El Gobierno aprueba la ley que veta las ayudas públicas a las empresas morosas

El Ejecutivo da también luz verde a la ley audiovisual

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha sido "de contenido muy económico", según ha recalcado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tras la cita semanal del Gobierno. El Ejecutivo, en concreto, ha aprobado por un lado el proyecto de la Ley Crea y Crece, que tiene como objetivo "impulsar la creación y el crecimiento empresarial". Por otro, ha dado luz verde a la ley audiovisual, que incluye una cuota del 6% de contenido en catalán, euskera y gallego en plataformas audiovisuales con su sede en España.

Entre las medidas de mayor calado, la Ley Crea y Crece reduce el coste económico que conlleva fundar una empresa, reduciendo a un euro el capital necesario para ello, a día de hoy fijado en los 3.000 euros. "Esta medida permite a España alinearse con gran parte de los países de nuestro entorno en los que no se requiere un capital mínimo, favoreciendo de esta forma el emprendimiento", ha ensalzado la responsable económica del Gobierno. A la par, se implementará un proceso para que la empresa pueda estar creada de forma telemática en un plazo máximo de 10 días a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).

La normativa también "lucha contra la morosidad comercial" vetando el acceso a subvenciones públicas a aquellas empresas que incumplan la ley de pago a proveedores.

Las organizaciones morosas, de esta forma, tendrán la puerta cerrada a las ayudas provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que bebe directamente de los fondos europeos asignados para España. A día de hoy, este plazo legal de pago asciende a los 60 días después de la fecha de la recepción de mercancías o prestación de los servicios, un desembolso que no puede ser prorrogado ni aunque así lo dispongan las dos partes afectadas.

Los principales afectados por las demoras y los atrasos en España son las pymes y los autónomos. Por eso, la ley se ha propuesto incidir en la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, uno de los grandes problemas del tejido empresarial del país.

Otro de los puntos que tocará la ley es el "refuerzo de la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas". Así, y mediante la creación de un Observatorio de Morosidad Nacional, se vigilará y monitorizará la evolución de los datos de pago y "la promoción de buenas prácticas en esta ámbito".

La norma incorpora a su vez medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo. En el ámbito del crowdfunding, la norma adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por inversor.

Ley audiovisual

La nueva ley audiovisual, por su parte, incorporará al Derecho español la Directiva europea de Servicios de Comunicación Audiovisual (2018) que extiende la regulación que hasta ahora existía para la radio y la televisión a los servicios y contenidos audiovisuales de internet, en especial las plataformas para compartir contenidos y de vídeo a la carta, como Netflix, HBO o Movistar+.

El texto recoge que las plataformas prestadoras de servicio de catálogo tendrán que ofrecer, como mínimo, un 6% de su oferta en catalán, euskera o gallego, las tres lenguas cooficiales de España. Sin embargo, finalmente quedarán excluidas de esta obligación las empresas que tengan su sede fuera del país, como Netflix, HBO o Disney. Esta medida, por ello, afectará a Movistar+, Filmin, Atresplayer o FlixOlé, asentadas en España.

La norma también establece horarios de protección reforzada para los servicios de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto los días laborables entre las 7.30 horas y las 9.00 horas y entre las 17:00h y las 20:00h. También sábados, domingos y festivos de ámbito nacional: entre las 7.30 horas y las 12.00 horas.

Las plataformas de intercambio de videos, a las que por primera vez se les exige estar inscritas en el registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, deberán también operar sistemas de verificación de edad y establecer mecanismos para calificar los contenidos en función de este factor. También deberán incluir una funcionalidad para que los usuarios que suban vídeos declaren si dichos vídeos contienen publicidad.

Desde un punto de vista cualitativo, se prohíbe de manera absoluta la publicidad subliminal, la publicidad de tabaco y cigarrillos electrónicos, así como aquella que vulnere la dignidad humana o que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio. La publicidad de bebidas alcohólicas, a su vez, se restringe a determinadas franjas horarias.

ATA no está satisfecha

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) indicó este martes, antes de la celebración del Consejo de Ministros, que con la Ley Crea y Crece "se pierde una nueva oportunidad de atacar todas las trabas que impiden y obstaculizan la creación y crecimiento de empresas".

Así lo señaló en unas declaraciones recogidas por Servimedia la vicepresidenta de la asociación, Celia Ferrero, quien criticó en primer lugar que en esta ley "solo se habla de sociedades y no de autónomos". En segundo lugar, Ferrero advirtió de que en la ley "se habla de constitución cuando realmente el problema está más en todas aquellas autorizaciones, licencias, etc., y en que no haya el silencio administrativo positivo por parte de todas las administraciones".

La vicepresidenta de ATA también criticó que "el crecimiento solo está en el título", al considerar que "no se habla realmente de los obstáculos al crecimiento ni se hace nada por ellos".

Por otro lado, Ferrero indicó que "la morosidad se ataca desde el sector privado y no se sanciona al sector público", agregando que "está muy bien que se impida la contratación pública y el acceso a las subvenciones a las empresas morosas, pero qué pasa con la morosidad pública".

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