Anpier, contra la ampliación de los plazos a los proyectos solares
Irá a los tribunales si se beneficia a las grandes del sector y los movimientos especulativos
Anpier, la asociación que agrupa a los pequeños y medianos productores fotovoltaicos, ha comunicado que recurrirá cualquier disposición que amplíe los plazos de conexión a proyectos renovables a los que se les caduque el plazo para cumplir los hitos de los proyectos y poner en funcionamiento las plantas de generación.
La asociación responde así a las noticias sobre la posibilidad de que a algunos promotores que tienen ya esos permisos, y han alertado de que no podrán cumplir los plazos por retrasos administrativos, se le amplíen dichos plazos. Anpier alerta en un comunicado de que existe la posibilidad de que se produzca un “nuevo agravio” entre los grandes operadores del sector y las iniciativas sociales.
La asociación recuerda que entre 2007 y 2010 se establecieron unos plazos para que las instalaciones fotovoltaicas que accedían al sistema iniciaran su producción y evacuación a la red de distribución.
En ese caso, los pequeños productores que, por problemas en los suministros de material y retrasos burocráticos, no cumplieron los hitos establecidos de evacuación de energía fueron expulsados del régimen retributivo, en algunos casos solo por algunas horas de retraso y otros por días.
Anpier indica que la Administración continúa haciendo inspecciones hoy en día, y si una instalación no realizó el vertido en tiempo y forma, pierde todos los derechos retributivos y tiene que reintegrar los ingresos percibidos. Sin embargo, ahora hay operadores que acaparan desde hace años los puntos de evacuación del sistema eléctrico y en muchos territorios no hay prácticamente evacuación posible, y como no pueden cumplir con los plazos establecidos en la normativa de acceso y conexión para poner en marcha instalaciones de generación, pretenden mantener los derechos de acceso por más tiempo, según Anpier.
El Gobierno aprobó en diciembre de 2020 un real decreto sobre acceso y conexión a las redes de transporte y distribución para evitar que hubiera personas que acumularan derechos de acceso y conexión, “con la única intención de venderlos luego a altos precios y no para poner en marcha ningún proyecto, obstaculizando, además, la entrada a promotores con proyectos”. En el real decreto se establecían las causas de caducidad de los permisos y para ser firmes debían cumplir determinados plazos.
Los permisos caducan si transcurridos cinco años desde su obtención no se logra la autorización administrativa de explotación y si no se acredita ante el operador de la red el cumplimiento de los hitos administrativos en tiempo y forma, los permisos concedidos caducan automáticamente.
Para Anpier, los plazos son “realistas” y tienen en consideración posibles retrasos de la Administración en la gestión normal de los expedientes. Si se produjera una adecuación normativa para intereses privados concretos, esta organización la recurriría primero por vía administrativa y, posteriormente, por vía judicial. De hecho, se ha dirigido al Ministerio de Transición Ecológica para dejar constancia de su desacuerdo con quienes pretenden adecuar las normas a sus intereses con argumentos que nunca, o al menos hasta ahora, habían tenido fuerza cambiar la regulación.
Todos iguales ante la norma
Cambios, no. El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha advertido de que la normativa en vigor “pretende evitar que se produzcan movimientos especulativos por parte de aquellos que no tienen interés en construir, sino ánimo de especular”. Por tanto, en su opinión, “si estos plazos se modificaran, la norma se estaría adecuando, precisamente, a lo que pretendía evitar, y se trataría de un movimiento injusto con aquellos que sí los cumplen y están dispuestos a desarrollar instalaciones, pero no tienen acceso disponible, salvo a cambio de un importante desembolso”.
Sobre la firma