El sector de infraestructuras tras la pandemia
Seguirá creciendo por encima del PIB y la colaboración público-privada compensará la debilidad de los Estados
Los efectos a corto plazo de la Covid-19 en el sector global de infraestructuras han sido limitados al tratarse de una actividad que se ha considerado como esencial en muchos países. Sin embargo, los impactos potenciales a largo plazo pueden ser muy relevantes y están relacionados con los cambios que la pandemia pueda provocar en relación con varios aspectos.
Pese a la incertidumbre, la crisis actual solo tendrá un efecto transitorio en las megatendencias que se preveía que apuntalaran el crecimiento global del sector para los próximos años. Por ejemplo, la pandemia no ha afectado de forma significativa a las grandes tendencias demográficas globales. El aumento del trabajo en remoto tendrá un impacto limitado y no debería de impactar demasiado a las elevadas inversiones en infraestructuras de transporte, agua, infraestructura social y servicios necesarios para atender el aumento de la población en los países emergentes, el envejecimiento en los países desarrollados y la mayor urbanización y tamaño de las ciudades.
Por otro lado, la crisis actual ha acelerado el proceso de descarbonización de la economía, con países y corporaciones publicando objetivos muy agresivos en términos de neutralidad de emisiones y con un foco cada vez mayor de los inversores en sostenibilidad y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo cual tendrá un impacto muy positivo en inversiones en renovables, eficiencia energética de las infraestructuras, movilidad sostenible, agua y medioambiente.
Asimismo, la pandemia ha provocado un avance sustancial en las transformaciones tecnológica y digital de las empresas y de la sociedad, que se acelerará en los próximos años y dará lugar a oportunidades relevantes en infraestructuras que serán necesarias para atender la creciente demanda relacionada con dichas transformaciones.
En resumen, estas megatendencias continuarán teniendo un impacto positivo para el sector en los próximos años, ya que conllevarán inversiones significativas en infraestructuras, muy centradas en países emergentes y en algunos desarrollados con planes de inversiones relevantes (EE UU, Canadá, Australia y miembros de la UE, destino de las inversiones NextGen EU).
Público-privado
Pese a estas perspectivas positivas, el impacto de la crisis en las finanzas públicas podría provocar una disminución de la inversión a largo plazo. Aunque aumentar la inversión en infraestructuras es una clara medida contracíclica de política económica en tiempos de crisis, los países emergentes y algunas economías desarrolladas carecerán del margen presupuestario para acometer dichas inversiones y, al mismo tiempo, sostener sus finanzas públicas, muy afectadas por la crisis. En algunos países, entre ellos España, los elevados porcentajes de deuda sobre el PIB y la necesidad de destinar mayores partidas presupuestarias para sostener las pensiones y atender al mayor gasto sanitario derivados del envejecimiento de la población van a suponer restricciones muy importantes para la inversión en infraestructuras. Adicionalmente, esta situación previsiblemente impida dotar a la inversión en infraestructuras de una planificación a largo plazo estable, predecible, y que responda a las necesidades de inversión de nuestro país y a la adecuada dotación para el insuficiente mantenimiento de las infraestructuras actuales.
En este contexto, la colaboración público-privada es un instrumento apropiado para canalizar la extraordinaria liquidez que existe en los mercados financieros hacia la inversión en infraestructuras. Sin embargo, para que esto suceda es necesario que exista un marco regulatorio fiable y predecible, que permita un reparto equilibrado de los riesgos y beneficios de los proyectos entre la Administración y los contratistas, una adecuada monitorización de los contratos y que otorgue a los inversores privados la posibilidad de obtener un retorno razonable para su inversión, lo que no es el caso del modelo español en la actualidad.
El sector
La baja rentabilidad de muchas empresas del sector a nivel global es el resultado de las dinámicas competitivas que existen, tanto en edificación, actividad con muy pocas barreras de entrada, como en obra civil, donde el exceso de capacidad a nivel global ha dado lugar a una fuerte competencia y a una inadecuada distribución de los riesgos de los proyectos que está afectando a los márgenes de las empresas. Adicionalmente, en los últimos meses esta situación se ha agravado debido al fuerte incremento de los costes de muchos materiales, que en algunos países como el nuestro no están repercutiendo adecuadamente a los clientes. En este contexto, las empresas constructoras deben acometer un proceso de transformación para mejorar su rentabilidad a través de dos palancas: la eficiencia en las operaciones (smart operations) y el control de riesgos y contratación.
En cuanto a la primera, las empresas líderes del sector están haciendo inversiones significativas en nuevas tecnologías, lo que supone un cambio sustancial en el que ha sido el sector de la economía con menor incremento de la productividad en los últimos 30 años. El 76% de las empresas del sector está invirtiendo en tecnologías digitales, BIM, gemelos digitales y técnicas de análisis de datos para afrontar problemas de costes y márgenes. Un 24% está invirtiendo en drones, robotización, monitorización de proyectos a distancia y gestión documental para aumentar la productividad y la eficiencia.
Asimismo, el tradicional enfoque descentralizado de gestión del sector puede verse afectado por un cambio de paradigma si se consolidan las tendencias a la “industrialización” de procesos y a la estandarización, modularización y prefabricación de componentes derivadas de la aplicación de nuevas tecnologías y materiales a los procesos constructivos. Esta industrialización no solo ayuda a reducir costes, sino también implica mejoras en el diseño y control de calidad, contribuye a disminuir las emisiones contaminantes y la accidentalidad, y a disminuir los plazos, ayudando por tanto a reducir desviaciones sobre los presupuestos de obra.
En cuanto a la otra palanca, la ganancia en eficiencia operacional tiene que venir de la mano de una mejora en el control de los riesgos de los procesos de licitación. Adicionalmente, los actuales modelos de contratación aplicados en muchos países, entre ellos el nuestro, no aseguran una adecuada distribución de los riesgos entre cliente y contratista y suelen tener incentivos perversos, ya que priman desproporcionadamente el criterio económico, fomentando las bajas en la adjudicación y el consiguiente proceso posterior de reclamaciones que acaban demorando los plazos, incrementando el coste y elevando la litigiosidad. Estos procesos acaban afectando a la rentabilidad de las empresas y a la ejecución de las inversiones en los plazos y costes acordados, por lo que algunas jurisdicciones están empezando a implantar modelos de contratación que reducen los niveles de riesgos de los contratistas, regulando de forma más rigurosa las obligaciones de las partes, limitando las ofertas especialmente agresivas en precio y aumentando la seguridad jurídica en temas como las eventuales modificaciones, los supuestos de penalización, o la resolución acelerada de conflictos contractuales mediante arbitraje o mediación. Además, la importancia en la contratación de los aspectos ESG será cada vez mayor en los próximos años.
En resumen, esperamos que el mercado de la construcción a nivel global continúe creciendo por encima del PIB, que los riesgos para la inversión derivados de la debilidad de las finanzas públicas queden mitigados por un mayor recurso a la colaboración público-privada y que la transformación de las empresas del sector mediante la mejora en la eficiencia operacional, la industrialización de procesos, el control de los riesgos y los cambios en los modelos de contratación permita a las compañías del sector alcanzar una rentabilidad sostenible a largo plazo.
Javier Parada Pardo es socio responsable global de ingeniería y construcción de Deloitte