El borrador del CGPJ advierte de que la ley de vivienda tiene un “problemático encaje” constitucional

El texto insiste en que la vivienda es una competencia de titularidad autonómica

El borrador del CGPJ advierte de que la ley de vivienda tiene un “problemático encaje” constitucional

"La vivienda es una materia de titularidad autonómica, en virtud de la Constitución y los estatutos de autonomía". Por ello, el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho a la vivienda "corresponde a cada una de las comunidades autónomas". Así introduce el nuevo borrador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la que previsiblemente será su posición oficial respecto a la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda que el Ejecutivo espera aprobar en las próximas semanas. De confirmarse, la nueva postura supondría un giro de 180 grados respecto al primer borrador que tenía previsto aprobar el órgano de gobierno de los jueces y que fue tumbado por una amplia mayoría por aspectos como el choque de competencias entre las regiones y el Gobierno central.

El nuevo texto, al que ha tenido acceso este diario, sostiene que la normativa que ha preparado el Gobierno de coalición supone un “claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales" que lleva aparejado un "problemático encaje en el orden constitucional de competencias”.

El anteproyecto de ley que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana llevará al Consejo de Ministros establece un marco común de definiciones y posibles actuaciones alrededor de la vivienda. La aplicación de las medidas más polémicas, como la declaración de zona tensionada, los topes al precio del alquiler, la congelación de rentas o las penalizaciones los inmuebles vacíos queda, sin embargo, en manos de los gobiernos regionales o locales.

En el nuevo informe redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, se recalca que el Gobierno central tiene ciertas competencias en materia de vivienda. Estas, según recoge el texto, se han articulado tradicionalmente "a través de los Planes Nacionales o de la intervención en este sector de la economía en momentos de grave crisis económica con medidas de carácter fiscal o con normas que afectan al mercado hipotecario, a los arrendamientos urbanos, al sobreendeudamiento de las familias, a la protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal, o a la eficiencia energética".

Sin embargo, añade el borrador del CGPJ, la competencia autonómica afecta al conjunto de la materia de vivienda. Por tal motivo, "el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas". Es decir, el texto reconoce que el Ejecutivo central puede desarrollar actuaciones en esta materia, pero siempre respetando las "competencias autonómicas".

Hasta la fecha, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha mostrado segura de que el anteproyecto redactado por los técnicos de su departamento, junto al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, respeta la ley y las competencias de las regiones. Por ello, ha incidido en que el Gobierno aprobará la normativa tras recibir las conclusiones del CGPJ y valorar posibles modificaciones de carácter técnico. "Estamos seguros que cumple estrictamente con la ley y también respeta escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas", recalcó hace una semana.

La ministra Sánchez también recordó que los informes preceptivos del CGPJ no son vinculantes, por lo que no podrán frenar la tramitación de la norma. En este punto, el nuevo borrador responde al Ejecutivo y señala que "el alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe". Por eso, el Gobierno "carece de toda capacidad de disposición" y ha de ceñirse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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