La segunda fase de la reforma de pensiones se presenta llena de obstáculos

Los grupos parlamentarios no logran cerrar la ley de planes de pensiones del fondo de promoción pública y Bruselas pide vigilancia sobre el gasto y la deuda

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.Europa Press

El Gobierno, y más en concreto su ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, se ha comprometido con la Comisión Europea a completar este año la segunda fase de la reforma de pensiones. Tras una primera fase acordada por los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo y por los agentes sociales y el Gobierno, ahora la segunda parte de los cambios que quiere hacer Escrivá este año –que son también un requisito para recibir los fondos europeos–, se presenta con muchas más dificultades.

En esta segunda fase, el ministro de Seguridad Social quiere sacar adelante la tramitación parlamentaria de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, que creará el fondo de promoción pública ideado por Escrivá y su equipo. Pero esto no va a ser fácil y el texto tropezó ayer con el primer trámite en el Congreso de los Diputados. Los grupos parlamentarios no lograron cerrar un informe de la Ponencia que estudió el texto a puerta cerrada; y, por lo tanto, las enmiendas llegan vivas al siguiente trámite, la Comisión, que deberá votar la norma, enviarla al Pleno del Congreso, luego al Senado y otra vez al Congreso. En principio, hoy se decidirá la fecha del siguiente encuentro.

En este camino, el Gobierno deberá ceder ante algún grupo con toda seguridad para lograr los votos suficientes para sacar adelante la ley. En la primera votación de este proyecto en la Cámara, el pasado mes de marzo, ERC votó en contra del texto del Gobierno al apoyar la enmienda de devolución del BNG junto con EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís. Por ello, para superar esta votación los grupos del Gobierno encontraron el respaldo del PP, Vox, Ciudadanos y PNV. Y todo apunta a que este esquema podría repertirse. De hecho a primera hora de la tarde parecía que los socialistas habían aceptado la propuesta del PP y Cs para que la ley incluya incentivos fiscales a las empresas que nutran estos planes colectivos de sus empleados. En concreto, y ya a última hora, Cs aseguraba haber pactado con el Gobierno la propuesta de crear deducciones en el Impuesto de Sociedades del 10% de dichas aportaciones a trabajadores con ingresos inferiores a 27.000 euros.

Por el contrario, los socios del Ejecutivo volvieron a arremeter contra esta norma y a rechazar su apoyo. Así lo hizo la portavoz de Podemos en el Congreso, Aina Vidal, quien criticó duramente la negociación sobre este fondo de planes colectivos de pensiones. “El ministro Escrivá tiene que parar, respirar y entender que no puede seguir con la dinámica de los dos últimos años, porque no está saliendo bien”, dijo Vidal. Y añadió: “Es necesario sentarse, hablar y llegar a acuerdos, y es muy complicado si por el camino utiliza globos sonda, y los otros grupos o incluso aquéllos que formamos parte del Gobierno nos sentimos engañados en algún momento de las negociaciones”.

Por ello, dijo que el texto tendrá que experimentar cambios en los próximos días, “porque esta ley no puede suponer una entradilla a la privatización de las pensiones”. También los socios de investidura del Gobierno criticaron ayer esta norma. El portavoz de los independentistas catalanes de ERC, Gabriel Rufian, no desveló si votarán en contra o a favor en la próxima reunión en Comisión, pero dijo que el texto “tiene muchísimo recorrido de mejora”.

Es más, si los socios del Ejecutivo tenían alguna línea roja en esta negociación esa era la creación de más incentivos fiscales a las empresas que nutran estos planes. De hecho han presentado una emienda para retirar las bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social que recoge la norma. Esto hace pensar que el acuerdo para aprobar esta ley podría llegar del lado de la oposición. Si bien queda por cerrarse la posibilidad de crear un periodo transitorio en el que se aumenten los incentivos fiscales a los planes individuales hasta que estén en marcha los colectivos.

A esta problemática se suma una surgida en los últimos días por las advertencias de la Comisión a vigilar el aumento del gasto en pensiones por su revalorización con el IPC y la ausencia de medidas que compensen ese importante incremento de la financiación (1.700 millones por cada punto de desviación). El propio Antonio Garamendi presidente de de la CEOE --que respaldó esa fórmula para actualizar las pensiones-- pidió ayer que el Pacto de Toledo vuelva a evaluar este mecanismo de revalorización por su elevado coste.

Desde Bruselas, donde los responsables comunitarios han pedido vigilancia sobre el gasto y la deuda pública, se ha instado a España a “modificar” el número de años que se toman para calcular la pensión, lo que se interpreta como una ampliación de ese periodo, pero Escrivá quiere aplicar este cambio solo a quien beneficie. Así, el impacto de esta segunda parte de la reforma en el control del gasto y sus repercusiones sobre la deuda a medio y largo plazo dirá cual es el veredicto final de la Comisión sobre la nueva normativa española de Seguridad Social y el desemboso de fondos vinculado a ella.