Plan de choque

Los empresarios arremeten contra Díaz por prohibir el despido motivado por la crisis

Garamendi espeta a la ministra de Trabajo: "Si a ella le parece muy bien que no se pueda despedir, que monte una empresa ella y que lo haga”

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

El idilio negociador que parecían tener el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha resentido en los últimos días. Ha sido a cuenta de la medida aprobada ayer por el Gobierno consistente en prohibir despidos objetivos motivados por el alza de la energía a todas las empresas que reciban cualquier tipo de ayuda. Esta prohibición, que ha sido incluida en el Plan Nacional de respuesta a la guerra que recibió ayer el visto bueno del Consejo de ministros durará previsiblemente, como el resto de medidas aprobadas ayer, hasta el 30 junio.

Sin embargo, el hecho de que prohibir los despidos causados por la actual crisis de precios energéticos vaya a ser temporal, durante solo tres meses, no ha aplacado a los empresarios, que ayer alzaron la voz desde distintos ámbitos para arremeter contra esta medida y, de paso, contra su artífice, la ministra de Trabajo.

Así, Garamendi fue el que lanzó ayer las críticas más personales contra Díaz, al lanzarle un mensaje a través de los medios de comunicación: “Si a la ministra le parece muy bien que no se pueda despedir, que monte una empresa ella y que lo haga”.

En una rueda de prensa en Zamora y tras criticar esta nueva limitación a los despidos y el control de los precios del alquiler (también aprobado ayer en este plan de choque), Garamendi explicó el rechazo de los empresarios a las medidas que, en su opinión, “suponen intervenir la economía en lo que es la libertad de acción y de empresa”. El líder empresarial continuó mostrándose “sorprendido” por la iniciativa de Díaz por considerar que “no es adecuada a una economía de mercado, en el mundo libre”. Por ello, terminó calificando la medida de “intervencionista” y rechazándola de pleno.

La ministra Díaz no tardó en responder a las críticas de Garamendi en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde recordó al dirigente empresarial que durante la pandemia ya pactó una prohibición similar a los despidos objetivos que tuvieran como causa la crisis sanitaria. “Ya ha pactado él, en nombre de CEOE este mecanismo en la crisis de la pandemia”, dijo Díaz, para acto seguido presuponer que Garamendi tenía “la suficiente empatía social para entender que no se puede recibir dinero público en forma de cotizaciones y salarios pagados por los españoles y, además, despedir”.

El malestar empresarial radica también en la falta de negociación de esta medida, algo que comparten los sindicatos, que también criticaron ayer no haber sido consultados. De hecho, tras conocerse que el Gobierno aprobaría esta prohibición, Garamendi se ausentó de clausura de la asamblea de la asociación de autónomos ATA, celebrada el lunes, donde estaba previsto que asistiera, y donde estuvo también la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos. Su ausencia fue interpretada por algún sector empresarial como una protesta ante Calviño quien, por otra parte, estaba en contra de recuperar esta limitación al despido y logró que se circunscribiera a las empresas que reciban ayudas públicas por esta nueva crisis.

Garamendi no fue el único que verbalizó su rechazo a esta medida. El presidente de Cepyme, Gerado Cuerva aseguró que “las medidas son muy intervencionistas. No se mantiene el empleo por real decreto”. Y añadió que “dar ayudas para compensar la crisis actual a cambio de limitar libertades y coartar la flexibilidad en la empresa no tiene sentido”.

También mostró sus críticas la patronal catalana, Foment del Treball, donde consideraron que esta nueva limitación “atenta contra la libertad de empresa y su capacidad para poder adoptar decisiones para garantizar su viabilidad y salvaguardar los puestos de trabajo presentes y futuros”.

Por su parte, la patronal de logística y transporte UNO consideró esta prohibición temporal de una parte de los despidos objetivos como una medida “antisocial” porque “empujará a muchas pymes a la quiebra”

La medida en cuestión

A falta de conocer la letra pequeña de todas las medidas cuando el Real Decreto aprobado ayer se publique, previsiblemente hoy, el Gobierno adelantó ayer algunos detalles. Así, en el caso del despido facilitaron la siguiente descripción de la medida: “Aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente Real Decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.

Asimismo, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público”, según recogía el texto aprobado en el Consejo de Ministros.

Mensaje de Díaz

Por su parte, la ministra de Trabajo aprovechó también ayer para lanzar insistentemente un “mensaje claro y directo a empresarios y empresarias”, a quienes se dirigió para reclamarles: “no es necesario despedir, tienen ustedes los recursos públicos a su disposición para impedirlo; sobre todo no despidan a quienes son los más débiles del mercado de trabajo, los jóvenes. Teniendo el mecanismo de los ERTE no es necesario despedir”, reiteró.

Recordó a la clase empresarial, que ya recurrieron masivamente a los ERTE en lugar de despedir durante los peores momento de la pandemia. “Ya lo hemos hecho y les pido que lo volvamos a hacer”. Y pidió a los empleadores que “si su vocación es despedir, no tiene sentido recurrir a un ERTE”.

Por otra parte, Díaz también anunció la autorización del reparto territorial de 2.700 millones en políticas activas, sobre todo para la empleabilidad de mujeres y jóvenes, que se sustanciarán con las comunidades autónomas el 6 de abril. Asimismo informó de la activación de un ERTE sectorial para las agencias de viajes. La Seguridad Social también hizo su aportación al plan de choque con la posibilidad de aplazamientos especiales de las cuotas a un interés reducido, del 0,5%, siete veces inferior al habitual para las empresas del transporte urbano y por carretera y aquellas del Régimen del Mar y el sistema especial agrario.

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