La cruzada de la UE contra el ‘lavado verde’ toma un rumbo arriesgado

Inyectar una pizca de blanqueo ecológico en la taxonomía que pretende acabar con él es un gran engaño

La inversión sostenible comienza 2022 en una encrucijada. Los activos de los fondos centrados en la inversión sostenible llegaron a los 3,9 billones de dólares en septiembre, duplicándose prácticamente en seis meses. Sin embargo, persiste la preocupación por el denominado lavado verde. El último borrador de la herramienta clave de la Unión Europea contra el ecoblanqueo ofrece motivos para la esperanza, pero también de preocupación.

Los gestores de fondos deberían saber ya que es arriesgado etiquetar erróneamente una inversión como verde. Es cierto que la autoridad sueca de supervisión financiera afirmó en noviembre que solo el 5% de los 400 fondos que examinó hacían afirmaciones ecológicas infundadas. Pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló en agosto que estaba investigando a DWS, la rama de gestión de patrimonio de Deutsche Bank, por presunta exageración de sus credenciales de sostenibilidad. Un dictamen sólido y avalado por el Estado sobre lo que es y no es verde sería de gran ayuda.

A primera vista, la taxonomía de la UE cumple los requisitos. La versión china no es más que un catálogo de bonos verdes, y Estados Unidos y Reino Unido tienen pendiente la elaboración de sus propios sistemas. Pero el modelo de la UE dirá de forma exhaustiva qué es verde, y por tanto vale la pena invertir en ello, y qué no lo es. Las empresas con sede en la UE tendrán que declarar qué parte de sus ingresos e inversiones se destinan a actividades acordes con los objetivos de la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, la taxonomía de Bruselas tiene detractores acérrimos. No es de extrañar: tras la presión ejercida por grandes consumidores de carbón, como Polonia, en medio de unos precios de la energía por las nubes, el último proyecto permite nuevas centrales de gas que emitan carbono hasta finales de 2030, así como centrales de energía nuclear hasta 2045. Las dos son problemáticas. El gas, aunque es menos contaminante que el carbón, emite más de los 100 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora que, según los científicos, es necesario eliminar para ayudar a mantener controlado el calentamiento global. Y la energía nuclear genera residuos muy contaminantes.

Inyectar una pizca de lavado verde en lo que se supone que mata ese mismo lavado verde es un gran engaño. Es cierto que el último borrador de la taxonomía de la UE califica al gas y a la energía nuclear de tecnologías “de transición”, y que el gas solo se acepta en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando sustituye al carbón. Pero la principal defensa de la herramienta contra la inutilidad es que los gestores de patrimonio que opten por invertir en las dos áreas más sucias tendrán que señalar claramente que lo están haciendo. Incluso una taxonomía que se queda corta es mejor que nada, y dada la oposición de Estados miembros como Austria, es posible que se produzcan nuevas modificaciones. Aun así, si los inversores tratan la nueva herramienta como un simple distintivo en lugar de como algo que requiere un escrutinio adicional, puede que añada más ecoblanqueo del que elimina.