Más de 10.700 millones de euros quedan al margen de la economía por las sentencias no ejecutadas

En España el porcentaje de éxito en la ejecución de sentencias es del 25%, lo que la posiciona en el furgón de cola europeo

Presentación del estudio sobre la ejecución de la sentencias judiciales de Sigma Dos y el Consejo de Procuradores
Presentación del estudio sobre la ejecución de la sentencias judiciales de Sigma Dos y el Consejo de Procuradores

A los ya conocidos problemas con que cuenta la Justicia, hay que unir el trámite de la ejecución de sentencias. Resulta hasta normal en muchos casos, que tras la obtención de una sentencia favorable, la ejecución de la misma experimente importantes retrasos o incluso no llegue a ejecutarse, con lo que estos procesos se acumulan año tras año.

Por ello es necesario la puesta en marcha de medidas que contribuyan a agilizar este proceso, y corregir así una de las asignaturas pendientes más importantes de la justicia española.

Si lo llevamos al terreno económico, según se desprende del Estudio sobre “La ejecución de las sentencias judiciales” elaborado por Sigma Dos y el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), la tasa de éxito en la resolución de sentencias ejecutadas es tan sólo del 25,4%, lo que sitúa a España en el vagón de cola europeo.

Las cifras que se mueven en este proceso no son nada desdeñables. Si se estima que el 60% del total de sentencias civiles tramitadas, son de ejecución dineraria, podríamos estar hablando de un montante en 2019 de 14.400 millones de euros, según explicó el presidente del Consejo de Procuradores, Juan Carlos Estévez.

De esta cifra tan sólo se ha ejecutado el 25,4% de las mismas, 3.657 millones de euros, con lo que quedarían depositados en los tribunales a la espera de ser ejecutados y por lo tanto al margen de la actividad económica, 10.743 millones de euros, lo que equivale por ejemplo, a una nómina mensual en pensiones y que puestos en circulación dentro del tejido productivo reportaría innumerables beneficios.

Es por ello que desde la Procura se pide una mayor inversión en tecnología y cambios normativos que contribuyan a que el sistema español sea más eficiente y que la figura del procurador tenga mayor capacidad ejecutiva.

 

 

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