Un nuevo compás de espera eléctrico

El Gobierno aguarda una respuesta de Bruselas para concretar su límite al precio del gas y, mientras, el ‘pool’ sigue en su volatilidad

Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica.

El Gobierno está a la espera de que la Comisión Europea dé el visto bueno al mecanismo para la limitación del precio de las ofertas de las centrales de ciclo combinado de gas en el mercado mayorista de la electricidad (pool) para contener la escalada de los precios de la luz. Un compromiso que Bruselas cerró hace un mes con España y Portugal, argumentando que son una isla energética sin apenas interconexiones, pero al que le falta la letra pequeña o, para ser más exactos, dónde se fija el tope máximo y quién paga la compensación, ya que los ciclos siempre cobrarán su coste real, pero al reducirse al ofertar en el pool, evita que el resto de energías (las llamadas inframarginales: hidráulica, nuclear y renovables) cobren el precio marginal que fija la más cara, el gas, o muy residualmente, el carbón.

 A principios de abril, cuando el Gobierno aprobó la amplia batería de medidas contra los efectos de la guerra de Ucrania, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que en breve se enviaría a Bruselas la propuesta concreta de un mecanismo que implicará la realización de dos subastas por parte del operador del mercado (OMIE): una sin aplicar el mecanismo, que fijará el precio de las exportaciones a Francia (el problema de lograr un precio más barato es que se produciría una presión exportadora y el efecto de abaratamiento desaparecería) y otra, réplica de la primera, ya con el tope establecido. Según explicó Ribera, el visto bueno comunitario tardaría dos o tres semanas.

A sabiendas de que Bruselas no aceptaría un diferencial de precios muy elevado con el resto de países de la Unión Europea, que pondría en entredicho el polémico sistema marginalista, armonizado y con un algoritmo de casación común, los Gobiernos ibéricos han planteado un precio límite de partida para el gas muy bajo: 30 euros/MWh, lo que se traduciría en un precio de la electricidad de unos 100 euros/MWh (para obtener este precio, el del gas se multiplica por dos y se añaden 20 euros por derechos de emisión de CO2 y el coste de los peajes). La Comisión quiere, al menos, el doble de ese precio y que la electricidad no baje de los dos dígitos.

Pero, aun siéndolo, no es este el problema más importante al que se enfrenta el Ejecutivo, en el que se da por hecho que Bruselas deberá cumplir su compromiso sobre la “excepción ibérica” que hizo público a bombo y platillo y después de que haya hecho la vista gorda con las ayudas de Estado que se aplican Francia y Alemania a sus ciudadanos y empresas. El problema, como tantas veces, es la oposición de las grandes eléctricas a una medida para limitar el precio del gas a la que, en teoría, apoyaban inicialmente.

O no, porque su petición hacía referencia (luego se ha sabido) a limitar el precio del mercado mayorista del gas (en España, Mibgas), no a las ofertas de las centrales en OMIE. Un propuesta descabellada, según algunos, y de escaso recorrido, pues o se limitaba en todos los mercados europeos o no tendría sentido. Y en este caso, tampoco, porque los barcos buscarían otros puertos donde cobrar por encima de un hipotético tope al gas en Europa.

Hay quien considera que precisamente por ser de imposible ejecución, las compañías defendieron esa medida. De esa manera, daban una imagen de un “colaboracionismo que ha resultado falso”, según voces críticas. Ahora el mecanismo de compensación, no tanto el precio propuesto por el Gobierno, ha alarmado a las empresas del sector, que dicen verse obligadas a trasladar a los clientes en el mercado libre el precio del gas que supere el límite que se fije. La propuesta de financiación de esta parte, por la que se ha interesado Bruselas, es que se prorratee entre el resto de ofertas del mercado, un sistema similar al de los pagos por capacidad.

Los clientes del mercado regulado (PVPC), incluidos los vulnerables que reciben el bono social, que han sufrido en sus carnes desde el pasado verano los precios desorbitados de un mercado mayorista al que tienen indexada su tarifa, se beneficiarían ahora de la bajada de los precios de un mercado tóxico que el mecanismo en ciernes haría descender. Se podría dar la paradoja de que si los precios de manera natural bajasen, por el aumento de la producción renovable y la caída de la demanda ante los meses de verano, el mecanismo no sirviera de mucho. Pero la volatilidad sigue siendo la tónica, por más que las energías verdes aplaudan las escasas horas al día que, por el momento, el MW/h baja de un dígito.

Los regulados se beneficiarán

Pero si los clientes acogidos aún al PVPC (más de nueve millones) serían ahora los beneficiados, los del mercado libre (domésticos y grandes y medianos consumidores, que suman otros 19 millones) podrían resultar perjudicados. ¿Por qué? Porque los contratos de estos clientes, a precios estables y a plazo, incluyen contratos de revisión en el caso “de cambios regulatorios” que decida el Gobierno. Y ya lo han advertido las comercializadoras, esto es un cambio regulatorio que le permitiría proceder a una revisión para trasladarles la nueva compensación por el gas.

Otra cuestión es que el consumidor opte por volver al PVPC (aunque en el mundo de la electricidad los cambios son parsimoniosos) o que siga si el coste de la revisión es poco significativa. Además, el mecanismo será temporal, hasta finales de este año, según desea el Gobierno y debe consentir Bruselas.

Para las eléctricas, trasladar este coste es un inconveniente técnico y costoso, amén de la dificultad añadida de poder aplicarlo a los grandes consumidores, con mayor poder de negociación. Aun con todo, hay quien considera que lo que realmente indigna a las compañías es la pérdida de los beneficios extras que dejarán de percibir sus energías inframarginales al limitar el precio marginal del pool.

En la creencia de que Bruselas no permitirá precios muy distintos entre la industria española y la europea, las grandes del sector presionan a una Comisión ya de por sí sensible a los lobbies. El Gobierno sigue empeñado en hacer pagar indirectamente a las empresas ciertos costes (léase, el del bono social de la luz), obligaciones que recurren sistemáticamente ante la justicia. Quizá sería más sencillo, opinan fuentes sectoriales, incrementarles el impuesto de sociedades y destinarlo a medidas en favor del consumidor. Con la ventaja de que no sería recurrible ante ningún tribunal.