¿Generar ingresos para crecer o deuda para vivir?

El debate sobre el nuevo equilibrio fiscal en la UE llegará pronto y sería un error pensar que no va a haber límites al endeudamiento

Todas las previsiones sobre el tamaño futuro de la deuda pública española son sobrecogedoras. En el nivel actual, un incremento de tipos de interés de 100 puntos básicos supondría un aumento de la carga financiera en porcentaje del PIB de 0,5 puntos y unos gastos adicionales acumulados en intereses superior a 15.000 millones de euros, según la Airef, una cantidad mayor que los ingresos previstos en la actualización del Programa de Estabilidad y que el ingreso mínimo vital en el mismo periodo. El nivel de deuda es tan alto en España, y en toda la UE, que ya existe un debate acerca de si tiene sentido mantener las reglas del pacto de estabilidad, en especial la que establece una deuda no superior al 60%.

Las reglas fiscales de la UE están actualmente suspendidas para hacer frente a la pandemia, pero está previsto que se restablezcan a partir de 2023, lo que significa que cualquier decisión para adaptarse a la situación actual deberá adoptarse en la primavera del 2022; y será difícil, pues cualquier cambio en las reglas debe realizarse por unanimidad y existe un reducido número de pequeños Estados miembros, liderados por los Países Bajos y Austria, que se oponen. Solo un liderazgo fuerte de Alemania, Francia y/o la Comisión Europea en los próximos meses puede mover esas posiciones.

Ahora bien, el gobierno alemán está en modo interino y la próxima coalición todavía se mueve en sus primeras etapas de negociaciones y con una postura poco clara sobre este asunto. Francia va hacia su propia campaña electoral y la Comisión se encuentra dividida: por un lado Valdis Dombrovskis, comisario de comercio, en contra de un cambio en las reglas; por otro Paolo Gentiloni, comisario de economía, a favor. En medio Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión, con escaso interés en el tema.

Las razones para modificar la regla las ha proporcionado Klaus Regling, director general del Mecanismo Europeo de Estabilidad MEDE, quien desempeñó un papel clave en el diseño de las reglas actuales en calidad de asistente del entonces ministro de Finanzas alemán, Theo Waigel. Regling cree que “muchas cosas que estaban bien a mediados de la década de 1980 ya no son necesariamente relevantes en el entorno económico actual porque la deuda está aumentando, pero debido a las bajas tasas de interés, la carga de la deuda ha disminuido significativamente”.

Antes de la actual crisis el pago de intereses del sector público en la UE, como porcentaje de los ingresos fiscales, se situaba en torno al 3,5%: un 1,5%-2,0% en varios países del norte de Europa, incluido Alemania, un 3,0%-3,5% en Francia, un 5% en España, el 6% en el Reino Unido y alrededor del 8% en Italia y Portugal. Como caso extremo, Grecia pagó entre el 20% y el 30% de sus ingresos en intereses sobre la deuda a fines de la década de 1990, antes de adoptar el euro.

La norma que establece que los países con deuda excesiva deben reducirla al 60% de la producción económica en un plazo de veinte años no es, según el director del Mede, factible y no tiene ningún sentido porque “si esto se implementara a la carta, un estado como Italia tendría que lograr superávits presupuestarios del 6%-7% cada año”. El cambio en las reglas fiscales ayudaría a realizar la inversión productiva, tanto pública como privada, que necesitan las naciones industriales occidentales para afrontar la digitalización y el cambio climático a unos costes muy bajos, porque incluso si los tipos subieran, la expectativa de los mercados es que no llegarían al 6%-8% en el futuro previsible, como fue el caso de Alemania en las décadas de 1980 o 1990.

Los defensores de reglas fiscales estrictas consideran que éstas benefician a los ahorradores. Sin embargo, en opinión de los partidarios del cambio, ellos son quienes más perjudicados se verían con una brusca reducción de la deuda: argumentan que los rendimientos son tan bajos hoy porque la oferta de ahorro es mayor que la demanda y, si se redujera la deuda drásticamente, los tipos de interés caerían aún más; por tanto, ese activo que representa una oportunidad segura de inversión, perdería atractivo. En ese caso, el desfase entre la oferta de ahorro y la demanda aumentaría y, al final los ahorradores se verían perjudicados.

El debate sobre el nuevo equilibrio fiscal llegará pronto y sería un error pensar que no va a haber límites a la deuda, pero también suponer que, con unas nuevas reglas basadas en la capacidad de pago de la deuda en función de los ingresos de cada país, es suficiente con mantener altos los impuestos sobre los ingresos y olvidarse de reducir el gasto. Unos impuestos crecientes sobre ingresos decrecientes, al menos inferiores a los gastos, son los dos filos de las tijeras de podar la economía, sin olvidar también que cuanto más alto sea el endeudamiento público, más caro le costará financiarse al sector privado. Ese camino lleva a un callejón sin salida.

Aunque la política fiscal depende de los parlamentos nacionales, estos también están comprometidos con los recursos fiscales de la UE, y sea cual sea la nueva regla, habrá sanciones para quien no la cumpla, que verá retenidas las transferencias. La economía española las necesita como nunca porque debe empezar, de una vez por todas, a generar inversión productiva y así ingresos para crecer y no deuda para vivir. Esto es independiente del color del partido que gobierne, porque se puede llevar un reloj en la mano derecha o en la mano izquierda, pero lo importante es no estropear su maquinaria.

Carlos Balado es Profesor de OBS Business School y Director de Eurocofín