Crisis energética

Bruselas acepta poner un tope al precio del gas en el ‘pool’ eléctrico

Aplaza su decisión de sacarlo del mercado, pero permite un límite que impedirá que marque precio altos al resto de energías

Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

La Comisión Europea aprobó ayer la esperada Comunicación que incluye las recomendaciones o caja de herramientas (toolbox) que pueden utilizar los países miembro para hacer frente a la escalada de los precios de la electricidad “en circunstancias excepcionales”, y que se han desbocado tras la invasión rusa de Ucrania”. Además de una cierta regulación de los precios, los países pueden redistribuir los beneficios extra (winfall profit) derivados del efecto del alto precio del gas tiene sobre el mercado marginalista de la electricidad (pool), y los elevados ingresos por la  recaudación del mercado de derechos de emisones de CO2.

El colegio de comisarios ha optado por hacer concesiones tanto a los países del sur, como España, de la que ha aceptado casi todas sus peticiones, como a los del norte y el centro de Europa, al fijar medidas sobre el sistema del gas, que permita reducir en dos tercios la dependencia de Rusia en varios años.

Aunque la Comisión no ha cerrado la puerta a la posibilidad de excluir del mercado mayorista la generación con gas, para evitar que contamine, como así está ocurriendo, al resto de tecnologías, tampoco la ha incluido expresamente en el toolbox presentado ayer. En él señala que “estudiará todas las opciones posibles de medidas de emergencia para limitar el efecto contagio de los precios del gas en los precios de la electricidad, como límites de precios temporales”.

En este sentido, y esa es la gran novedad, hace una mención expresa a la posibilidad de establecer precios máximos en el pool. Se trata de una medida que España ha arrancado a Bruselas tras muchas presiones, según fuentes del sector, y que puede resultar un sustituto al desacoplamiento del gas que, en cualquier caso, no podrían aplicar individualmente los Estados.

El citado límite de precios es un sistema que España mantuvo casi en solitario hasta hace más de un año y que se vio obligada a eliminar por imposición de Bruselas. Consistía en impedir la casación de ofertas en el mercado diario por encima de los 180 euros MWh así como las de precios negativos. En el caso de que se superase dicha barrera, las ofertas pasaban al llamado mercado de restricciones técnicas, si la demanda así lo requería, y las centrales en cuestión cobraban el precio ofertado. Los citados 180 euros MWh eran un límite tan elevado que nunca se llegó a superar (en estos momentos, con precios como el ayer a 542 euros MWh, resulta irrisorio). España fue obligada a aplicar el límite del resto de países (9.999 euros/MWh) y aceptar precios negativos hasta -500 euros/MWh.

Es ahora la recuperación de este mecanismo el que permitirá un control de los precios: cuando las ofertas de un ciclo combinado superen el tope que establezca el Gobierno no casará en el mercado diario y se despachará por restricciones. Aunque finalmente reciba el precio ofertado (las centrales no pueden generar a pérdida, si bien, el toolbox incluye incluso la opción de fijar un precio regulado) “ya no contaminará al resto de energías (nuclear, hidráulica y otras renovables) porque no marcaría el precio marginal.

La medida, de aplicarse individualmente, y así lo entiende el Gobierno, podría crear una disfunción que la Comisión debe estudiar: si los países lo hacen de manera aislada y sus precios son más competitivos aumentarán sus exportaciones, lo que podría crear congestiones.

Respecto a la minoración de los windfall profit incluida en el paquete, que España ya aprobó el pasado otoño, no se aplicará a la energía inframarginal previamente vendida a plazo mediante contratos bilaterales: “la energía que no se haya beneficiado de los precios más altos del mercado porque se vendió a plazo debe quedar exenta de las medidas de recuperación", señala el texto. Esto ha hecho que la recaudación por este concepto sea escasa, pues, en España, los grandes grupos eléctricos tienen bilateralizada su energía y, por tanto, no reciben los beneficios a gravar.

En el ámbito de los países del norte y el centro de Europa, según los planes esbozados ayer, la UE pretende reducir en dos tercios la dependencia de gas ruso (un 40% del gas europeo procede de Rusia, frente al escaso 10% de España, vía GNL). Con energías alternativas y mayor eficiencia, el objetivo se lograría antes de 2030, según el documento que necesita de la aprobación de los jefes de gobierno. “No podemos confiar en un proveedor que nos amenaza explícitamente”, dijo ayer la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa.

“Tenemos que actuar ahora para mitigar el impacto del aumento de los precios de la energía, diversificar nuestro suministro de gas para el próximo invierno y acelerar la transición a energía limpia”, añadió. La Comisión considera que la UE tiene suficiente gas para este invierno, aun en caso de interrupción brusca del suministro ruso, pero ha lanzado las alertas sobre el próximo invierno. “Tenemos que reponer urgentemente nuestras reservas para el año que viene “dijo la comisaria de Energía, Kadri Simson. Para ello, tiene previsto presentar antes de abril una propuesta para exigir que los almacenamientos existentes se llenen al menos en un 90% de su capacidad antes del 1 de octubre de cada año.

Gazprom

La Comisión, y esta es otra de la viejas peticiones de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ofrecerá coordinar una compra conjunta de gas, y propuso bonificar con descuentos de hasta el 100% los peajes de las redes. La UE prevé obtener hasta 50 bcm (mil millones de metros cúbicos) de gas al año de nuevos proveedores de GNL y 10 bcm a través de otros gasoductos. Todo ello, para reemplazar los 155 bcm importados de Rusia.

Asimismo, abre la puerta para expulsar a Gazprom de Alemania, donde gestiona almacenes de gas y que este invierno ha mantenido en niveles muy bajos: un 16%, frente al 44% del resto. Estas infraestructuras se considerarán “críticas” y se introducirán disposiciones para evitar que los propietarios de estas plantas pongan en riesgo la seguridad de suministro. Por otro lado, ha pedido prioridad para las conexiones de Portugal y España con Francia y de Bulgaria con Grecia.

A este respecto, Ribera, defendió tras el Consejo de Ministros que estas conexiones, que servirán “para reducir la inmensa dependencia del gas ruso que sufren, no ya España, que representa un tercio del gas regasificado en Europa, como los países del norte”, deben ser económicamente viables. Obras cuya duración puede alagarse cinco o seis años, no pueden terminar en “un callejón sin salida”, en referencia a que Francia debe estar de acuerdo. Y para su financiación “debe considerarse de interés europeo”, recalcó.

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