El plátano de Canarias se aferra al mercado interno

Las exportaciones del sector más golpeado por el volcán son mínimas

La erupción del Cumbre Vieja amenaza 8.000 empleos

El presidente Pedro Sánchez se comió un plátano de Canarias durante un reciente acto oficial en solidaridad con los agricultores damnificados por la erupción del volcán de La Palma. Otras autoridades y personajes públicos han tenido gestos similares. Pero hará falta algo más que un mordisco para salvar a la industria platanera del desastre.

El plátano canario es una de las frutas más populares de España y desde noviembre de 2013 está protegido por un sello de calidad comunitario. Sin embargo, desde que el mercado europeo se abrió a la libre competencia en 1993, sus productores dependen de las ayudas de Bruselas para poder competir con los precios más bajos de la banana. Unas subvenciones que cada cierto tiempo se ven amenazadas de sufrir recortes.

Los estragos causados por el fenómeno geológico han puesto el foco sobre un sector que da empleo a 15.000 personas en todo el archipiélago (entre 7.000 y 8.000 solo en La Palma) y que aporta el 2% del PIB autonómico (y en torno al 10% del PIB de la isla).

La lava ha arrasado ya más de 100 hectáreas de plantaciones plataneras, pero si a estas se suman las perjudicadas por el corte del suministro de agua o el bloqueo de los accesos, la superficie comprometida alcanza las 400 hectáreas de plátano y 100 de viñas y aguacate, según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias.

Y si a estas últimas se añaden las zonas cubiertas por la ceniza –que provoca arañazos y no motas en la piel de la fruta, un defecto estético que impide su venta–, el área siniestrada se acerca a las 1.500 hectáreas. “Teniendo en cuenta que en cada hectárea trabaja una persona de media, eso significa que hay unos 1.500 empleos directos afectados como mínimo”, estima Rafael Hernández Reyes, presidente de COAG Canarias.

Al menos 40 millones de kilos corren peligro, un tercio de la producción de la isla bonita

De las plantaciones calcinadas por la colada salían alrededor de 6,5 millones de kilos, aproximadamente el 4% del total producido por La Palma en 2020 (149 millones). Estas tierras, de acuerdo con Domingo Martín, presidente de Asprocan (la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias), “desaparecerán”, mientras que las bañadas por la ceniza, si la actividad volcánica cesa, “podrán recuperarse dentro de un año”.

“Los daños físicos ocasionados por la ceniza son cuantiosos. Esperamos que no menos de 40 millones de kilos tengan problemas para comercializarse, más de un 30% de la producción de la isla. A esto se suman los problemas de riego y de bloqueo de las cosechas por el cierre de las carreteras y que todavía no podemos evaluar”, apunta Martín.

COAG estima que, al menos de momento, 26 millones de kilos se han perdido en las 400 hectáreas afectadas directamente por la catástrofe, el 17% de la producción total de la isla. Tomando como referencia un precio medio de entre 30 y 40 céntimos, el sector dejaría de facturar esta cosecha entre 7,8 y 10 millones de euros, aunque a esto habría que sumar los daños en la infraestructura de las fincas. Asprocan, por su parte, cifra las pérdidas en 72 millones.

Plátano Canarias erupción volcán
Un agricultor retira un racimo de plátanos antes de que la lava llegue a la plantación el pasado 23 de septiembre en Tazacorte, La Palma. Getty Images

Desde la delegación de La Palma de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, sostienen que mientras el volcán siga arrojando magma, cualquier intento por cuantificar el impacto económico de la erupción resultará "apresurado", porque los daños continuarán incrementándose. "A las plantaciones sepultadas se empiezan a sumar problemas con el regadío y las complicaciones para el óptimo mantenimiento de los cultivos. Estamos en la casilla de salida de la reconstrucción", señalan.

En el pasado, como ocurrió después de la erupción de 1949, la tierra quemada hubiese podido ser removida, drenada y roturada, pero la actual legislación ambiental lo prohíbe, por lo que Martín ve muy difícil que en esta ocasión la superficie devastada por la lengua de fuego se pueda recuperar para la agricultura. En su opinión, lo urgente ahora es salvar una zona que ha quedado aislada y no está recibiendo riego. El Gobierno ha enviado desaladoras portátiles para que bombeen agua hasta esos cultivos.

Incluso si la normativa ambiental permitiera reconstruir las explotaciones, Hernández, de COAG, sostiene que la inversión sería tan alta que no se podría amortizar con los precios de mercado actuales. A pesar de que los 8.000 plataneros canarios y las 50 empaquetadoras están asociadas en seis organizaciones cooperativas, no han conseguido un mayor poder de negociación frente a los distribuidores y supermercados, que suben y bajan los precios en función de sus estrategias comerciales. “Eso nos está haciendo un daño tremendo. Al agricultor pequeño, el precio le viene dado”, lamenta.

