Escoger los 25 mejores años de cotización de 35 elevaría la pensión un 6,5% y el gasto un 0,67% más

Un grupo de expertos de las universidades de Valencia y Extremadura compara esta medida con solo el aumento a 35 años, que recortaría la prestación un 8,8%

Infografía: Belén Trincado

El Gobierno ha dejado para la segunda parte de la reforma de pensiones, que se tendrá que discutir en lo que resta de año, una de las cuestiones más espinosas: los cambios en el número de años que se tienen en cuenta para calcular la base reguladora que determina, en parte, lo que se cobra de pensión de jubilación. El compromiso del Ejecutivo con Bruselas, a través del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, es “modificar el periodo de cómputo de la pensión de jubilación” en 2022.

Hay prácticamente consenso total entre los expertos en la materia que esa “modificación” debería consistir en una ampliación (a ser posible gradual) desde los actuales 25 años hasta un número que se consensuara política y socialmente. Si bien, si esta ampliación no va acompañada de otras medidas supondría dos cosas: una disminución de la mayoría de las nuevas pensiones y, en consecuencia, un menor gasto en términos de PIB, que es lo que pide Bruselas a España en el medio y largo plazo, para cumplir con el equilibrio fiscal a pesar del coste que supone el envejecimiento de la población.

Esta ampliación sin otros cambios en el cálculo de la pensión sería, por tanto, altamente impopular para los futuros pensionistas, lo que podría pasar una elevada factura electoral al Gobierno que la llevase a cabo. Según un primer estudio elaborado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de la Universidad de Extremadura y de Valencia, esta ampliación del periodo de cómputo de los 25 años actuales a los últimos 35 años cotizados, para calcular la cuantía de la pensión, supondría un recorte medio inicial de las pensiones de jubilación del 8,8%. En este caso, la medida contribuiría también a amarrar el gasto en pensiones hasta un 0,88% del PIB menos en el entorno de 2050, nuevamente en la línea que demandan las reglas fiscales de la UE. Esto, según los académicos que han elaborado este estudio, “mejoraría la sostenibilidad y contributividad del sistema al aumentar la relación entre aportaciones y prestaciones”.

Sin embargo, hasta ahora todas las intervenciones de Escrivá sobre esta futura medida hacen una importante precisión: la ampliación de este periodo solo se aplicará a las personas a las que beneficie y les suba la pensión en lugar de bajársela, que sería el efecto general. Esto se puede hacer mediante dos medidas añadidas a la ampliación del periodo de cómputo: por ejemplo ampliar de 25 a 35 años los años que se tienen en cuenta para determinar la pensión, pero poder escoger los mejores 25, tal y como ha sugerido el equipo de Escrivá en alguna ocasión. Y, junto a ello, se puede también mejorar la integración de lagunas (cómo se rellenan las bases reguladoras de aquellos periodos en los que no se ha cotizado).

Este grupo de académicos ha analizado en un segundo estudio, que se acaba de publicar, el impacto de ampliar el periodo de cómputo a 35 años, escogiendo los mejores 25 años de cotización, y el resultado ha sido el opuesto a la mera ampliación a los citados 35 años. El resultado de esta simulación –elaborada por los expertos de la Universidad de Valencia Enrique Devesa, Mar Devesa y Robert Meneu; y de la Universidad de Extremadura, Inmaculada Domínguez y Borja Encinas– indica que desechar los diez peores años de cotización de los últimos 35 elevaría las nuevas pensiones iniciales un 6,54% y el gasto sobre el PIB (en términos de caja) aumentaría hasta un 0,67% adicional a lo proyectado hacia 2050, para luego estabilizarse en el entorno del 0,49% más en 2067.

Pero, además, estos académicos, que para hacer estos cálculos sobre la pensión inicial han tomado la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2019 de la Seguridad Social, han observado otros impactos sobre las pensiones futuras en el caso de escogerse los 25 mejores años. Por ejemplo, que los trabajadores con menores bases de cotización (rentas más bajas) en la actualidad incrementarían su pensión tres veces más que los de bases altas (mayores rentas): un aumento del 12,8% de los primeros, frente a una subida del 4,3% de los segundos.

También han detectado que las mujeres mejorarían su pensión inicial un 6% en comparación con el 6,9% de los hombres, lo que supondría un 13,4% más de pensión para los hombres, lo que podría considerarse “una discriminación indirecta de género”. Igualmente, el régimen de autónomos saldría más beneficiado, con una subida de sus futuras pensiones del 9,68%, frente al 6% de las prestaciones del Régimen General de asalariados. Esto último se produciría debido a que los autónomos evitarían la no integración de las lagunas de cotización, explican.

En resumen, estos expertos consideran conveniente ampliar a 35 años, incluso a toda la carrera laboral, el periodo de cómputo de la base reguladora, para conseguir un sistema más equitativo y sostenible, si bien el precio a pagar sería unas pensiones de menor cuantía. A lo que añaden que si junto a esta ampliación se diera la posibilidad de escoger los mejores 25 años “se produciría justo el efecto contrario ya que empeoraría la equidad contributiva y la sostenibilidad del sistema".

"El mejor sistema en un país imaginario"

“Si tuviéramos que diseñar hoy cuál es el mejor sistema en un país imaginario donde implantáramos un sistema de Seguridad Social no sería el actual, sino que tendría en cuenta más cuánto ha cotizado una persona a lo largo de toda su vida”, dijo ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo en el Senado.

Acto seguido, precisó, para que no hubiera equívocos, que el Gobierno no pretende ampliar este periodo a toda la vida laboral de golpe, sino “ir paulatinamente, posiblemente con periodos transitorios muy largos, a un modelo más parecido a ese modelo ideal que tenemos en mente”.