Un mercado eléctrico para listos

Las eléctricas han tenido una responsabilidad en el freno del mercado libre, frente al desafortunado PVPC, con políticas comerciales de poco fiar

El viral comentario del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, insultando a los casi 10 millones de consumidores que, por una u otra razón, están en el mercado regulado de la electricidad (el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor o PVPC), merece una reflexión más allá de la airada y humana defensa frente a alguien que te llama simple y llanamente “tonto”. Máxime cuando ese alguien es el presidente de una de las dos grandes eléctricas españolas, junto con Endesa, y la primera, a gran distancia de esta, si se tiene en cuenta su negocio internacional. La más favorecida del sector en cuanto a las concesiones hidráulicas de que disfruta desde el siglo pasado y que explota la segunda mayor red de distribución eléctrica del país, un negocio regulado (un rentable estanco sin riesgo) que tiene la consideración de monopolio natural y que pagan religiosamente los consumidores a través de los peajes de la factura de la luz. Que, por cierto, se han mantenido inalterados pese a la grave crisis energética.

El comentario del presidente de Iberdrola de la semana pasada, no se puede considerar aislado, si bien, ninguno antes había tenido tanta trascendencia ni sus dardos se habían dirigido a tantos receptores ni había sido tan inoportuno, dada la dureza de la situación que viven los ciudadanos. La mayoría de ellos desconoce qué tipo de tarifa tiene, por lo que se habrán preguntado si forma parte del grupo de los “tontos del PVPC”. Un invento del que fuese secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en el Ministerio de Industria dirigido por José Manuel Soria, que está ligado directamente a los avatares de las cotizaciones diarias del mercado mayorista (pool) cuya volatilidad está resultando insoportable desde el año pasado por las maniobras de Rusia para encarecer el precio del gas.

Mientras el precio del pool se mantuvo bajo (incluso, hundido, en el primer año de la pandemia) nadie (léase, el Gobierno) reparó en él ni consideró la necesidad de sustituirlo por un precio fijo a plazo que, al obligar a las comercializadoras a cubrirse del riesgo de adquirir una energía en un momento dado para suministrarla, por ejemplo, durante un año, habría encarecido la factura. Pero la estabilidad tiene un precio y es el seguro que pagan los usuarios del resto de países europeos y que los españoles pagaron hasta 2013, a través de un mecanismo de subastas de energía para suministrar a los domésticos, con una potencia contratada inferior a 10 kW.

Las llamadas Cesur, que se celebraban trimestralmente, saltaron por los aires cuando la de diciembre de ese año cerró a un precio ¡superior a 60 euros MWh!, tan lejos de los más de 200 euros de media de este año. Como aquel resultado habría implicado subir un 11% la factura del primer trimestre de 2014, el Gobierno de Rajoy las eliminó de un plumazo y las sustituyó por el desafortunado PVPC.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez perdió la oportunidad de haber cambiado el sistema al comienzo de la legislatura, cuando el pool cotizaba sin sobresaltos. Pero nadie se acordó de Santa Rita hasta que no tronó y la oportunidad de una reforma a corto plazo del precio regulado se ha perdido. En estos momentos, fijar un precio desligado del mercado diario y ligado a los mercados de futuros no resuelve el problema porque ambos son prácticamente igual de caros.

Volviendo al empeño, nada nuevo, del presidente de Iberdrola de denostar el PVPC (hace unos días dijo que sin este, el precio de la luz sería hasta un 40% menor) conviene una segunda reflexión. La convivencia entre la tarifa regulada (concebida paradójicamente como un refugio para los pequeños consumidores, sin poder de negociación frente a las grandes empresas) y el mercado liberalizado, una imposición de la UE para avanzar en un supuesto mercado único de la energía, siempre ha sido conflictiva. Un precio regulado vergonzante que ni el Gobierno ni la CNMC podían recomendar, aunque resultase más beneficiosa para el consumidor, para no perjudicar a las comercializadoras del mercado libre, que siempre se quejaron de no poder competir con aquel.

Porque, si el PVPC era el precio clon del mercado mayorista y estas compañías compraban en dicho mercado la energía para suministrar a sus clientes minoristas, ¿dónde estaba su margen de negocio? Una teoría que ha quedado desmontada con la actual crisis en que las grandes eléctricas han desvelado, en su defensa, que no cobran los desorbitados precios del pool, sino que tienen comprometida toda la energía que generan a precios fijos, razonables y a plazo. La situación raya en una cierta esquizofrenia pues los mismos grupos eléctricos suministran en ambos mercados (Iberdrola y Endesa, las primeras) con filiales distintas: la regulada cobra un margen comercial fijado por ley, que las eléctricas consideran escaso, y la libre, pues eso, un precio libre.

Responsabilidad

Si bien en algunos momentos el PVPC ha podido ser una traba para un mayor impulso del mercado libre, las grandes empresas han sido también responsables, al aplicar políticas engañosas por parte de equipos de comerciales externos, que no cobran si no contratan o que trabajan para varias comercializadoras. La desconfianza generada entre los usuarios y la contratación poco ortodoxa de un servicio más que complicado de entender (el Gobierno prohibió, por ejemplo, la contratación en las puertas) está detrás, en parte, de la escasa movilidad entre mercados. De hecho, con precios máximos desde mediados del año pasado, solo un millón de clientes del PVPC se pasaron al libre, y más de tres millones cambiaron entre comercializadoras libres, según datos de la CNMC. Una prueba de que no es el PVPC el único hándicap para impulsar la liberalización, es que, ni con esta tarifa desorbitada, el liberalizado ha sabido aprovechar el tirón.

Una futura reforma de este mercado debería acotar el número de beneficiarios con derecho al mismo y, muy especialmente, los del bono social, que han visto cómo un elevado PVPC, que deben contratar para recibirlo, se ha comido sus descuentos. El afán de utilizar la factura de la luz como instrumento electoral por parte de los Gobiernos, y la sensibilidad genética española ante el recibo, ha llevado a ampliar el espectro y proteger a quien no lo necesita (por ejemplo, familias numerosas de altas rentas) y a dejar fuera a otros usuarios. La clave de cómo batallar contra la crisis es la protección del vulnerable. Pero el de verdad.