Estímulos para hacer sostenibles las pensiones públicas y privadas

Si hay algún servicio en el que su provisión eficiente pase por la colaboración público-privada, precepto socorrido para casi todo en las economías modernas, es la generación y distribución de rentas de jubilación. Si la propia Seguridad Social es sostenible solo por las aportaciones de empresas y trabajadores privados, aunque obligatorias por ley, ahora precisa más que nunca del desarrollo de planes complementarios privados para ganar sostenibilidad y credibilidad social. Seguramente el deterioro subyacente de las finanzas del sistema público de pensiones ha llegado hasta el punto en el que está por la recurrente desidia política que ha enmendado algunas de las soluciones y ha aplazado otras. Pero la sombra de duda que proyecta sobre los administrados no sería tan preocupante si no fuere por la debilidad que también arrastra el sistema complementario de pensiones de retiro, con aportaciones acumuladas muy limitadas, y con incentivos decrecientes para mantenerlas e incrementarlas. El sistema de provisión de rentas de retiro es, debe ser, una combinación de rentas públicas y rentas privadas no excluyentes y para preservarse deben construirse las normas, que deben contar con dos cosas: alto consenso político y social y durabilidad para que maduren sus efectos.

En la VII Jornada de Pensiones organizada por este periódico e Ibercaja, celebrada ayer, se manifestó la necesidad de diálogo entre el sistema público y el privado, necesitados ambos de estímulos para consolidarse. La doctrina sociológica insiste en la necesidad de incentivar la educación financiera, así como la planificación del ahorro para ajustarlo a las necesidades de ciclos de vida más longevos cada vez, y hacerlo con leyes sencillas y estables, y con productos flexibles y dinámicos, instrumentos que encontrarán en la industria financiera y en sus desarrollos tecnológicos aliados imprescindibles.

Si el Gobierno ha establecido incentivos poderosos para que la gente prolongue la vida laboral hasta acercarla lo máximo posible a la edad legal de jubilación (67 años), con premios financieros al retraso del retiro y castigos a su adelanto, debe equilibrar la balanza con estímulos no menos poderosos para movilizar el ahorro privado de los particulares hacia los fondos de pensiones individuales y los de empleo. El recorte de deducciones en los individuales no parece el mejor camino y cuesta creer que esté detrás de la muy modesta utilización de los colectivos, cuyos obstáculos el Gobierno promete remover. A fin de cuentas, las herramientas para que crezca el ahorro financiero para el retiro nunca deben considerarse excesivas, pues además de dar sostenibilidad al servicio de prestación de rentas, contribuye a capitalizar la economía, muy necesaria en el caso español demasiado sesgado a la acumulación inmobiliaria.