Polonia se juega 25.000 millones de euros en ayudas comunitarias si sale de la UE
Bruselas advierte a Varsovia de que la pertenencia al bloque implica el acatamiento de las sentencias del Tribunal europeo
La pugna entre la Unión Europea y Polonia le podría suponer al país la pérdida del total de los recursos de los fondos Next Generation y REACT EU. Se trata de 25.000 millones de euros en ayudas comunitarias que se ponen en juego como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional de Polonia, de dictaminar como inconstitucionales varios artículos de los tratados de la Unión Europea.
Hasta el momento Varsovia mantiene el deseo de permanecer en la UE, según ha reconocido este viernes el primer ministro, Mateusz Morawiecki. Pero la bomba jurídica llega en un momento de máxima tensión entre Bruselas y Polonia, y coloca al país al borde de la ruptura legal con el bloque comunitario, algo que la Comisión Europea (CE) no está dispuesta a tolerar. Ursula Von der Leyen ha lanzado hoy la primera advertencia al señalar que “todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son vinculantes para las autoridades de todos los Estados miembros, incluidos los tribunales nacionales”.
Aunque no hizo mención directa de las ayudas comunitarias, la presidenta de la comisión fue enfática al decir que tanto los ciudadanos de la UE como las empresas que hacen negocios en Polonia necesitan la seguridad jurídica de que las normas comunitarias se aplican en el territorio. Posición similar ha tomado el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, quien ha advertido sobre la “inflexibilidad” que tendrá el bloque con el Gobierno del ultraconservador Andrzej Duda si se empeña en violar las leyes fundamentales de los tratados.
La CE ha dejado claro que está dispuesta a usar todos sus “poderes” para defender la primacía del Derecho europeo en Polonia, y eso supone acorralarlo a través de los multimillonarios fondos de recuperación, así lo ha expresado el propio comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, que durante una declaración a la prensa este viernes ha recordado que se cuentan con instrumentos tanto legales como financieros para hacer cumplir los tratados.
Alemania y Francia, los dos grandes líderes dentro de la Comunidad, también han advertido a Polonia del peligro de ignorar la jurisprudencia europea. “La Comisión cuenta con todo nuestro apoyo para hacer cumplir la legislación de la UE”, ha señalado Heiko Maas, ministro alemán de Exteriores. Por su parte, el secretario de Estado de asuntos europeos, Clement Beaune, ha señalado que el fallo del Tribunal polaco es un “ataque contra la Unión Europea” y se ha mostrado indignado con el Gobierno polaco por no respetar los derechos de la mujer y de las minorías, así como la independencia del poder judicial y de los medios de comunicación.
Polonia es el quinto país más beneficiado por las ayudas europeas, sólo por detrás de España, Italia, Francia y Alemania. Para su economía el mantenimiento de los fondos resulta esencial, pues equivalen a más del 50% de toda su inversión pública. A pesar de esto, el Gobierno polaco se empeña en desafiar a la Comisión. A un día del fallo del Tribunal Constitucional, el ultraconservador Morawiecki ha dicho que Polonia “no es una invitada en la UE, por lo que no aceptan ser tratados como un país de segunda clase”. Por su parte, el líder del partido gubernamental calificó la sentencia de “obvia” y dijo que "en asuntos del poder judicial polaco, la UE no tiene nada que decir".
Desde hace meses la Comisión habla de la posibilidad de paralizar los fondos de recuperación para Polonia debido a crecientes preocupaciones con el Gobierno. Y es que, junto a Hungría, son los únicos dos países del bloque que están siendo investigados formalmente por la UE por socavar el Estado de Derecho. En septiembre, la CE solicitó a la justicia europea que impusiera una multa a Polonia para obligarlo a acatar las medidas cautelares exigidas en julio para frenar el funcionamiento de una sala disciplinaria en el Supremo Polaco. Varsovia había pedido aplazar estas medidas cautelares, pero esta semana, el Tribunal de Justicia de la UE rechazó su petición; ahora la sanción a la que se exponen podría ser millonaria.
Polonia también es, junto a Hungría, uno de los pocos países cuyo plan de recuperación aún no ha sido aprobado por Bruselas a pesar de haberlo recibido en mayo. Esto porque la CE busca que Varsovia se comprometa a una reforma judicial que, entre otras cosas, desmantele esa controvertida sala disciplinaria del Supremo. La Comisión también contempla lanzar para finales de octubre el llamado mecanismo de condicionalidad, una herramienta creada para asegurarse de que los países que incumplan el Estado de Derecho no reciban ni un euro de los fondos. El reglamento permitirá suspender los pagos cuando la deriva antidemocrática de un país ponga en peligro los intereses financieros de la Unión.
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