La Audiencia Nacional imputa al director de comunicación de BBVA y a Francisco González
Por un nuevo delito en el caso Villarejo El exbanquero recurre el auto
El juez Manuel García-Castellón de la Audiencia Nacional finalmente ha imputado al director de comunicación de BBVA, Paul García Tobin, y a el expresidente del banco, Francisco González, por el caso Villarejo, como pidió el pasado 8 de julio la Fiscalía.
El juez, además, ha solicitado nuevas pruebas para comprobar la colaboración del banco en su investigación interna.
Así, el juez ha imputado un nuevo delito de administración desleal al expresidente de BBVA por supuestamente, usar la entidad para obtener información sobre una finca que estaba interesado en comprar a título personal-
García-Castellón ha achacado a González este nuevo delito "al haber utilizado recurso de la entidad para su uso exclusivamente personal". "En concreto, la utilización de recurso para valorar la adquisición de una finca a título privado", ha indicado.
El auto, firmado el día 20, expone respecto a García Tobin que deberá acudir investigado por haber entregado un documento del banco que "no responde a lo que se dijo se iba a aportar".
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha atendido así a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en un escrito donde atribuía a González un presunto delito de administración desleal "por haber utilizado recursos" de BBVA "para su uso exclusivamente personal", en referencia a una valoración encargada para la adquisición de una finca a título privado.
González, por su parte, niega haber encargado a la empresa Cenyt, vinculada al excomisario Villarejo, un informe para valorar la adquisición de una finca a título personal, y dice que todas las gestiones que realizó con "brokers" y tasadoras fueron pagadas "de su bolsillo".
El expresidente ha remitido un recurso de reforma, al que ha tenido acceso Cnco Días, en el que pide a García Castellón, que dé marcha atrás a su decisión de investigarle por administración desleal en este caso, que, hasta ahora, se centraba en cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
El banquero advierte de una falta de motivación en el informe del Ministerio Fiscal, que ni concreta los recursos supuestamente empleados ni identifica a qué finca se refiere.
Según su letrado, la petición de la Fiscalía podría deberse a "gestiones realizadas sobre determinadas fincas, entre ellas, una en El Escorial sobre la que se realizaron unos presuntos informes de Cenyt denominados como 'Rick'".
Plantea esta "suposición" a raíz de la declaración como investigado del que fuera director del gabinete de presidencia y actual jefe de auditoría interna de BBVA, Joaquín Gortari.
No obstante, el escrito, de 17 páginas, avisa de que González "no ha conocido nunca antes de su personación en esta causa" el contenido de dichos informes, elaborados a partir de información de "fuentes públicas" o que aparecía en "internet en aquella época (por ejemplo, noticias de prensa)".
En este punto, el expresidente de BBVA recuerda que ya en el interrogatorio celebrado en noviembre de 2019, explicó a preguntas de Anticorrupción "que nunca encargó gestiones de localización y valoración de fincas a ninguna persona del banco".
A lo sumo, prosigue, pudo "pedir al jefe de gabinete, Joaquín Gortari, que realizase una serie de averiguaciones relativas a la situación registral de la finca".
Ahora bien, este tipo de encargo "no supone en ningún caso la comisión de un delito de administración desleal", no en vano se trata de una "actuación a todas luces esencial para salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio de una entidad financiera de primer nivel".
Y es que, "cualquier actuación en el ámbito privado de Francisco González con un tercero que no se ajustara a los más esenciales principios éticos y de legalidad, o que pudiera generar un conflicto de intereses, contaminaría, inevitablemente" al propio banco.
Por lo tanto, de haber adquirido, aunque fuera a título privado, una finca a una persona que pudiera estar relacionada con algún tipo de delito o en situación irregular, esta circunstancia "atacaría a la
entidad" y causaría "un enorme daño reputacional a BBVA".
De esta forma, recalca su defensa, "lejos de tratarse de una actuación desleal", González "habría buscado, en todo caso, proteger los intereses de la sociedad".
El banquero rechaza haber encargado a Cenyt la elaboración de informes sobre este tema, y asevera que, en el caso de que fueran realmente elaborados por la empresa de Villarejo, sólo los ha conocido en esta causa.
Del mismo modo, asegura que desconocía que se hubiera pagado a esa compañía "cantidad alguna por las posibles averiguaciones que pudiera haber pedido a Gortari".
El letrado de González se remite a la declaración del jefe de auditoría interna del BBVA, que la semana pasada ratificó la versión que dio en el pliego de descargo por el expediente disciplinario que el banco abrió el 24 de julio de 2019, y que cuatro días más tarde le exoneró de cualquier
tipo de responsabilidad en los hechos.
Y añade que, de hecho, "el señor González pagó de su bolsillo a los 'brokers' que hicieron gestiones en relación con la finca en la que tenía interés".
El recurso añade que la Fiscalía no está legitimada para iniciar un procedimiento por un delito de administración desleal, pues requiere una denuncia previa del afectado.
En su opinión, los hechos sólo habrían perjudicado a una persona jurídica, el BBVA, pero el banco no ha emprendido ningún tipo de acción legal.
La "operación Trampa", novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control
de la entidad que finalmente no tuvo éxito.
A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto de BBVA como de González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, o el ex consejero delegado Ángel Cano.