Hacia una única movilidad sostenible
Es un urgente el desarrollo de un plan de normativa nacional, regulado por Tráfico, que unifique criterios
Hace unas semanas España respaldó públicamente el Plan de Acción europeo para la Contaminación Cero, que persigue atenuar los impactos sobre la salud humana y los ecosistemas. El origen de este plan se encuentra en el Pacto Verde Europeo, cuyo principal objetivo es la creación de una nueva estrategia de crecimiento que transforme la Unión Europea en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Entre los objetivos de dicho plan se encuentran el despliegue de sistemas de transporte público y privados más limpios, baratos y sanos y descarbonizar el sector de la energía.
La apuesta por la sostenibilidad ha dejado de ser una elección para convertirse en un imperativo. Sí, hablamos de bienestar. Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo que influye directamente en la salud de las personas. Más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al menos 2,5 veces más altos que el estándar de seguridad, según datos de la vicepresidencia segunda del Gobierno.
Pero ¿qué debemos entender por sostenibilidad al hablar de movilidad? Para que la movilidad sea sostenible debe atender a requisitos ambientales, sociales y, por supuesto, económicos, según la Estrategia de Movilidad Sostenible Europea. Este documento es el marco de referencia nacional, que integra principios y herramientas para orientar y coordinar las políticas sectoriales y autonómicas que facilitan una movilidad sostenible
Si consultamos dicho documento, al hablar de cuidado medioambiental se refiere a la contribución al cuidado del medio ambiente y a la salud de los ciudadanos, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y a la optimización de los recursos no renovables. Si nos fijamos en el aspecto social, debe proporcionar accesibilidad al trabajo, bienes y servicios, favoreciendo la equidad tanto social como territorial. Y, por último, debe satisfacer eficazmente las necesidades de movilidad derivadas de las actividades económicas, promoviendo de esta forma el desarrollo y la competitividad.
Otra tendencia, íntimamente vinculada a la movilidad sostenible, es el urbanismo. Un nuevo concepto de ciudad, más habitable, en la que el transporte de personas da un giro radical, enfocándose en la hiperproximidad y en la última milla. Encontramos ejemplos, que poco a poco se están convirtiendo en referentes como la ciudad de los 15 minutos, las súper manzanas o las ciudades compactas, como las llama Naciones Unidas. El mismo perro con diferente collar: ciudades con mayor actividad económica y social en un área, que reducen las necesidades de movilidad y generan beneficios ambientales, económicos y sociales. Ciudades en las que los ciudadanos son multimodales: combinan diferentes medios de transporte en sus desplazamientos como el coche, trayectos a pie o patinete, por citar algunos ejemplos.
En estos nuevos modelos de ciudades, las empresas de movilidad multimodal son clave: nacen de la necesidad de promover la movilidad como servicio, a través de alternativas ecológicas, que se adaptan realmente a las necesidades de los ciudadanos.
Si volvemos los ojos a la actualidad, también hace pocas semanas, Madrid ha adoptado su nueva ordenanza de movilidad sostenible, que sustituye a la renombrada Madrid Central, persiguiendo las mismas metas: ciudades más sostenibles y habitables.
Esta ordenanza, en realidad, es un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que se suma al resto de planes de gobiernos locales y autonómicos de España. Grandes pasos para convertir España en un país acorde a las necesidades de sus ciudadanos y equipararlo al resto de la Unión Europea.
Sin embargo, estoy convencida de que es necesaria una mayor coordinación, regulación y legislación y, por supuesto, un trabajo en equipo que nos ayude a abordar los retos juntos. Un ejemplo de esto podrían ser los desplazamientos en patinetes. En cada comunidad autónoma hay unas reglas diferentes de uso y aparcamiento y sería interesante una armonización de criterios, más allá de los municipales.
Desde hace meses, las voces que demandamos una normativa única se han multiplicado. Por ejemplo, desde la Fundación Corell también reclaman una legislación nacional que actualice la normativa actual, desarrollada a partir de una ley de la década de los 80. Más allá de la sostenibilidad, la movilidad también incide directamente en los modelos económicos de las ciudades, por ejemplo, en la distribución de mercancías, que en los últimos años ha experimentado un boom impulsado por el ecommerce.
Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), implicado con los objetivos de desarrollo sostenible fijados en la Agenda 2030 y consciente de los planes y estrategias de movilidad del resto de países europeos, está trabajando en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, cuyo objetivo es “hacer de la movilidad un derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico”, pero ha fijado su horizonte temporal en el año 2030.
No podemos esperar nueve años. Sin duda es urgente y necesario el desarrollo de un plan de normativa nacional, regulado por Tráfico, que unificase criterios y que nos permitiera, tanto a Administraciones como a empresas privadas, caminar de la mano y poner al ciudadano en el centro de las políticas de movilidad. Solo así, unificando fuerzas podremos evolucionar hacia un país más sostenible, eficiente y moderno, acorde a nuestros vecinos europeos. Es hora de actuar.
Marie Lindström es Country Manager de GoTo España