Una solución experimental para una avalancha de gasto en pensiones
Es evidente que hacen falta sacrificios desde ahora para evitar males mayores, pero costarían censuras en vez de elogios
Cuando el Gobierno aprobó al final de la primavera una serie de cambios en la normativa de la Seguridad Social ya advertíamos de que se trataba de la parte fácil de la reforma, que la difícil estaba por llegar. Cambiar un mecanismo ciertamente poco expansivo de revalorización de las pensiones por otro más generoso, en el que se recoge la subida de la inflación pasada en todos sus términos, siempre tendrá el aplauso popular, incluso de una clase política más apta para recibir elogios que para imponer sacrificios y encajar censuras. Pero cuando ha llegado el primer esbozo de la parte crítica de la reforma, la que tiene que afrontar la gran avalancha de gasto en pensiones de los dos o tres próximos decenios, las soluciones propuestas se antojan demasiado experimentales para afrontar la verdadera dimensión del reto.
Los ritmos actuales de incorporación de cotizantes a la condición de pensionistas palidecen con los que habrán de registrarse desde 2025. Un vistazo a las cohortes de nacidos entre 1960 y 1976 alerta de una llegada en tropel de nuevos pasivos que llevarán consigo asociadas dos particularidades que les hace especialmente gravosos para la Seguridad Social. Tienen carreras muy largas de cotización con aportaciones muy elevadas, y tendrán una longevidad como pensionistas muy superior a la de quienes lo son ahora. Si ahora cada pensión nueva es un 35% más elevada de la que decae por fallecimiento, ese diferencial puede tensionarse más en los años venideros, y lo hará en un contexto en el que el efecto sustitución entre los cotizantes juega en contra de la tesorería: dejan de cotizar personas con bases elevadas y son sustituidos por otras con bases muy modestas en una tendencia devaluativa de los salarios que no ha concluido, y que las políticas pretendidamente igualitaristas y correctoras del Gobierno no ha logrado frenar.
Todo ello presagia un incremento del gasto que no podrá ser sufragado por una simple cotización extra y finalista de 0,5 puntos durante diez años. En el mejor de los casos tal aportación sumará algo más de 22.000 millones de euros de hoy en una década, cantidad ciertamente modesta para el avance previsto del gasto en los plazos marcados, que varios analistas sitúan en varios puntos de PIB anuales (más de 4 en 2050, según Airef). El ministro Escrivá admite que si no fuera suficiente, que no parece, se estudiarán medidas de recorte de las pensiones. Esa es la parte crítica que se encomienda a dentro de 12 años, que es tanto como dar una patada a seguir y que el Gobierno que venga detrás, que arree. Es bastante evidente que una combinación de más ingresos y recorte de gasto es necesaria desde ahora para evitar males mayores. Pero esos sacrificios costarían censuras en vez de elogios.