¿Existe suficiente apoyo a la pyme innovadora en España?
Hay un enorme desconocimiento sobre las ayudas disponibles: solo un 15% de las empresas las utilizan
Innovación es sinónimo de riqueza. Porque estimula la productividad y, por tanto, la economía, pero también porque se traduce en una mayor calidad de vida para los ciudadanos. En este sentido, la situación en España en este apartado podría calificarse con un “necesita mejorar”: ocupamos el puesto 16 de 27 en el ranking de innovación de la Unión Europea, dos posiciones menos que en la clasificación del año anterior, y solo el País Vasco y Madrid han pasado de ser consideradas innovadoras moderadas a fuertes.
¿Cuál puede ser el motivo? Una pista nos la da este mismo ranking. En concreto, el criterio innovación en pymes, en el que puntuamos especialmente bajo, ya que ostentamos el puesto 24 de un total de 27. El peso de las pequeñas y medianas empresas en la economía española es enorme, suponen un 99,84% del tejido empresarial. La posición que estas tomen con respecto a la innovación resulta fundamental para el interés general, así que deberíamos preguntarnos por qué no invierten más. Sobre todo, cuando los beneficios para los empresarios son grandes.
Las administraciones públicas conocen la importancia de fomentar la inversión en innovación por parte de las pymes y, para ello, desarrollan ayudas, créditos y diferentes incentivos. A nivel europeo, por ejemplo, tenemos el acelerador CEI, que ha permitido al Gobierno español destinar cerca de 500 millones de euros a financiar más de 1.000 proyectos entre los años 2014 y 2021. Exn España, contamos con las deducciones fiscales por I+D+i, que facilitan que las empresas puedan recuperar parte del dinero invertido.
Las bonificaciones por personal investigador merecen un punto y aparte. Según la última encuesta trimestral de coste laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE), los gastos de personal ascienden a 2.874,61 euros por trabajador y mes, lo que supone un 4,4% más que durante el mismo período de 2020. El 40% de este importe corresponde a las contingencias comunes y obteniendo esta bonificación, las pymes pueden reducirlas, en total, un 9%, lo que se traduce en, aproximadamente, un ahorro de entre 200 y 300 euros por empleado y mes.
Reguladas por el Real Decreto 475/2014, constituyen un incentivo no tributario que aplica sobre el personal técnico de la empresa dedicado en exclusiva a actividades de I+D+i y lo que las hace especialmente interesantes es que se trata de ayudas a presente, no a futuro, como ocurre con las deducciones, por lo que los empresarios no necesitan adelantar su dinero. Además, son capaces de ayudar a un mayor número de empresas, ya que pueden optar a ellas compañías que desarrollan proyectos para sus clientes y carecen de su propiedad intelectual.
Además, y se trata de lo más importante, al solicita el sello de pyme innovadora, las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la innovación pueden combinar las bonificaciones por personal investigador con las deducciones por I+D+i y, de esta manera, reducir todavía más el esfuerzo que supone invertir en innovación.
Este sello, que tiene una validez de tres años, es un distintivo que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación a las pymes que se dedican a actividades de I+D+i con un máximo de 250 empleados o 50 millones de facturación. El objetivo es premiar su carácter innovador y existen tres vías para tramitarlo: contar con un informe motivado vinculante que lo acredite, haber recibido ayudas por parte de organismos como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDIT) o contar con certificaciones como la de joven empresa innovadora (JEI), pequeña o microempresa innovadora o sistemas de gestiwón de la I+D+i.
Existe un gran número de pymes que desconocen la existencia tanto de las bonificaciones como de la posibilidad de combinarlas con las deducciones. De hecho, en general, hay un gran desconocimiento sobre las ayudas a la innovación que estám disponibles en nuestro país, como demuestra el hecho de que solo el 15% de las empresas españolas las esté utilizando.
Es obvio que algo no se está haciendo bien, y si el problema no está en la oferta, tiene que estar en otros puntos: la complejidad del proceso y la falta de difusión por parte de las administraciones públicas. Por descontado, esto no libera al Gobierno de su responsabilidad en esta materia. Es importante pensar en las empresas cuando se diseñan los trámites y las distintas herramientas y, por supuesto, es necesario invertir en acciones de comunicación que impulsen el alcance de estas ayudas y ayudan a informar sobre ellas.
En caso contrario, todos los esfuerzos pueden caer en saco roto y, al final somos nosotros, los españoles, los primeros interesados en estimular la capacidad de innovación de nuestro tejido empresarial.
Antonio Varilla Bernal es Director de Consultoria I+D+i de Leyton Vigo, Málaga y Madrid