La escalada de la inflación encarece las pensiones de 2022 en más de 6.000 millones
La indexación de la pensión costará 3.700 millones y la paguilla otros 2.350 El IPC marca un máximo inédito desde 1992 y el subyacente de 2013
Los precios siguieron escalando posiciones en el mes de noviembre hasta cotas inéditas en tres décadas. El dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC), publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), arrojó una variación interanual del 5,6%, la más elevada desde septiembre de 1992. El incremento supone una considerable ralentización de la velocidad de aumento, de dos décimas frente al 5,4% alcanzados en octubre, cuando el ascenso fue de 1,4 puntos. Con todo, y a falta de que el INE confirme la cifra preliminar a mediados de mes, el indicador permite anticipar ya que la revalorización de las pensiones públicas para 2022 rondará el 2,5%, y que incluyendo la paga de compensación por el poder adquisitivo perdido este año, la factura en estas prestaciones se encarecerá en más de 6.000 millones de euros.
Hay que tener en cuenta que la reforma de las pensiones que está tramitando actualmente el Parlamento sobre el texto pactado por el Gobierno con patronal y sindicatos supone volver a indexar las pensiones públicas al IPC, en concreto, al dato anual medio de noviembre a noviembre. Como resultado, la inflación media resultante este año es del 2,5%. Teniendo en cuenta que el Ejecutivo calcula la factura de las pensiones a razón de 1.470 millones de euros extra por cada punto de subida del IPC, la revalorización ascendería a 3.675 millones. A esta cifra habría que sumarle la llamada paguilla compensatoria del sistema anterior por la desviación entre la subida inicialmente aprobada para 2021, que fue del 0,9%, y la evolución real de los precios. Tomando como referencia la media de noviembre, este abono supondrá otros 2.353 millones de euros, que quedarán consolidados en la nómina de las pensiones (se paga de una vez pero se queda para siempre y los siguientes incrementos parten de esta nómina actualizada).
Como consecuencia de la inflación, por tanto, la factura pública en pensiones se eleva en unos 6.027 millones. A efectos presupuestarios, en todo caso, el Ejecutivo está tratando de cargar el coste de la indexación en las cuentas de 2022 mientras que anticiparía a 2021 el impacto de la paguilla a fin de imputar su coste en el déficit público de este año para ayudar a relajar el del próximo ejercicio.
El incremento interanual de la inflación del mes de noviembre, que en términos mensuales fue del 0,4% encadenando su cuarta subida consecutiva, responde tanto al efecto estadístico de comparar con el mismo mes de 2020, marcado por la caída del consumo que trajo la pandemia, como por el galopante avance de los precios de la energía. “En este comportamiento destacan las subidas de los precios de la alimentación y, en menor medida, los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a los descensos registrados en noviembre del año pasado”, aclara el INE. De hecho, la tasa de inflación subyacente, que deja fuera elementos más volátiles como los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se sitúa en el 1,7%. Una tasa elevada, pero que indica que el repunte de electricidad y gas explica prácticamente cuatro puntos del aumento del IPC general.
Subir o no los salarios
El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones será automático con la ley que ultima el Parlamento, sin embargo, los salarios no tienen esta garantía ni mucho menos. Ni siquiera la mayoría de los que se negocian en los convenios, por lo que el repunte de la inflación –de no ser coyuntural como opinan desde el Gobierno– se trasladará en una muy perceptible pérdida de poder de compra de los trabajadores.
El alza salarial que se está pactando en los convenios es del 1,55% para 6,5 millones de trabajadores, una cantidad muy inferior al repunte actual de los precios (5,6%) e incluso un punto por debajo de la media del IPC de los últimos doce meses (2,5%). Esto se agrava por el escaso porcentaje de empleados con cláusulas de revisión para compensar el alza de la inflación (apenas el 17%).
Ante esta posibilidad, tanto la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como los líderes sindicales de CC OO, Unai Sordo y de UGT, Pepe Álvarez, desoyeron ayer las advertencias lanzadas este lunes por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien pidió prudencia para que el alza de sueldos no genere una espiral inflacionista. Díaz, en clara referencia al gobernador, llegó a lamentar que “haya voces en este país que siempre pidan lo mismo: moderación salarial”. En esta misma línea, Sordo defendió –en contra de Hernández de Cos, y de otros economistas que también han alertado de posibles efectos de segunda ronda en el IPC–, que las subidas salariales y de pensiones “sufren la inflación, no la causan” y pidió que si se quiere intervenir en los precios, se intervenga en los de la energía, por ser ineficientes.
Tras reunirse ayer con el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Luca Visentini, Díaz defendió igualmente las subidas de sueldos al indicar que el repunte inflacionista “es puramente coyuntural y no obedece ni a los salarios ni a las pensiones, sino al precio internacional y a las especulaciones en el mercado de emisiones”. Dicho esto, añadió que la UE “tiene acotado el problema”, lo que no debe ser óbice para “estar atento” y “ser prudentes”, fijándose no solo en los problemas de producción que causa la inflación sino también en las pérdidas de poder adquisitivo de los trabajadores.
Todos estos llamamientos no tardaron ayer en ser contestados por el líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, quien defendió las advertencias del Banco de España y, a la hora de subir los salarios, recalcó la necesidad de “ser prudentes” por la “delicada situación” que vive España y el mundo entero. También sugirió que se use la inflación subyacente (1,7% en noviembre) como referencia para estos incrementos retributivos. “Hay que hablar de cómo crear empleo nuevo no del que ya existe”, concluyó.
Pero Díaz y los líderes sindicales fueron ayer más allá al considerar que España tiene un problema con la calidad de las retribuciones. “Más allá de las subidas del salario mínimo ha llegado el momento de hablar de la calidad de los salarios, de sueldos decentes y dignos”, sentenció Díaz. También Álvarez dijo que “España tiene un problema endémico de salarios; el sueldo medio está congelado desde 2008 y los salarios deben subir ahora sí o sí, al margen de otros factores [como la evolución del IPC y el PIB]”.
