Construcción

Adif y Carreteras buscan una solución contrato a contrato para la inflación de los materiales

Preocupan la ralentización y desequilibrios en las obras en marcha

Trabajos de construcción en el trazado de alta velocidad a Extremadura.
Trabajos de construcción en el trazado de alta velocidad a Extremadura.

El mayor ritmo de licitación de obra pública en España, que se verá impulsado aún más por la llegada de fondos europeos, coincide con un momento de dificultad para ejecutar los proyectos debido al encarecimiento de las materias primas. Las constructoras ya avisaron de tensiones en los contratos en vigor, a través de asociaciones como Seopan y Anci, justo antes del verano. Y la preocupación cunde ahora en el Ministerio de Transportes.

Los dos principales motores de la obra pública, Adif y la Dirección General de Carreteras, están integrados en un grupo de trabajo que busca soluciones a un problema que podría perdurar todo 2022 e incluso 2023. Los precios de materiales esenciales, como el acero corrugado, cobre, aluminio, petróleo y mezclas bituminosas están disparados desde los mínimos de 2020 e incluso se han vuelto difícilmente accesibles por el tirón de la demanda mundial para acometer planes de infraestructuras. Ante este problema, el sector constructor ha pedido la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para restaurar la obligatoriedad del mecanismo de revisión de precios en la obra pública. También urge el reequilibrio de obras en marcha.

El acero, aluminio, el cobre y las mezclas bituminosas están disparados

El director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza, se refirió ayer en rueda de prensa a esta situación como un escollo para elevar la ejecución tras percibirse que el Gobierno ha pisado el acelerador de la licitación de proyectos. “La no revisión de precios puede estar dando lugar a una ralentización de obras”, aseveró Zaragoza.

Ante esta dificultad, fuentes de toda solvencia aseguran que Transportes busca soluciones, como sería la de la revisión contrato por contrato, en lo que toca a presupuestos y plazo de ejecución, allí donde lo demanden las constructoras. Algo similar a lo que ya se hizo con la obra pública cuando estalló la pandemia.

Y en lo que toca a futuras actuaciones, la revisión de precios vuelve a estar presente, poco a poco, en los pliegos. Se trata de un mecanismo de actualización de costes en las obras que dejó de ser obligatorio con la entrada en vigor de la Ley de desindexación. Esa decisión supuso la desaparición, de facto, de esta garantía para las contratistas. Los proveedores, sin embargo, sí incluyen cláusulas de revisión de precios semanales en sus contratos de suministro con las constructoras. Un desequilibrio que pone en duda la viabilidad económica de decenas de actuaciones.

El mecanismo de revisión de precios está de vuelta a los pliegos de obra

Por ello, las contratistas esgrimen el artículo 205 de la Ley de Contratos, que prevé modificaciones no previstas en los pliegos de los concursos ante circunstancias imprevisibles, para abrir y reequilibrar obras de Adif o Carreteras, entre otros órganos. Ese cambio en los presupuestos podría alcanzar hasta el 50%, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, sobre el precio previsto inicialmente (IVA excluido).

Además de la modificación de la Ley de Contratos, se persigue también la reforma del actual procedimiento de determinación de los índices de revisión de precios de contratos de las Administraciones públicas.

Un riesgo adicional

La Ley 2/2015, de desindexación de la economía, dio potestad a los órganos de contratación para establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios. También pueden decidir la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada trabajo. De hecho, la revisión de precios en los contratos públicos ya no respondería a índices generales, sino a índices específicos que reflejen los componentes de coste de cada contrato.

La misma Ley 2/2015 fija que la constructora podría tener acceso a la revisión de precios de los materiales cuando el contrato se encuentre con un nivel de ejecución superior al 20% y hubiesen transcurrido dos años desde la formalización del mismo.

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