Neinor, como cotizada, pide al Gobierno una aclaración urgente sobre la Ley de Vivienda
El sector ve con temor la norma y percibe como poco realista unificar promociones que combinen vivienda libre con protegida y alquiler social
Lo conocido de la nueva norma hasta ahora ha levantado una polvareda en el sector inmobiliario, que unánimemente se han mostrado contrario.
Consultados los responsables de varias empresas por la nueva norma, en general afirman que será negativa para la inversión y solicitan aclaraciones. “En el caso concreto de Neinor al tratarse de una sociedad cotizada necesitamos que el Gobierno aporte claridad sobre la norma de manera urgente”, señalan fuentes de esta promotora. Desde esta inmobiliaria, se asegura que si la medida va encaminada solo a suelos urbanos ya consolidados “la afección para la cartera de Neinor sería irrelevante”. Este tipo de grandes promotoras suelen entrar en etapas más tempranas del desarrollo del suelo, por eso, la norma podría afectar más a empresas más pequeñas con negocio local (el sector está muy atomizado), cooperativas de viviendas y otras especializadas en rehabilitaciones de inmuebles.
Las fuentes de Neinor indican que lo avanzado hasta ahora por el Gobierno y la falta de detalles ha generado “una enorme incertidumbre que repercute de manera muy negativa para todas las empresas del sector y la inversión en promoción residencial en nuestro país”.
En Metrovacesa, otra promotora cotizada, opinan de forma similar: “Es pronto aún para valorar en detalle puesto que hay que esperar a ver el contenido concreto de la norma. Hasta entonces no es probable que haya ningún efecto y las promociones en curso no deberían verse afectadas. No obstante, de aprobarse, puede generar el efecto contrario al deseado a medio plazo, puesto que podría reducirse el volumen de inversión en el sector y, por tanto, se reduciría el volumen de nuevas promociones al disminuir la rentabilidad”.
Sobre cómo podría afectar la introducción del 30% de VPO en nuevas promociones, Juan Manuel Pardo, director de residencial de la consultora inmobiliaria JLL, explica que la afectación dependerá mucho del diferencial entre el precio de mercado y el de la vivienda protegida y la renta de mercado y la renta limitada. “En el poco probable caso que alguna comunidad decidiera aplicarla, el impacto es difícil de medir” para las empresas, asegura.
Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora Colliers, opina que la medida no solo afecta directamente al valor del suelo por ese 30%, sino al 70% restante por la enorme dificultad de compaginar en una misma promoción un 70% de vivienda libre con el resto de vivienda protegida, salvo en aquellas ubicaciones donde el precio de ambos usos sea similar. “Con carácter general esta medida imposibilitaron la promoción de la gran mayoría de nuevas promociones”, afirma.
“Es todo un disparate”, asevera. Y pone el ejemplo de levantar una promoción en zona de lujo, donde “no tiene ningún sentido incluir vivienda protegida y ya no digamos vivienda protegida en alquiler”.