¿Populismo o racionalidad en el sector eléctrico?

El diseño marginalista de los precios retribuye el verdadero coste de la producción de luz y es el más eficiente para los consumidores

Cada vez que el precio del mercado de generación se incrementa, en los medios de comunicación arrecian las críticas contra su diseño “marginalista”, bajo el cual se paga el mismo precio a todas las centrales, aunque hayan ofertado su producción a un precio menor. ¿Cómo es posible que desde que se liberalizó el mercado en el año 1998 ningún gobierno lo haya modificado o, lo que es peor, que la Comisión Europea obligue a utilizar ese diseño?

En el mercado de generación compiten centrales con estructuras de costes muy diversas, como son las centrales de gas, nucleares o hidroeléctricas. Algunas tienen costes variables de unos pocos euros por megavatio-hora mientras que otras tienen costes variables de más de 100 euros. En un mercado en el cual el precio se fija con criterios marginalistas, los generadores tienen incentivos a presentar ofertas que reflejan únicamente sus costes variables de funcionamiento. De este modo, el operador del mercado selecciona las ofertas de las centrales que pueden atender la demanda incurriendo en el menor coste posible.

Al pagar el mismo precio a todas las centrales, aquellas con los costes variables más bajos obtienen un margen de explotación positivo. Pero es que esas centrales son las que tienen los costes de inversión más altos. Por ello, ese margen de explotación no es un regalo para los generadores, sino que es lo que les permite recuperar su inversión original y cubrir sus costes fijos de mantenimiento. Si no se permitiera que las centrales obtuvieran ese margen, no tendrían perspectivas de recuperar los costes de inversión ni los costes fijos de mantenimiento. Entonces se cerrarían las centrales existentes y no se invertiría en nuevas centrales, poniéndose en peligro la seguridad de suministro.

En algunos casos, las centrales obtienen un margen de explotación menor que sus costes fijos de inversión y de mantenimiento, y los operadores pierden dinero. En otros, las centrales obtienen un margen que supera esos costes fijos. Esto incentiva a los operadores a invertir en las instalaciones con los menores costes totales y ser eficientes, lo cual minimiza el coste del suministro eléctrico. Pero si el Gobierno penaliza a los que ganan dinero (porque tomaron decisiones que resultaron ser acertadas) tendrá que compensar a los que pierden dinero (porque tomaron decisiones que resultaron ser desacertadas), y entonces los generadores ya no tendrán los mismos incentivos a ser eficientes.

Si los políticos intervienen los márgenes de los generadores, les retribuyen en base a los costes de cada uno, y deciden cuánto invertir y cuánto debe ganar cada uno, la experiencia demuestra que el resultado acaba siendo perjudicial para los consumidores. Por ejemplo, entre 1983 y 1997 se utilizó un mecanismo conocido como Marco Legal Estable que retribuía a cada generador según sus costes. En 1997, el Gobierno estimó que mantener ese sistema hubiera supuesto un sobrecoste de más de 15.000 millones de euros comparado con el coste que se incurriría con un mercado marginalista.

A pesar de ello, puede parecer que se podrían reducir las facturas de los consumidores si en lugar de pagar el mismo precio (el precio marginal) a todos los generadores, cada generador cobrara el precio de su oferta. Sin embargo, eso ignora que el mecanismo utilizado para determinar el precio en el mercado condiciona la forma de ofertar de los generadores.

En el mercado marginalista, los generadores tienen incentivos a presentar ofertas que reflejan su propio coste variable porque saben que el precio al cual se les retribuirá será el precio marginal del mercado. Pero si se modifica el sistema y se pasa a retribuirles con el precio de la oferta de cada uno, lo que harán los generadores será estimar cuál será la oferta más cara que será aceptada y ofertar a ese precio, incluso si ese precio es muy superior a sus propios costes variables. El resultado tenderá a ser un mayor coste para los consumidores, por dos motivos.

Primero, porque si los generadores presentan ofertas iguales al precio más alto que estiman que será aceptado, habrá generadores con costes variables bajos que ofertarán demasiado caro y no producirán, a pesar de ser los que pueden suministrar la electricidad a menor coste. El resultado será un funcionamiento ineficiente de las centrales y un mayor coste de suministro.

Segundo, bajo el actual diseño de mercado el regulador puede identificar si un generador infla sus ofertas de forma artificial, si la oferta no refleja el coste variable del generador. Pero si se retribuye a los generadores el precio de su propia oferta, si un generador ofrece un precio alto, el regulador no podrá saber si lo hace para incrementar el precio o porque realmente anticipa un precio alto. Por ello, si se retribuye a los generadores el precio de su propia oferta, será difícil que el regulador pueda detectar abusos de poder de mercado.

En el pasado, cada vez que el precio del mercado se incrementaba, en los medios de comunicación se reclamaba que se investigara si se había producido un abuso de posición dominante. Ahora, una vez que los tribunales han rechazado una y otra vez que se produjeran tales abusos, lo que se hace es cuestionar el diseño del mercado, sin entender por qué está diseñado de esta manera. Pero el Gobierno haría un flaco favor a los consumidores si cediera a argumentos populistas para aplicar reformas que olvidan las lecciones del pasado y que acabarían traduciéndose en un mayor coste o una menor seguridad de suministro eléctrico, en perjuicio de los consumidores.

Oscar Arnedillo Blanco / Jorge Sanz Oliva son director gerente en NERA Economic Consulting / Director asociado en NERA Economic Consulting y expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética