La reforma que aplaza, pero no resuelve el problema de las pensiones
El rechazo de los empresarios al acuerdo bilateral sobre pensiones entre el Gobierno y los sindicatos constituye una advertencia, y no la primera, sobre el sobrecoste que la política económica del Ejecutivo está poniendo sobre los hombros del tejido empresarial y las consecuencias que puede tener en la recuperación y el empleo. Los empresarios rechazan el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) de las pensiones que se ha elegido, cuyo objetivo es sufragar el gasto extra en prestaciones que supondrá el retiro de la generación del baby boom, pero que no solo nace con deficiencias de cálculo que lo hacen insuficiente, sino que carga la mayor parte de su factura sobre las empresas. El MEI, que debe sustituir al factor de sostenibilidad antes previsto para 2023 y de facto ya derogado, supone un incremento de las cotizaciones por contingencias comunes de 0,6 puntos de 2023 a 2032, cuya mayor parte asumirán las empresas (cinco de cada seis euros). La patronal sostiene que no garantizará el equilibrio de las pensiones y que no será suficiente para afrontar la avalancha de gasto público que recaerá sobre el sistema en los próximos años.
La reforma expansiva de las pensiones que ha acometido el Gobierno acumula un buen número de interrogantes, flecos sueltos y contradicciones. El primero de ellos es el elevado coste no solo económico, sino también político que supone sustituir una solución ya prevista para abordar el déficit del sistema –el factor de sostenibilidad que introdujo la reforma de 2013– que no resulta perfecta, pero sí razonable, y que prevé un recorte de las prestaciones no excesivamente drástico y ya amortizado en términos políticos. El MEI constituye, por el contrario, una respuesta experimental a un problema muy serio para la economía española, que parte de unas previsiones de recaudación –50.000 millones en una década– manifiestamente sobrestimadas, salvo milagro del empleo o de una productividad que arrastre a los salarios. En el mejor de los casos, la aportación del mecanismo sumará algo más de la mitad de esa cantidad en euros constantes de hoy, y lo hará a lo largo de una década en la que el avance previsto del gasto será de varios puntos de PIB anuales; más de 4 en 2050, según Airef.
El empleo constituye una pieza fundamental para la recuperación económica de España, que se enfrenta a un horizonte marcado por un desequilibrio demográfico creciente y una factura social que será muy difícil de asumir. Pero el Gobierno, agobiado por el calendario y la presión financiera europea, continúa empecinado en promover respuestas parciales que solo sirven para aplazar, pero no resolver del todo, problemas muy serios que requieren soluciones sostenibles.