Ley de cadena alimentaria

Por eso, el proyecto aprobado por el Gobierno en noviembre de 2020 para modificar la ley de cadena alimentaria puso en alerta al sector, ya que si bien la reforma proponía que el precio acordado entre comprador y vendedor debía como mínimo cubrir los costes de producción, no aclaraba si estos se calcularían sobre la facturación total al cierre del ejercicio o sobre cada operación.

Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, explica que el problema de dejar esta ambigüedad en la norma es que las frutas y hortalizas son bienes perecederos que están sujetos a picos y caídas de producción muy difíciles de prever, porque dependen de multitud de variables, entre ellas el clima. Estos altibajos pueden ocasionar desajustes entre la oferta y la demanda. “A veces el agricultor tiene que vender por debajo del coste para que su cosecha no se pierda y otras por encima, pero a final de año eso se compensa”, precisa.

En ese sentido, Asprocan defiende que el coste se compute sobre el precio medio del año y no sobre el de cada transacción individual, una enmienda a la ley que el Congreso aprobó a finales de septiembre, en plena emergencia. El Parlamento aclaró también que las ayudas europeas se incluirán en el cálculo de los costes. Estas son vitales para la industria platanera canaria porque, sin ellas, su condición ultraperiférica e insular le impediría competir con la banana.

Las cifras

386 millones de euros facturó el plátano de Canarias en 2019, según las últimas estadísticas del Ministerio de Agricultura. De este total, el sector vendió 384 millones en el mercado nacional y 1,7 millones en el exterior.

375 millones de kilos importó España en 2020, por un valor de 213 millones de euros, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior. Costa Rica, Colombia y Costa de Marfil fueron los principales países de origen.

96,5 millones de kilos de plátano exportó España en 2020, por un montante de 66 millones de euros, sobre todo a Portugal (85 millones de kilos). Pero gran parte de ese volumen son reexportaciones de plátano procedente de otros países.

El plátano recibe de Bruselas unos 141 millones de euros anuales a través del Posei (Programa de Opciones Específicas por el Alejamiento y la Insularidad). Estos fondos corrieron el riesgo de sufrir un recorte del 3,9% este año debido a la salida de Reino Unido de la UE, pero finalmente se mantuvieron intactos hasta 2027.

Normalmente, los agricultores reciben el dinero en dos partes, una mitad en diciembre y la otra en junio, sin embargo, este año, en respuesta a la situación, el Gobierno de Canarias, que gestiona la subvención, adelantará a los productores palmeros el 70% de la cuantía en diciembre.

A diferencia de otros alimentos españoles amparados por denominaciones de origen, el plátano canario depende mucho del mercado nacional. De los 430 millones de kilos que produjo en 2020, apenas exportó 2,5 millones, principalmente de la categoría ecológica a Suiza. Hernández apunta a una razón histórica: hasta 1993, en España solo se podía consumir plátano de Canarias, mientras que el resto de la UE estaba abierta a la banana americana.

Después de la liberalización, esa inercia se ha mantenido. El 60% del plátano que se consume en la península española viene de Canarias y el 40% restante de otros países, sobre todo de Costa Rica, Costa de Marfil, Colombia y Ecuador. “La cuota de nuestros rivales crece año tras año. Aún así, tenemos un nicho de mercado consolidado que no debemos descuidar”, afirma. “Tenemos una producción limitada y nuestro mercado más maduro es España. Es nuestra elección”, corrobora Martin.

Desde la delegación palmeña de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife achacan la escasa internacionalización del plátano canario al incremento de los costes asociados a su situación ultraperiférica y al menor precio en destino, así como a las condiciones para que la fruta llegue en unas condiciones de calidad óptimas, teniendo en cuenta su proceso de maduración. "A esto hay que sumar que el mercado europeo ha estado dominado tradicionalmente por los grandes operadores de banana", apuntan. 

No obstante, resaltan que en los últimos años, el plátano de Canarias ha puesto en marcha una estrategia para poder traspasar las fronteras de la península, llegando a mercados como Suiza, Francia o Alemania, donde ha logrado posicionarse como alimento de calidad, tanto en su línea convencional como bio.

Ayudas en camino

La industria platanera de La Palma está a la expectativa de las ayudas que llegarán para los damnificados por la erupción del volcán Cumbre Vieja. El Gobierno ha aprobado un paquete de más de 213 millones de euros que engloban 20,8 millones en subvenciones para el sector primario de la isla, de los cuales dos millones se destinarán a avales y el resto se transferirá a la comunidad autónoma para que se encargue de gestionarlo. Esta podrá destinar 14 millones de euros a la agricultura y ganadería y 500.000 a la pesca.

Mientras los fondos llegan a la isla, el Gobierno canario tramita una partida de 10,5 millones de euros a cuenta del presupuesto autonómico. En función de los daños que haya sufrido su explotación, cada productor recibirá de esta línea una ayuda de hasta 20.000 euros, indica Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura de la comunidad. “Esperamos que estos importes empiecen a entregarse en un mes. Vamos a priorizar la zona más afectada, el valle de Aridane”, dice.

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