La Seguridad Social cerró 2021 con unos números rojos del 1% del PIB, dos décimas menos de lo previsto
El Consejo de Ministros aprueba la revalorización de las pensiones para 2022 que supondrá unos 650 euros más al año en una pensión media de jubilación, según Escrivá
La Seguridad Social cerró el pasado año con un déficit el 1% del PIB (cerca de 12.000 millones de euros), lo que supone dos décimas menos que lo previsto por el Ejecutivo, según ha avanzado hoy el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien también confirmó que mantiene su estimación de reducir al 0,5% este saldo negativo en 2022 y alcanzar el equilibrio presupuestario al final de la legislatura.
Así lo ha avanzado hoy Escrivá durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros, que aprobó la revalorización de los diez millones de pensiones que se pagan cada mes en España (cerca de un millón de pensionistas cobran dos prestaciones) y la paga que han recibido en enero para compensar la desviación del IPC en 2021 respecto al incremento de las pensiones aplicado a inicios del año pasado. Tanto la actualización de las pensiones entre un 2,5% y un 3% para 2022 como la citada paga, del 1,6%, supondrán un coste de unos 6.500 millones adicionales para la nómina de las pensiones, que según datos conocidos también ayer ascendió a 10.475 millones, un 6,5% más que hace un año. Este incremento duplica al habitual por el gasto de revalorización de las pensiones y la paga compensatoria por el IPC, de ahí que, en términos homogéneos el incremento del gasto sería del 4,8%.
Según detalló el ministro, la citada revalorización de las prestaciones para 2022 supondrá un aumento de unos 400 euros anuales para una pensión media de jubilación (situada en los 1.196 euros mensuales), a lo que se deberá sumar la conocida como paguilla, que supondrá otros 250 euros más al año, que también quedan consolidados en la nómina de las pensiones.
El máximo responsable de la Seguridad Social explicó que la mejora del déficit del sistema se ha conseguido operando sobre dos palancas. La primera ha sido la mejora de la recaudación por las cotizaciones empresariales y de los trabajadores que, a su vez, ha atribuido al “extraordinario dinamismo del empleo, con más de 400.000 afiliados que los que había antes de la pandemia, mas el hecho de que hemos aguantado las rentas salariales”, dijo. Esto supone que el aumento de las bases de cotización (que son el resultante de sumar la creación de empleo y la evolución de los salarios) han elevado la recaudación por cuotas de la Seguridad Social un 10% más que 2020 y un 6% más que antes de la pandemia.
De hecho, Escrivá aseguró que en términos de lo que pesan estas cotizaciones recaudadas en el PIB se ha logrado un “récord absoluto del 11%”, lo que supone 1,5 puntos más que el anterior máximo de este indicador, que se consiguió en 2008, justo antes del impacto de la crisis financiera.
La segunda de estas palancas citadas por Escrivá consiste la separación de fuentes de financiación, trasladando de las arcas de la Seguridad Social a las estatales los denominados gastos impropios, que en 2021 supusieron ya 13.800 millones menos para las cuentas del sistema y en 2022 se elevarán a 18.300 millones de euros.
Con ello, “cumplimos con la recomendación primera del Pacto de Toledo, contribuyendo que la Seguridad Social emerja con la situación financiera que subyacentemente tiene: equilibrio financiero”, algo que se prevé conseguir en 2023. No obstante, el saldo presupuestario neto del sistema de pensiones (ingresos por cotizaciones menos gasto en prestaciones contributivas) arroja hasta noviembre un déficit de más de 19.000 millones de euros, según los datos de ejecución de las cuentas.