Si tiene un coche de más de 15 años, tiene un problema. ¡Y bien grande!
A partir de 2023 aumentarán las restricciones a estos vehículos, ya que será obligatorio que todos los municipios con más de 50.000 habitantes cuenten con una Zona de Bajas Emisiones
Miriam Cubero ha perdido el trabajo que tenía en dos comunidades de propietarios de Madrid. No es que los vecinos estén descontentos con su empresa de mantenimiento. Es que ya no puede acceder a estos edificios. Están situados dentro de la Zona de Bajas Emisiones de la capital, ZBE. Desde el 1 de enero de este año no se permite la entrada a la misma de los coches sin distintivo ambiental o no empadronados en la ciudad. El suyo, una furgoneta Citroën C15 de gasolina matriculada en 1994, no la tiene. “Eran algo más del 10% de mi negocio. Si esto sigue así es la ruina”.
En Barcelona, Daniel Pérez accede a las rondas antes de las 7 de la mañana y lo hace de vuelta después de las 20 horas. No lo hace por capricho. Es su método para evitar que le multen y poder seguir usando su coche sin etiqueta. “El coche funciona bien y no entiendo por qué tengo que comprarme uno nuevo. No puedo afrontar un gasto como ese”, dice. La Zona de Bajas Emisiones de Barcelona entró en vigor el 1 de enero de 2020 y prohíbe circular a estos vehículos desde las 7 hasta las 20 horas en un área de 95 km² que incluye los términos municipales de la ciudad condal y Hospitalet de Llobregat, y parte de los municipios de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.
Son solo dos ejemplos del impacto que las restricciones a la movilidad de los vehículos más antiguos está teniendo sobre la vida personal y profesional de los millones de propietarios de estos coches, que se ven abocados a deshacerse de ellos o a usarlos en otros lugares.
El 29,70% de los turismos en España no pueden moverse por las zonas de bajas emisiones actuales
Y no son pocos. En España hay 2.135.976 turismos y 4x4 de gasolina con más de 20 años, y 5.184.004 turismos y 4x4 diésel con más de 15 años. Son 7.319.980, un 29,70% del parque automovilístico español (24.624.352), según datos de MSI, una consultora del mercado de automoción. A ninguno de ellos le corresponde tener la etiqueta ambiental de la DGT. Son los matriculados antes de 2000 en el primer caso y antes de 2006 en el segundo.
Será peor a partir de 2023
Los problemas afectan de momento y de forma permanente a ciudades como Madrid y Barcelona, las dos con un plan de mayor endurecimiento de restricciones a lo largo de los próximos años, y de manera esporádica a otras como Sevilla, Gijón, Valencia o Valladolid. Pero a partir de 2023 aumentarán, ya que será obligatorio que todas los municipios con más de 50.000 habitantes cuenten con una Zona de Bajas Emisiones. Circular por España se puede convertir entonces en una auténtica yincana para estos automóviles.
Según el Instituto Nacional de Estadística, (INE), un total de 149 localidades españolas donde viven 24 millones de personas, un 52% de los habitantes de España, incluidas las islas Baleares y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, deberán crear una de ellas.
Por eso sus dueños han formado ya asociaciones para denunciar la situación y defender sus intereses. Son los casos de la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Ambientales, Avarm, creada en 2021 en Madrid y que ha presentado un recurso contra la ZBE ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, TSJM, y de la Asociación Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, Asocparc, en Barcelona, que también tiene una demanda presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC.
Circular con ellos puede ser una auténtica yincana cuando los municipios de más de 50.000 habitantes creen sus ZBE en 2023
Miguel Álvarez, portavoz de la primera sostiene que la norma se ha hecho “sin tener en cuenta muchas situaciones personales y laborales”, y que asimismo “te obliga a mal vender o a cambiar” un coche que puede acabar en municipios donde no haya estas limitaciones, con lo que se traslada el problema de la contaminación a otro lugar.
Mónica Xufre, portavoz de la segunda, denuncia que la medida “es bullying de la Administración al ciudadano en toda regla. Quien nos tendría que proteger, nos agrede, y de una manera además feroz, con campañas en las que se nos culpabiliza y criminaliza”. Advierte que está afectando a “jubilados, trabajadores” y gente que no tiene recursos para comprar un coche nuevo, y que los que se han visto obligados a venderlos “lo han hecho por cuatro duros en sitios como Teruel, Huelva o Galicia”.
Ambos critican el criterio usado por los ayuntamientos para limitar los accesos, la etiqueta ambiental de la DGT, y piden su retirada o modificación. Algo que descartan fuentes de esta institución, al afirmar que “no hay prevista ninguna modificación del etiquetado ambiental en vigor”.
Hay más reproches que proceden de los clubes de automovilistas. El presidente del Real Automóvil Club de Cataluña, RACC, Josep Mateu, cree que la medida “perjudica a los usuarios más débiles, porque no hay alternativas ni ayudas”, a la vez que “genera incertidumbre en el sector” y no ha logrado el objetivo de “rebajar la contaminación en los niveles previstos”.
