Economía o sostenibilidad: ¿hay que elegir?

Es el momento de aprovechar la movilidad sostenible como fórmula complementaria del transporte público en España

La respuesta corta es no. La respuesta de longitud media es: no, lo que debemos tener en cuenta es que hay que ser realistas, optimizar y poner el foco en el largo plazo. La respuesta larga son las reflexiones que vienen a continuación y que llevan como introducción que la inmediatez, aunque lógica, muchas veces no conduce al objetivo final, que es el que hay que tener presente en cualquier decisión. Los precios de la energía ya registraron un incremento importante en el primer semestre de 2021, pero el crecimiento explosivo del precio, por ejemplo, de la gasolina se ha dado en el último mes empujado por la guerra iniciada por Rusia en Ucrania. Precios récord que han superado en España y Francia los dos euros por litro en algunas estaciones. Una locura solo al alcance de algunos.

Esta subida de precios tiene un considerable impacto, tanto desde el punto de vista económico como social y ecológico: mina el poder adquisitivo y la moral de una población ya cansada de más de dos años de restricciones y emocionalmente desgastada por el conflicto al este de Europa, debilita una recuperación económica que aún se tambalea por el Covid y amenaza la necesaria contundencia de las políticas ecológicas que se enfrentan a la emergencia climática.

En toda Europa, también en España, frenar este continuo aumento del precio de la energía y el combustible se ha convertido lógicamente en la prioridad de los Gobiernos. Descuentos directos en combustible, recortes de impuestos, reducciones del IVA, límites de precios... se están debatiendo toda una serie de medidas para apoyar los presupuestos familiares. Recientemente, tanto en España como en Francia, ha entrado ya en vigor una ayuda directa al consumo de gasolina. Según el Ministerio de Hacienda español, esta subvención directa de 20 céntimos por litro supondrá un coste total para las arcas del Estado de 1.423 millones de euros. Una gran inversión con un rédito a largo plazo que debemos cuestionarnos.

Una medida cortoplacista lógica, con un trasfondo muy complejo. Si se espera que el Gobierno aborde los aspectos sociales de esta crisis, debemos ser conscientes de que las ayudas directamente vinculadas a los combustibles fósiles son contrarias al imperativo ecológico. Sería ingenuo considerar que estas ayudas van a resolver la causa estructural de esta crisis: a largo plazo, los precios de los combustibles fósiles van a seguir subiendo, tanto por las crecientes dificultades para explotar las reservas aún disponibles como por razones políticas y de emergencia climática. Frenar su ascenso a largo plazo es una esperanza no muy realista en la que no tienen mayor incidencia las medidas provisionales, los parches.

Evidentemente, no se trata de aceptar esta situación y sus consecuencias sociales mano sobre mano. Pero es urgente considerar el problema desde un ángulo diferente, con un foco puesto en un largo plazo que debe conciliar la cuestión social con la de la transición ecológica. ¿Cómo? Afortunadamente, ya disponemos de algunas herramientas centradas en la eficiencia. Si se acepta que es imposible reducir estructuralmente el coste de compra de los combustibles fósiles, es, en cambio, posible y deseable mejorar la eficiencia de su uso para reducir su coste. Esta es precisamente la dinámica que se observa desde hace varias semanas, por ejemplo, en el sector de la movilidad, que es una de las principales partidas de gasto de los hogares españoles y europeos.

Algunos ciudadanos han empezado a ir a pie, a utilizar la bicicleta o nuevas formas de movilidad urbana, una noticia estupenda no aplicable a todas las distancias ni áreas. Muchos se han pasado al transporte público, otra alentadora noticia –con un gran alcance en España gracias a sus infraestructuras– tras la que la responsabilidad del ente público debe ser fidelizar a estos ciudadanos positivizando el uso del transporte público. Pero ¿qué pasa con los desplazamientos punto a punto sin alternativa? En nuestro caso, hemos visto en el último mes un gran incremento en la publicación de viajes. Un récord histórico en un mes de marzo en el que se han publicado cerca de un millón de asientos que, de no haberse compartido, hubieran viajado vacíos. Asientos que han conectado solo en España más de 6.000 de las 8.000 localidades peninsulares.

Para la inmensa mayoría de estos nuevos adeptos de la movilidad compartida, este cambio de uso no ha estado motivado por razones ecológicas, sino por razones económicas igualmente legítimas. Las consecuencias medioambientales de esta transición no son menos reales y positivas. La ocupación media de los trayectos de larga distancia es de solo 1,7 personas, mientras que según nuestros datos, la ocupación media de los viajes en coche compartido es de 3,9.

Entonces, ¿es el coche compartido un sustituto de la ayuda estatal? Por supuesto que no. Es una solución complementaria que permite conciliar dos objetivos políticos que se presentan con demasiada frecuencia como opuestos: apoyar el poder adquisitivo de los hogares en los albores de esta nueva crisis del petróleo sin evitar mirar hacia la necesidad urgente de luchar contra el cambio climático. El mismo gasto del Estado en ayudas sin rédito, pero planificado a cuatro años en inversión sobre la movilidad sostenible, tendría un efecto transformador. Esta transición de los usos hacia una movilidad más sostenible, que en la actualidad está impulsada principalmente por consideraciones económicas, debe ser positivizada, apoyada y fomentada por los poderes públicos. El prometedor nuevo anteproyecto de movilidad sostenible recientemente publicado y en tramitación en España sienta las bases de esa política que es necesario ampliar y desplegar, con instrumentos concretos. Si queremos beneficiar a los ciudadanos en este contexto inflacionario y abordar nuestros apremiantes desafíos climáticos, debemos hacerlo de una forma rápida y ambiciosa.

Es el momento de aprovechar el alcance de la movilidad compartida, capaz de ofrecer un servicio eficiente y vertebrador complementario al transporte público. Es el momento de implicar a las empresas en la ley para que ellas también puedan asumir su parte de responsabilidad y aprovechar las medidas para apoyar y financiar la movilidad forzada de sus empleados. Es el momento de planificar y acompañar esta evolución con una amplia red de transporte público y de carriles de alta ocupación o exclusivos hacia y desde futuras zonas de bajas emisiones. Es el momento de pensar en que los futuros peajes en España sean inteligentes e incentiven el uso de vehículos con una tasa de ocupación superior a dos personas. Es el momento de facilitar que los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas puedan promover los desplazamientos diarios en viajes más optimizados y eficientes. Es el momento de atender lo urgente, sí, pero de no perder de vista lo importante.

En España y en toda Europa, ahora depende de nosotros acompañar la ambición política de la financiación necesaria para hacerlo operativo. Estamos superando una encrucijada tras la que la revolución de los usos de la movilidad, detenida por Covid, está de nuevo en marcha. Son muchos los retos a corto, medio y largo plazo. Tengamos la audacia de apoyarla plenamente para combinar nuestras políticas sociales con nuestros objetivos medioambientales. Que no, no son para nada excluyentes.

Nicolas Brusson es CEO y cofundador de BlaBlaCar