¿Y si dejamos el INE en manos de Google?

La fuerte corrección del PIB del segundo trimestre y el impacto de la electricidad en el IPC hacen dudar de la calidad de las estadísticas del INE

El debate público suele estar lleno de adjetivos, muchas veces descalificativos, y con demasiada frecuencia vacío de datos, que deberían ser el alimento principal de cualquier discusión. Decía recientemente el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que “datos de calidad, capacidad técnica, rigor e independencia en el análisis parecerían los ingredientes necesarios para constituir una cultura de la evaluación que llevase a la formulación de políticas públicas sobre la base de evidencias”.

Ha cuajado la expresión que asegura que los datos son el petróleo del siglo XXI, que es la mejor manera de explicar el éxito de las grandes plataformas de internet (Google, Amazon, Facebook o Apple). Cualquiera de estas compañías tiene un valor bursátil que supera al producto interior bruto (PIB) que genera un país entero como España con sus casi 48 millones de habitantes, de los que 20 millones trabaja, y lo han conseguido en gran medida con la utilización de microdatos. Por tanto, la clave está en que esos datos son tan buenos que generen compras y ventas, negocio, al que colocan una suculenta comisión.

Pero quizás se debería empezar a hablar del drama que suponen la extensión de los datos de mala calidad, y no se trata de los generados con mala intención, como las fake news, sino de aquellos que salen de la incompetencia o de la inconsistencia y que luego tienen consecuencias reales.

Es por ahí por donde se llega al debate público abierto en España entre los expertos económicos: ¿son buenos los datos de crecimiento e inflación que hace públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE)? La pregunta en sí debería ofender, sin embargo parece pertinente desde que a finales de septiembre, cuando el propio INE se corrigió a sí mismo y dijo que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre de este año había sido del 1,1%, en lugar del 2,8%, como había informado dos meses antes.

Es tan pertinente la pregunta que el propio INE convocó al Grupo de Analistas de Coyuntura Económica, un foro de economistas privados y del sector público, para explicar de dónde vienen los vaivenes en su contabilidad. Lo peor del caso es que no les convenció mucho, más allá de lo obvio, que corregir es lo más honesto que se puede hacer, como han hecho otros países, aunque ninguno en tanta desproporción. Es lógico que salten las alarmas cuando el cambio es de esta dimensión y la evolución de otras variables, como el paro, no lo avalan.

Adicionalmente, el propio INE ha reconocido que los precios de la electricidad que recoge en el mercado para el cálculo del Índice de Precios al Consumo (IPC) son mejores. Cuestionar la calidad del dato del PIB y el IPC es muy grave. Son dos variables nada inocentes, no es el número de bañistas en las piscinas municipales, que también tendrá su relevancia. Décimas arriba o abajo en la inflación desencadenan cláusulas de revisión de los convenios colectivos, de los contratos de alquiler y de infinidad de suministros, sin olvidar la actualización de las pensiones que paga la Seguridad Social. En la reunión con los expertos, el INE reconoció que tiene problemas para medir el sector de la construcción o que la estacionalidad ha cambiado como consecuencia de la pandemia. Las eléctricas también han explicado al INE que el precio de referencia que está tomando para el cálculo del IPC tampoco es el adecuado, ya que recoge la variación diaria del mercado regulado, cuando la mitad de los hogares está en el mercado libre, que aunque ahora parezca contraintuitivo, resulta que está evolucionando mejor.

Lo que sin duda resulta más llamativo para los expertos es que en España, a diferencia de los demás países comparables, el empleo se esté recuperando mucho más rápido que la actividad; hasta el punto de que el empleo ya está en niveles prepandemia, mientras que el PIB está claramente por debajo. Aparentemente, esto no tiene sentido. La lógica del mercado dice que las empresas cogen los pedidos y luego contratan, entre medias tiran de horas extras para ajustar la producción a la plantilla que tienen. Pues bien, las estadísticas actuales de empleo y actividad apuntan a lo contrario, a que las empresas están contratando por si acaso les aumentan las ventas. Obviamente, no encaja.

El número de afiliados a la Seguridad Social en el momento más alto de 2019, julio, fue de 19,5 millones. Ayer se conoció que en noviembre de este año el número de cotizantes ha sido de 19,7 millones, lo que supone recuperar niveles prepandemia y récord histórico. En cambio, el PIB de 2019 fue de 1,39 billones y el de este año sería más bajo, de unos 1,36 billones, aun cumpliéndose la previsión del Gobierno de que crezca un 6,5% con respecto a 2020, que fue de 1,28 billones, lo que es poco probable. Por tanto, estos datos pondrían además de manifiesto que la productividad está cayendo, puesto que más trabajadores generan menos actividad.

“Sin datos adecuados, de calidad, disponibles oportunamente y con la suficiente granularidad, una buena evaluación no es posible. Si en el sector privado se habla de la economía del dato, de manera que las dinámicas competitivas de las empresas se han visto afectadas crucialmente por el uso de los datos o por la tecnología, el sector público no puede quedarse atrás en el tratamiento de los datos. El uso de los datos de los que disponen las distintas administraciones amplía de manera acelerada las capacidades de diagnóstico y de evaluación. Y añade también un mecanismo adicional de control de las autoridades, que refuerza la calidad del debate público y de la democracia, en particular cuando esta información se pone a disposición de la comunidad investigadora para que pueda ser utilizada con fines científicos de interés público.” De nuevo es palabra de gobernador del Banco de España.

Quizás uno de los destinos más útiles para los fondos europeos sea invertir en mejorar las estadísticas públicas, ¿o queremos subcontratarlas con Google y demás plataformas para que ya terminen de controlar todo? Definitivamente la respuesta es NO. El Estado necesita tener la fortaleza del conocimiento del dato y no dejarlo en manos de multinacionales, por mucho que ofrezcan neutralidad. En juego está la calidad de la democracia.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense