Hacia una huelga indefinida de letrados de la administración de justicia

El parón habría de traducirse, inexorablemente, en una parálisis total de la actividad de los juzgados y tribunales en España

Letrados de la administración de justicia se han concentrado este miércoles ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona con motivo de la huelga convocada en el sector.
Letrados de la administración de justicia se han concentrado este miércoles ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona con motivo de la huelga convocada en el sector. EFE

Todos sabemos que el cuerpo superior jurídico de letrados de la administración de justicia (A1) lleva más de una década aplazando sus legítimas reivindicaciones por respeto y sensibilidad con la realidad social y económica en España. Los centenares de competencias legales y reglamentarias que fueron asumidos a partir de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, lo fueron desde la buena fe y la creencia en los compromisos adquiridos por el Gobierno que, siempre, ha mantenido la pertinencia y justicia de la adecuación salarial correspondiente y coherente con el incremento de responsabilidad experimentado con las reformas procesales. Siempre…hasta ahora.

El Ministerio de Justicia actual, de forma unilateral, omitiendo cualquier negociación con las asociaciones profesionales de letrados de la administración de justicia, ha decidido cuantificar el ajuste salarial prometido en 195 euros. Una cifra ridícula, vergonzosa, que evidencia el secuestro de las pretensiones estatutarias del cuerpo de letrados de la administración de justicia por los sindicatos generalistas y que pone sobre la mesa la imprescindible necesidad de comenzar una profundización progresiva del conflicto colectivo con el Ministerio de Justicia a través, llegado el caso, de una huelga indefinida que se justificaría con infinitas razones.

La huelga permanente de nuestro cuerpo profesional habría de traducirse, inexorablemente, en una parálisis total de la actividad de los juzgados y tribunales en España. Sin letrado de la administración de justicia, ningún juicio, vista o declaración podrá practicarse. Todas las órdenes de pago que condicionan el flujo de los miles de millones de euros que se gestionan en los tribunales quedarían paralizadas. Las demandas y escritos de trámite no serían proveídos. Las subastas judiciales no se convocarían. El impacto de una semana de huelga requeriría, apriorísticamente, de seis meses de trabajo para que la realidad volviese a su cauce. Dos semanas…un año. Aunque el ministerio nos desprecia y nos intenta sobornar con limosna… sin nosotros la Justicia no puede sobrevivir. La ministra tiene la última palabra sobre cuál quiere que sea el futuro de los juzgados y tribunales en los próximos meses. Nuestras pretensiones estatutarias son conocidas: cumplimiento de la ley de presupuestos y negociación colectiva propia para poder disfrutar de una representación directa y real con el Ministerio de Justicia.

El diálogo social se sustenta sobre la confianza que recíprocamente se reconocen las partes en conflicto. El Ministerio de Justicia ha perdido todo su crédito con expresiones desafortunadas, cuando no abiertamente hirientes, y con su proceder errático, olvidadizo de su responsabilidad e ingrato con quienes han servido, en lo peor de la pandemia, a pie de cada juzgado, sin quejarse, asumiendo los esfuerzos reclamados y contribuyendo a preservar el servicio público de justicia. Será muy difícil que la interlocución se pueda desarrollar en un clima favorable si las posiciones son monolíticas. Son precisos gestos. En otro caso, el otro camino queda despejado: la huelga indefinida. No tenemos miedo.

Álvaro Perea González, letrado de la administración de justicia.

Normas
Entra en El País para participar