España necesita un marco normativo común para luchar contra la pandemia
La Conferencia de Presidentes que convocó ayer el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes de las comunidades autónomas para hacer frente a la nueva ola del Covid-19 se ha saldado con la aprobación de un puñado de medidas de discutible eficacia, en lugar de optar por una estrategia clara y coordinada para todo el territorio que permita frenar la pandemia sin convertir el país en un reino de taifas. Sánchez anunció como medida estrella la recuperación del uso obligatorio de mascarillas en el exterior, además del refuerzo de las campañas de vacunación. La conferencia se celebró con un nuevo récord de contagios, 60.041, y una incidencia de 784 contagiados por cada 100.000 habitantes que se verá intensificada muy probablemente en las próximas semanas. Ómicron provoca un cuadro clínico más leve –las muertes son hoy un 57% menores a las notificadas hace un año– pero se propaga con gran rapidez, lo que constituye un riesgo potencial para el funcionamiento de los servicios sanitarios.
Las dos grandes medidas anunciadas por Sánchez constituyen un esquema pobre frente a una situación que, de no controlarse, puede abocar a España a una nueva crisis sanitaria aguda que obligue al país a volver a los confinamientos y a paralizar la economía. Cuando las principales autoridades sanitarias del mundo insisten en que la mascarilla es una protección útil en interiores, el Gobierno se decanta por imponerla en exteriores, donde no existe evidencia científica de su eficacia salvo en aglomeraciones masivas, lo que ha llevado a la mayor parte de los países de nuestro entorno a desecharla. Tampoco la mera vacunación es suficiente para frenar la pandemia, dado que las personas vacunadas pueden contagiarse, aunque el cuadro resulte más leve, y también contagiar a terceros. Hoy, en plenas fechas navideñas, las restricciones de aforo, las mascarillas en lugares cerrados y la distancia física parecen inevitables si se quiere frenar esta sexta ola. Pero para que esas medidas no conviertan de nuevo a España en un reino de taifas de restricciones, como ocurrió hasta ahora, y colapsen la economía, tienen que estar encuadradas en una estrategia común para todo el país, algo que parece imposible a juzgar por las distintas posiciones en la conferencia de ayer, en la que varias regiones reclamaron medidas más severas.
El Gobierno ha tenido dos años para elaborar una normativa general que permita a España gestionar las crisis sanitarias con orden, eficacia y homogeneidad. El reto que afronta el país –adoptar una respuesta a la pandemia que proteja a la población sin arruinar la economía– no puede llevarse a cabo a golpe de real decreto, sino que exige un marco legislativo común para todo el territorio.