Caos en el cobro de recibos

Los retrasos en la facturación de la luz provocan un agujero en la caja de las eléctricas

Registran fondo de maniobra negativo al tener que pagar sin haber cobrado. En el caso de Endesa, 400 millones a casi 300.000 clientes

Redes eléctricas.
Redes eléctricas.

Los hados parecen haberse confabulado contra el sector eléctrico en el último medio año. Tres normas que entraron en vigor en junio (la resolución de la CNMC por la que se establecía una nueva de estructura de peajes -las famosas tarifas por tramos horarios- y el RD del Gobierno con los nuevos cargos de la factura, ambos aprobados en marzo y aplicados en junio, así como el RDL del 24 de junio por el que el Gobierno redujo el IVA de la electricidad del 21% al 10%), hicieron saltar por los aires los sistemas informáticos de distribuidoras y comercializadoras. Otras medidas posteriores del Gobierno para aliviar la subida de la luz han seguido alimentando el caos.

Las primeras son las encargadas de facilitar las lecturas de los contadores a las comercializaoras y de liquidar los ingresos por peajes de acceso a las redes con el organismo regulador, la CNMC, mientras que las comercializadoras saldan lo que cobran por el suministro de energía con el operador del mercado, OMIE, y son las recaudadoras de los impuestos que después saldan con Hacienda. Precisamente, las comercializadoras, además de ser víctima de los problemas de lectura de contadores de las distribuidoras, han sufrido la adaptación a sus sistemas del recorte del IVA, que se mantendrá mientras el precio del mercado mayorista (pool) esté por encima de 45 euros/MWh. A dicho recorte se sumó en septiembre el del impuesto de la electricidad.

Cinco meses después de aprobadas dichas normas, una de las grandes del sector, Endesa, lleva un retraso en la facturación a sus clientes por 400 millones de euros, frente a una media anual de 15.000 millones, según datos de la empresa. Sobre 11 millones de facturas que envía cada mes, le falta por cobrar entre 200.000 y 300.000. Y aunque la eléctrica pidió a la CNMC una moratoria de dos meses, que habría servido para hacer pruebas, esta se negó alegando que la medida ya se había aplazado en noviembre de 2020.

La situación ha provocado en las energéticas un working capital negativo o fondo de maniobra negativo. Esto es, que tienen que pagar el producto o servicio a la CNMC antes de llegar a cobrarlo.

Todo subcontratado

“El cambio en los peajes y cargos, desde el 1 de junio, supuso un cambio tremendo en los sistemas de las empresas”, señalan fuentes empresariales, si bien, hay voces críticas con unas compañías por no contar con sistemas más sencillos y evolutivos, y que “tienen subcontratado un servicio tan esencial y tecnológico”.

Según fuentes del sector, Endesa aprovechó para hacer cambios más amplios de sus sistemas y fue la única compañía que advirtió en mayo al regulador que no cumpliría los plazos. Y, aunque las demás no se quejaron, también han sufrido retrasos relevantes: según datos oficiales de la distribuidora de Naturgy, Unión Fenosa Distribución, solo un 0,1% de sus clientes (cuenta con 3,8 millones) no se les cobra la luz desde junio, “en ningún caso por error en la factura”. Sin embargo, las denuncias a la compañía que preside Francisco Reynés por los retrasos, sobre todo, en Galicia y Madrid, abundan en las redes sociales.

En el caso de Iberdrola, aunque dice estar al día en cuanto a la emisión de lecturas de contadores de su distribuidora, no lo están sus comercializadoras de zonas de distribución de otras empresas, su puesta al día ha sido reciente. Muchos de sus clientes han denunciado tardanzas de hasta cuatro meses en recibir sus facturas.

Por su parte, en proporción a su cartera, los clientes que más demora llevan son los de Total, la petrolera francesa que adquirió a EDP España su cartera de clientes regulados en 2020, en su inmensa mayoría en Asturias. El retraso en este territorio es generalizado.

El problema, que viene a coincidir con la fuerte escalada de los precios del pool, no se circunscribe a una empresa o a una zona, sino que es aleatorio. De hecho, hay disparidad en la situación de los clientes de una misma empresa: algunos recibieron su factura correctamente en julio y a otros aún no se las han mandado. Tampoco los retrasos están asociados a los territorios. Las asociaciones de consumidores recuerdan que el cobro de los recibos atrasados se deben diferir en el mismo número de meses del retraso sufrido. Si supera el año, el cliente no debe pagar nada. Las demoras más justificados son las de pymes y comercios que aún no cuentan con contadores inteligentes, pero solo representan un 3% del total.

Las comercializadoras denuncian varios tipos de problemas: facturas duplicadas, estimaciones desproporcionadas, reclamaciones a las que no contestan. Estas compañías están obligadas a presentar avales bancarios ante OMIE y REE por la energía que consumen sus clientes y sin la lectura del contador de la distribuidora "difícilmente pueden cobrar salco que hagan estimaciones", señalan fuentes de este sector.

 

La gran demora de la CNMC en investigar

Lentitud. Aunque el problema se remonta al pasado mes de julio, la CNMC no ha reconocido hasta ahora que esté investigando unos retrasos sin precedentes en el cobro de las facturas de la luz de los usuarios y por los que aún no ha incoado ningún expediente sancionador. La semana pasada, el organismo que preside Cani Ferández filtró que la Direccion de Energía, en coordinación con las comunidades autónomas y el Ministerio de Consumo, está analizando la situación. Fuentes del sector, aseguran que el regulador les ha pedido información sobre las demoras.

Normas. Las distribuidoras y comercializadoras eléctricas aseguran que la multitud de normas aprobadas por el Gobierno y la CNMC para paliar las fuertes subidas de la electricidad en los últimos meses les han impedido adaptar sus sistemas informáticos: la primera, ajena a dicha escalada de precios, fue la nueva estructura de peajes, con tramos horarios, cuya competencia es del regulador y la metodología de los cargos de dichos peajes, que dependen del Ministerio de Transición Ecológica. Le han seguido, ya en septiembre, el descuento del 96% de dichos cargos, la ampliación del bono social o el recorte del impuesto de electricidad del 5% al 0,5%

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