Es hora de una regulación general de la labor del lobby

Debe crearse una legislación nacional que integre la normativa aprobada en algunas regiones y municipios

Hace unas semanas, el recientemente destituido entrenador del Getafe, Míchel, revelaba el motivo por el que nunca ha entrenado al Real Madrid: “Para entrenar al Real Madrid hace falta algo más que curriculum, se necesita una cosa que se llama lobby y yo no lo tengo. No tengo cercanía a la gente que toma las decisiones”. Y es que el lobby forma parte de nuestras vidas, aunque la mayoría de las veces no somos conscientes de ello. Todos hemos tratado, en muchas ocasiones, de influir argumentando.

Cuando hablamos de lobby todavía nos viene a la cabeza un cierto recelo ancestral que aún hoy subyace en la sociedad. A pesar de que, como digo, el lobby está presente en nuestro día a día, ese término sigue arrastrando unas connotaciones negativas y la actividad de los grupos de interés se sigue viendo, en muchas ocasiones, como perniciosa y destinada a conseguir un interés particular o clientelar.

La clave del lobby es aportar la mayor información, rigurosa y veraz, a las personas que toman las decisiones, para que puedan elegir la mejor opción para el interés general. Hoy en día, las compañías ya perciben esta actividad como crítica y altamente estratégica para los éxitos de su negocio. La gestión de los asuntos públicos cada vez alcanza niveles más altos de profesionalidad, ética y transparencia, pese a que todavía no existe una legislación común a nivel nacional que regule el lobby y la labor de los grupos de interés.

Esta regulación es una de las principales demandas que reivindicamos los profesionales de los asuntos públicos, pero también los reguladores consideran que debería existir una legislación a nivel nacional que integre o complemente la normativa que se ha aprobado en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos.

Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por Deusto Business School para el foro empresarial de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales) sobre cómo ven los poderes públicos las relaciones institucionales en España. La investigación recoge la opinión de más de 120 cargos públicos encuestados, a través de una metodología cuantitativa y cualitativa que ha permitido obtener una visión muy completa de la realidad que rodea a los grupos de interés y la actividad que desempeñan.

Tan solo el 22 % de los encuestados ve adecuada la normativa actual que regula los grupos de interés y su actividad ante las instituciones, mientras que el 68% es partidario de mejorar los mecanismos para su participación en la definición de las políticas públicas. Dos de cada tres participantes en la investigación proponen la puesta en marcha de un régimen de agendas abiertas y de huella legislativa; así como la creación de un registro nacional de lobbies.

Otro aspecto reseñable del estudio es que la mitad de los cargos públicos encuestados reconocen que es frecuente que un proyecto de actuación pública se modifique como resultado de la participación de los grupos de interés, y un 41,5% manifiesta que esto ocurre ocasionalmente. Tan solo el 1,7% sostiene que nunca o casi nunca se ven modificados los proyectos de actuación pese a la influencia de los lobbies.

Bien es cierto que la necesaria regulación de los grupos de interés, con la creación de un marco jurídico global que garantice la transparencia en la toma de decisiones, debe armonizarse con su aplicación práctica, para evitar una sobrecarga administrativa innecesaria o el derecho a la confidencialidad de la información manejada. Pero los resultados del estudio demuestran que la participación de los grupos de interés en las políticas públicas se ha normalizado en los últimos años en España, pese a que todavía queda mucho camino por recorrer.

Para avanzar aún más en esta normalización, recientemente se han puesto en marcha varias iniciativas, tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo, que permiten vislumbrar un futuro optimista y confirmar que, esta vez sí, puede ser la ocasión definitiva para conseguir una regulación homogénea y razonable, tras los intentos fallidos realizados en el pasado.

El pasado 28 de mayo finalizó la consulta pública previa realizada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre dos anteproyectos de ley que afectan a la práctica de los asuntos públicos: el anteproyecto de Ley de Prevención de Conflictos de Intereses del personal al servicio del sector público, y el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés.

Por otro lado, el 25 de mayo fue tomada en consideración la proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, para incorporar un nuevo título XIV para la regulación de los grupos de interés.

Sin duda, estos hitos marcan la voluntad de todos los actores de regular, de una vez por todas, una práctica que redundará en la mejora de la calidad de la democracia española, aumentará la transparencia y la eficiencia en las relaciones entre el sector público, la sociedad civil y el mundo empresarial, y mejorará la gobernanza de los asuntos públicos.

Javier Herrero es Director de Asuntos Públicos y Relaciones Corporativas en evercom