El ecosistema emprendedor reclama mejoras en la Ley de Startup tras publicarse su contenido
Aseguran que su redacción deja fuera a los “mejores emprendedores” y a muchas startups. Y advierten que el plan de ‘stock options’ no puede ser para toda la plantilla como dice el proyecto de ley
La publicación del texto de la Ley de Startup, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de diciembre, ha permitido revisar al ecosistema emprendedor algo más en profundidad su contenido y apuntar ciertos aspectos que, en su opinión, deben ser corregidos o mejorados.
Carlos Blanco, fundador de Encomenda y Nuclio, advierte por ejemplo que no podrán ser consideras startups “si son fruto de una fusión o escisión (spin-off), si han repartido dividendos en el pasado o si tienen más del 40% de los trabajadores fuera de España”. También expresa sus dudas sobre si las startups vinculadas a grupos de empresas o venture builder (como Antai VB o Nuclio VB) podrán acogerse a ser consideradas startups certificadas. “Con la ley en la mano, todas las startups del grupo tienen que cumplir con todos los requisitos, aunque no tengan nada que ver unas empresas con las otras”.
Blanco tampoco ve con buenos ojos que se excluya a “los mejores” emprendedores de España, pues asegura que, tal y como está redactada la ley, tres cuartas partes de los emprendedores no van a poder acogerse a ella, pues los emprendedores en serie solo se podrán beneficiar de la condición de startups hasta tres proyectos seguidos no más. Y, según explica, encuestas en España muestran que el 75% de los emprendedores han creado tres startups o más “y desde luego los mejores, lo han hecho”.
Otro punto negativo, que también destacan desde la Asociación Española de Startups, es que no puedan acogerse a los beneficios de la ley aquellas startups que facturen más de cinco millones de euros, “algo grave para las startups de comercio electrónico, pues todas a las que le va bien el negocio factura ya esa suma en el tercer o cuarto año. La ley no distingue el tipo de compañía, y no es lo mismo una empresa de software que factura un millón de euros que una de ecommerce que factura cinco o seis millones, aunque tengan el mismo margen”, continúa Blanco, para quien la ley penaliza a las startups que mueven mercancías, que compran y venden lo que distribuyen.
La Asociación Española de Startups espera al igual que Blanco que la tramitación parlamentaria sirva para mejorar la definición de startups. “Como nos temíamos no se han quitado algunas cosas del anteproyecto de ley que limitan muchísimo la eficacia de esa definición y mucha gente no se va a poder incorporar por ello. Una es la apuntada de los cinco millones y otra el plazo de reconocimiento de empresa innovadora, que es de 5 y 7 años (según sectores) y que debería ser de 7 y 12, respectivamente, porque las startups tienen diferentes periodos de maduración según el vertical en el que operen”.
La Asociación también pide eliminar otros requisitos “limitantes” como el de tener un 60% de empleo en el país, igualmente apuntado por Blanco. En su opinión, “ese porcentaje es demasiado alto teniendo en cuenta la cultura de las startups”. “Todavía se nota en este tipo de disposiciones que no se acaba de entender por qué es una startup y por qué necesitan una ley específica, y no es por otra cosa que porque hay ciertas cosas que no encajan bien en el conjunto del marco del derecho mercantil como los cinco millones de facturación apuntados”.
En cuanto al sello startups, la asociación ve con buenos ojos que Enisa sea quien certifique el carácter innovador de la startups. "Todo el mundo tiene buena opinión de ella para hacer esta labor”, sin embargo advierten que les da miedo que se produzca cierto cuello de botella, “y este punto es clave para que la ley funcione". Desde la Asociación española de Startups explican que siempre han abogado porque la definición de startup fuera suficientemente abierta, "y que el hecho de que te hubieran dado un CDTI o un Enisa o incluso haber accedido a un programa de pyme innovadora de la Unión Europea, era suficiente para ser considerada una startup. También pensamos que es conveniente que haya más organismos certificadores, aunque sea Enisa quien lo centralice”.
Otros puntos sobre el que alerta Blanco es la redacción del Proyecto de ley en lo referido a las stock options, “uno de los puntos más positivos de la norma porque nos iguala con el resto de mercados y nos permite competir para atraer más talento”. Pero, según explica, tal y como recoge el texto publicado “el plan de stock options debe ser para todos los trabajadores por igual, y eso es totalmente imposible; las stock options siempre tienen que ser para el talento de alto nivel. Así que creemos que debe ser un error. Más cuando la propia ley dice que lo que quiere es atraer talento internacional y para esto se modifica”.
La Asociación de Startups también pide incorporar en la ley un nuevo tratamiento de la fiscalidad del I+D+i, “porque la startup lo que hace en sus dos primeros años de vida es pura I+D+i”. Y luego vemos mejoras en las cuotas de la seguridad. “El texto publicado elimina la doble cotización a la Seguridad Social para los emprendedores que mantengan de forma simultánea un empleo por cuenta ajena durante los tres primeros años. Eso está bien, pero está generando cierta discriminación porque la persona que esté en el paro no puede tener acceso a cuotas gratuitas cuando siempre hemos pensado que es la mejor manera de democratizar el acceso al emprendimiento”.
Tanto Blanco como la asociación y otras fuentes consultadas destacan entre los aspectos más positivos del proyecto de ley la mejora en el tratamiento fiscal del carried interest, el beneficio que obtienen los gestores de fondos de capital riesgo tras una desinversión, “algo que nos empata con el resto de Europa”, dice Blanco; el tratamiento fiscal de las stock options, que experimentarán un aumento en la exención actual desde los 12.000 hasta los 50.000 euros y se retrasa su tributación al momento en que se hagan líquidas, ya sea por la venta de las acciones o por la salida a bolsa de la empresa.
También en el apartado de incentivos para las propias compañías, la reducción del tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes desde el 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva. Y la extensión del visado especial, que antes se aplicaba solo a los nómadas digitales, tanto a los emprendedores en serie como a los autónomos y profesionales cualificados.
Todos creen que estas medidas ayudarán a atraer talento e inversores al país. Y resaltan lo importante que es tener una Ley de startups en España “porque eso quiere decir que se nos ve como un sector diferente”.
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