Mateu critica igualmente “el cortoplacismo” de los políticos y sostiene que estos vehículos “se van a ir a otras zonas o ciudades si se encuentran en buen estado o a otros países”.
Ignacio Fernández, director de la Fundación RACE, Real Automóvil Club de España, coincide y avisa que se “está generando un efecto dispersión de los vehículos considerados como más contaminantes hacia localidades y municipios del extrarradio”.
Fernández apuesta por otras alternativas, como “ayudas económicas para la renovación del parque o unas medidas más consensuadas con todos los actores involucrados para no perjudicar a los millones de conductores que se están viendo afectados”.
Ganan los más viejos
Los números apuntan a un mercado robusto de este tipo de vehículos y a una abrumadora victoria de estos sobre los nuevos. Algo más del 60% de los coches que se vendieron en 2021 en España tenían más de 10 años y eran diésel y gasolina, según datos del portal coches.net. La oferta de 2022 de este segmento es mayoritaria en siete comunidades autónomas, entre ellas, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura o La Rioja.
Estos automóviles pueden acabar en localidades pequeñas donde no existen estas limitaciones para su movimiento
“Las ganas de comprar un coche joven están, pero la realidad es otra. La incertidumbre y la situación económica hace que suba la oferta por vehículos viejos”, describe Marcel Blanes, responsable de relaciones institucionales y portavoz de este portal. Y añade: “La implantación de las ZBE empujará su venta en provincias y municipios donde no hayan estas limitaciones”.
Nicolás Cantaert, director general de Sumauto, especialista en portales verticales de motor, es de la opinión que con esta situación, en la que “el coche viejo es el coche barato”, se van a crear dos Españas, “la de las grandes ciudades, con coches nuevos, y la otra, con coches baratos”.
Una opinión que comparte con José Manuel López, director comercial de MSI, cuando afirma que estos coches “van a tener mercado en el mundo más rural y menos afectado por estas restricciones”.
Estas son algunas de las historias de los dueños de unos vehículos que se ven obligados a deshacerse de los mismos, en algunos casos, que tiran de ingenio, en otros, y que en su mayoría no entienden las limitaciones que las administraciones están creando en torno a ellos.
Mónica Xufre trabaja en el Puerto de Barcelona, un espacio que, junto a la Zona Franca, está exenta de estas limitaciones-– puede entrar con su Volvo de 1993-– a pesar de “generar el 45% de las partículas más contaminantes”, expone. Ella denuncia esta paradoja y lamenta “que la salud de los trabajadores” de aquí importe tan poco.
Raúl Fernández, Barcelona, no podía comprar un coche nuevo. Así que lo que hizo fue cambiar el turno de trabajo al de noche. A esa hora no está en vigor la ZBE y puede seguir usándolo.
José Luis García va a trasladar a Colmenar Viejo el negocio de venta de coches clásicos, spanishclassiccars.com, que tiene dentro de la ZBE de Madrid. Se siente perjudicado por una medida que “te obliga a marcharte”. Ahora lo tiene muy cerca de la estación de Atocha, por lo que le resultaba muy cómodo al comprador. “A los clientes ya no les resultará tan fácil llegar”, explica.
Laura Barranco trabaja en el Hospital Quirón, en la plaza Antonio Comín de Barcelona. Vive a 20 kilómetros de este y el transporte público no es una buena solución. Antes iba en coche. Ahora se ha tenido que comprar una moto.
Jaime Segura tenía un utilitario con el que iba al trabajo. Como no tenía tarjeta se ha comprado un SUV con 223 caballos de potencia que es probable que contamine más que el otro.
Joan Martínez vendió un BMW diésel que estaba perfecto como parte del pago de un Scenic de segunda mano pero con etiqueta. Le descontaron solo 400 euros. El nuevo ya ha pasado tres veces por el taller.
Cristina Couceiro acaba de quedarse en paro. Como tiene un coche sin etiqueta, verá muy limitadas las localidades donde buscar un nuevo empleo.
José L. Ayuso tiene también problemas para encontrar un empleo por estas restricciones. Con su coche antiguo no se puede desplazar a los polígonos que están fuera de Barcelona. Y sin ingresos no puede comprarse un coche con etiqueta. Lleva así dos años.
Joaquín Llasera tiene un taller de reparación de coches en Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Al ser un municipio afectado por la ZBE ya no pueden acceder al mismo los coches que no tienen etiqueta. “Hemos perdido el 40% de nuestros clientes”, calcula. Mirando al futuro se teme lo peor. “El panorama que tenemos es muy negro”. Él también ha vendido dos coches que tenía, ambos han ido a parar a dos pueblos de Cáceres y Badajoz.
Ana Rocosa es una jubilada que tiene un coche diésel “bien conservado con solo 48.000 kilómetros”. Se queja de no poder “llevar ni recoger a los nietos del colegio” o de que solo pueden ir a la playa “los fines de semana, cuando no hay restricciones y más coches hay en la carretera”. “Nos han amargado la vida y la libertad de movimientos ahora que es cuando podíamos estar un poco más tranquilos”, lamenta.