El recargo por vivienda vacía elevará el IBI medio sobre los 1.000 euros en varias ciudades

El sobrecoste varía en más de 500 euros en función del municipio El importe más alto se daría en Madrid, Castellón, León y Tarragona

La nueva ley de vivienda que ultima el Gobierno de coalición recogerá la potestad de los ayuntamientos de aplicar un recargo de hasta el 150% sobre el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a fin de penalizar las viviendas vacías de multipropietarios. Aunque el esquema será común para todo el territorio nacional, lo cierto es que las diferencias entre los tipos aplicados por los distintos municipios así como la disparidad del valor de los inmuebles gravados arroja una amalgama de recargos que pueden oscilar en más de 500 euros por habitante según la capital, superando la cuantía total del impuesto los 1.000 euros en varias de ellas.

El IBI es uno de los tres tributos obligatorios que tienen que aplicar los ayuntamientos españoles, junto al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el que grava los vehículos de tracción mecánica (IVTM), y el más importante, pues aporta un 28% de su financiación total y el 60% de sus ingresos tributarios, según el informe Panorama de la Fiscalidad Local, publicado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) con datos de 2018. Los ayuntamientos tienen la potestad de fijar los tipos del IBI en una horquilla de entre el 0,4% y el 1,1% del valor catastral del inmueble.

A partir de ahí, las capitales de provincia obtienen una media de 315 euros por habitante al año. El recargo sobre las viviendas vacías de personas físicas o jurídicas propietarias de al menos cuatro inmuebles que establecerá la nueva ley de vivienda ascenderá, por tanto, a 472,8 euros de media, elevando la cuota por habitante afectado a 788 euros. Sin embargo, la cifra varía con fuerza según el número de vecinos, el valor de los inmuebles y el tipo de IBI.

Así, la ciudad española que más ingresos obtiene del IBI es Madrid, con 438,9 euros por habitante, pese a contar con uno de los tipos más bajos. Este se situaba en el 0,51% en 2018, y ha ido bajando al 0,46% actual. Con el dato comparable medio de 2018, el recargo ascendería a los 658 euros, alcanzando la suma a pagar 1.097 euros, si bien el Gobierno popular que gestiona la capital española no parece dispuesto a aplicarlo. También se superaría el umbral de los 1.000 euros de tasa media, incluido el nuevo recargo, en Castellón (1.049 euros) y León (1.018). Rozando este nivel quedaría Tarragona, la gran ciudad con el tipo de IBI más alto, del 0,953% sobre fincas urbanas (997 euros).

Del lado contrario, el recargo medio más bajo se daría en Ceuta, donde el IBI arroja unos 87 euros por vecino. La penalización apenas ascendería a 130 euros, unos 500 menos que en Madrid, sumando en total 217 euros, 900 menos que en la capital.

Dejando de lado los ejemplos sobre el IBI medio por vecino y tomando como ejemplo un inmueble de 500.000 euros, los 4.765 euros que se tributan en Tarragona pueden sufrir un recargo de 7.147 euros, rozando la factura los 12.000 euros. Una vivienda similar en Madrid, gravada con 2.550 euros, recibiría un suplemento de 3.825 euros, sumando 6.375, casi la mitad que en Tarragona.

A falta de ver qué ciudades aplican el recargo, el 10% de las viviendas del país permanecen vacías, con variaciones que van del 3,1% de Barcelona al 5,4% de Madrid o el 15% de Zaragoza, según un informe del Grupo Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

La negociación presupuestaria

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideró ayer a PNV y ERC como “interlocutores prioritarios” del Gobierno en la negociación parlamentaria del plan presupuestario para 2022, que presentará mañana ante el Congreso de los Diputados. Ambas formaciones, sin embargo, reciben con ciertos recelos el plan del Ejecutivo central.

Montero, que en una entrevista a TVE aseguró que “solamente se autodescartan [de la negociación] los partidos de la derecha, con el PP a la cabeza”, admitió que en las negociaciones presupuestarias como la que ese abre tradicionalmente “se incorporan muchos elementos no directamente relacionados” con las cuentas públicas. Es el caso, admitió, de la actual pretensión de ERC de que, a cambio de su apoyo al plan presupuestario, el Gobierno traspase las competencias de los servicios ferroviarios de cercanías Rodalies a la Generalitat.

“Ahora mismo estamos muy lejos” de apoyar las cuentas del Gobierno, aseveraba ayer la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta. “El Gobierno lo hace absolutamente difícil”, dijo, al incumplir algunos compromisos de los Presupuestos de 2021. “Ahora mismo no tenemos ningún motivo que haga que ERC apruebe estos Presupuestos, facilite la aprobación o no se sume a la enmienda a la totalidad”, advirtió Vilalta, añadiendo que el hecho de “que el año pasado hubiésemos facilitado la aprobación de los Presupuestos, no presupone de entrada que lo volvamos a hacer este año. El Gobierno liderado por el PSOE y Podemos sabe que no ha hecho los deberes”.