investigación judicial sobre la debacle de la entidad, las causas que provocaron su intervención y la pérdida del dinero de más de 305.000 accionistas entre otros inversores. Se abre así una posible actuación penal sobre la gestión de Popular a la que prometen acompañar centenares de demandas de afectados por la vía civil y administrativa.
Así lo estudian hacer la plataforma de afectados, con el 3,5% del capital, constituida por 385 accionistas de Popular y la Unión Europea de Inversiones, uno de los miembros de la sindicatura de accionistas del banco conformada mayoritariamente por familias ligadas al Opus Dei.
Un ariete legal que ha buscado amparo en la AEMEC y el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, cuyo responsable, Javier Cremades, cree necesario aclarar “¿quién quebró Popular?” y buscar la vía para resarcir a sus accionistas.
“Estamos ante un proceso de incautación. La expropiación sin un procedimiento debido, sin justiprecio. Actuamos ante lo que es una vulneración completa de los derechos de más de 300.000 inversores que confiaron no solo en Popular, sino en supervisores, reguladores e instancias europeas que iban a protegerles, no de los movimientos del mercado, pero sí del incumplimiento de las reglas del juego”, expuso Cremades en un encuentro con prensa y una veintena de afectados.
La denuncia presentada ante la Fiscalía señala directamente como potenciales responsables al hasta ahora presidente de Popular, Emilio Saracho, y uno de sus principales inversores, el grupo empresarial mexicano de la familia Del Valle, aunque deja en manos de la investigación aclarar quienes pudieron ser culpables de la situación y aclarar responsabilidades penales.
Autoridades españolas afirmaban q el B. Popular era solvente.Se habló de posible aumento de capital o de venderlo, no a 1 euro.Eso sorprende https://t.co/CW4iZGrfov
— Andrónico Luksic C. (@aluksicc) June 7, 2017
El escrito de la denuncia sostiene, en todo caso, que el anterior presidente de Banco Popular, Ángel Ron, “fue víctima del turbulento proceso de destrucción del banco puesto en marcha” por personas ligadas al grupo Del Valle mediante la “manipulación de la información privilegiada y su filtrado a la prensa, junto con el ataque especulativo de cortos”. También acusa a la consejera Reyes Calderón de extralimitarse en sus competencias durante el relevo de Ron.
La tesis choca de plano con la que presentan abogados de otros bufetes, quienes asumen que hay que buscar responsables en el consejo de administración de Popular anterior, el que lideraba Ron, pues las cuentas anuales de 2016 que presentaron tuvieron que ser corregidas por incluir errores millonarios. Sobre esta base, argumentan, podrían fundamentarse reclamaciones de quienes invirtieron sin conocer el estado real de la salud de la entidad.
En esta línea se mueve el despacho LEAN Abogados, donde se preparan para presentar un aluvión de reclamaciones individuales principalmente en nombre de accionistas que acudieron a la ampliación de capital de 2.500 millones que Popular cerró hace ahora un año.
Desde el despacho creen que los afectados pueden reclamar su dinero alegando vicio en el consentimiento si se demuestra que la información contable que se ofrecía públicamente era falsa, lo que tratarán de demostrar basándose en el hecho relevante del pasado 3 de abril en el que Popular reconocía ante la Comisión Nacional delMercado de Valores (CNMV) que las cuentas anuales de 2016, auditadas por PwC, contenían errores contables de más de 600 millones.
De otra parte, esgrimirán que el 11 de mayo, Popular desmintió informaciones periodísticas negando que hubiera un proceso de venta acelerado abierto o que existiera riesgo alguno de quiebra, lo que ha tardado menos de un mes en ser desmentido a su vez por la realidad de los hechos.
El Opus Dei no es, en todo caso, el único accionista destacado que se prepara para emprender acciones legales. También lo analiza la familia chilena Luksic, una de las mayores fortunas de Chile, que hace algo más de un mes entró en Popular con unos 100 millones de euros y alcanzó el 3% del capital.
“No siempre se gana, las inversiones tienen riesgos”, admitía en las últimas horas Andrónico Luksic en su cuenta de Twitter, para avanzar que “la empresa está analizando posible apelación, convencida de que el banco tiene valor”.
“Las autoridades españolas afirmaban que el Banco Popular era solvente. Se habló de posible aumento de capital o de venderlo, no a 1 euro. Eso sorprende” criticaba, incidiendo en que “se está analizando todas las alternativas, que incluyen una eventual apelación a este inédito mecanismo aplicado por el Banco Central Europeo”.
¿Quién podría reclamar?
Accionistas: Desde LEAN abogados creen que pueden reclamar su dinero los 305.000 accionistas de Popular que perdieron al menos los 1.300 millones que valían las acciones el martes, y especialmente quienes secundaron la ampliación de capital de 2.500 millones de hace un año que pueden alegar vicio en el consentimiento sea por error o dolo pues, como reconoció Popular, las cuentas de 2016 contenían errores.
A crédito: La misma línea puede seguir quien adquirió acciones de la ampliación a crédito, que han perdido sus títulos y además aún adeudan préstamos sobre unos 200 millones, según cálculos del bufete.
Exaccionistas: Podría reclamar también quien vendió las acciones antes de la quiebra por la pérdida sufrida en la transacción si invirtió con información falsa.
Otros: También podrían reclamar quienes suscribieron bonos convertibles contingentes (cocos) por 500 millones en 2013 y por 750 millones en 2015, que lo han perdido todo al transformarse los títulos en acciones o, por el mismo motivo, los propietarios de bonos convertibles, canjeados por acciones en 2015. Finalmente, pueden reclamar los dueños de 684 millones en deuda subordinada.
Plazos: Si se acudió a la ampliación de capital de mayo de 2016, el plazo más restrictivo para reclamar finalizaría en mayo de 2019, dicen en LEAN. Para los bonos canjeados por acciones, en noviembre de 2019.
