Bufetes y fundaciones promueven una reforma legal para impulsar el empleo de los mayores de 50

El proyecto plantea la creación de una Ley de Igualdad Generacional Busca reducir el millón de desempleados sénior que tiene España

Isabel Díaz Ayuso en compañía de Iñigo Sagardoy y otros colaboradores de Savia.

De catedráticos a camareros, con y sin carrera, en España hay casi un millón de ciudadanos de más de 50 años que están en paro, lo que supone prácticamente el 30% del total de la población desocupada, según los últimos datos de la EPA. Aunque la tasa de desempleo entre los jóvenes es superior (35,97%), los mayores lo tienen más difícil para reinsertarse en el mercado laboral, por eso es que desde Generación Savia, una iniciativa que desarrolla la Fundación Endesa y Fundación Máshumano, han propuesto este miércoles a las administraciones públicas la aprobación de una batería de medidas legislativas que impulse el empleo de este colectivo.

El proyecto, en el que han colaborado firmas como Sagardoy Abogados, Hogan Lovells, Fundación Herbert Smith Freehills, Fundación Fernando Pombo y PWC, plantea la creación de una Ley de Igualdad Generacional que garantice que una persona no será despedida ni cobrará menos por razón de edad. La norma replicaría en lo fundamental, aunque con las necesarias adecuaciones, la Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres que se aprobó hace 14 años. Con ella esperan poner fin a los malos indicadores que colocaban en 2020 a España como el país europeo con el mayor porcentaje de personas doscupadas entre 55 y 74 años: representaban un 12% de su población activa cuando la media entre los Veintisiete era del 4,8%, según Eurostat.

Los autores del informe piden a las autoridades que se comprometan a erradicar la “falaz” idea de que las personas más longevas laboralmente “obstruyen” el acceso al empleo de los más jóvenes, y les piden apostar por una perspectiva integral que refuerce la igualdad efectiva entre las generaciones, pues desde que estalló la crisis del coronavirus se ha acelerado la tendencia a despedir en función de la edad. No basta con campañas de sensibilización, es necesario un cambio legal que garantice un mejor tratamiento de la población sénior en las empresas. Así lo ha dicho durante el encuentro Iñigo Sagardoy, presidente de la Fundación Máshumano, que pide al Gobierno “ser valiente y ejecutar cambios legales efectivos, pues son el motor para transformar la realidad”.

El análisis pormenorizado de los datos hace intuir una práctica discriminatoria contra los empleados sénior; sus cifras contrastan con la buena salud del mercado laboral español, que en el tercer trimestre del año creó 359.300 empleos y logró rebasar la barrera de los 20 millones de ocupados por primera vez desde 2008, justo antes de estallar la crisis financiera.

A medida que se ha reducido la tasa de paro general, la de los mayores ha aumentado: con 879.500 desempleados en el tercer trimestre de 2020, los españoles de 50 años o más suponían el 23,6% de toda la población desocupada, hoy esa cifra ha subido seis puntos porcentuales y alcanzan las 999.900 personas que engrosan las filas de las oficinas de empleo. Por si fuera poco, a la brecha por edad se suma la de género. Así, del casi millón de desempleados senior que hay en el país, el 44,3% son hombres y el 55,7% mujeres.

A fin de combatir la discriminación laboral, el proyecto considera necesario modificar, y en algunos casos derogar, algunas disposiciones actualmente vigentes en el Estatuto de los Trabajadores. En concreto pide suprimir el límite de edad de 25 años para el contrato de aprendizaje regulado en el artículo 11 porque “dificulta” el reciclaje de las personas de mayor edad. Contempla además la modificación de otros ocho artículos (17, 22, 24, 28, 64, 85 y 90) para que se incluya a los sénior en los planes de igualdad de las empresas, así como la derogación de la disposición adicional décima que habilita la extinción de los contratos de trabajo de los asalariados de edad avanzada, “con el pretexto del cumplimiento de determinadas medidas de mejora del empleo en la empresa”.

La propuesta normativa también recoge medidas para impulsar la capacitación del colectivo. En concreto, incluye la obligatoriedad de información sobre contrataciones y acciones formativas de estos profesionales en la Ley de Información no Financiera y Diversidad, vigente desde 2018. Se suman ayudas y subvenciones específicas que incentiven a las empresas a su contratación o conservación en plantilla. El tema resulta fundamental pues los indicadores demuestran que entre los desempleados de más de 50 años, la mitad pertenece al paro de larga duración, es decir que no ha encontrado empleo en 12 meses o más, según el INE.

Ya antes de la pandemia un estudio de la Fundación Adecco advertía de que el 83% de los responsables de Recursos Humanos no había contratado a nadie de más de 55 años en el último año. En ese mismo informe, el 75% de los reclutadores que se negaron a emplear a un sénior lo hicieron porque creyeron que sus conocimientos estarían “obsoletos”. Por eso, además de derribar clichés injustos, el proyecto considera urgente que las administraciones evolucionen sus legislaciones laborales, algo a lo que se ha comprometido Isabel Díaz Ayuso. Durante su aparición en la presentación de la propuesta, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que eliminará el límite de edad para el contrato de aprendizaje y engrosará las políticas autonómicas dedicadas a generar más empleo entre los más longevos.