Los retos de la transición ecológica en el Parlamento

El diseño de las reformas energéticas debe tener presente su efecto sobre la competitividad, así como sobre la equidad y la cohesión territorial de España

La factura de la luz lleva encadenando semanas de subidas que por el momento apuntan a que podría superar los máximos alcanzados en la serie histórica, toda vez que el precio de la electricidad ha superado los 90 euros por megavatio-hora. Este incremento, que se produce fundamentalmente por un alza del precio de los derechos de emisión de CO2 impulsada por la recuperación económica tras el momento más duro de la pandemia y alimentada por la mayor ambición climática de la que han hecho gala las instituciones comunitarias y los países europeos, ha llevado al Gobierno a adoptar medidas para tratar de controlarlo. Las primeras se han centrado en el apartado fiscal de la tarifa eléctrica, incluyendo una bajada temporal del IVA del tipo general 21% al reducido del 10% para los pequeños consumidores.

Pero además de los impuestos, la segunda vía a través de la cual el Gobierno puede incidir en el precio de la luz son los cargos, con los que se financian políticas de interés general en el ámbito energético. En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado el proyecto de Ley por la que se regula el nuevo Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que ahora deberá ser tramitado por las Cortes Generales. Con esta medida, el Gobierno pretende sacar de la tarifa eléctrica los cargos asociados a la financiación del régimen retributivo de las renovables, la cogeneración y los residuos (Recore), lo que se estima que permitiría reducir el recibo de la luz en torno a un 16%.

El nuevo fondo se financiaría en una parte importante mediante aportaciones económicas de todos los operadores energéticos. De este modo, si hasta ahora el Recore se financiaba exclusivamente por los consumidores eléctricos, ahora pasará a ser soportado por todos los vectores energéticos: petróleo, gas natural y electricidad.

Ya desde su mismo anuncio, la iniciativa no ha estado exenta de controversia. La principal razón está en el eventual impacto económico que puedan tener estas aportaciones de los operadores energéticos, cuestión que ha llegado a ser advertida por la propia CNMC. Desde sectores industriales se teme una pérdida de competitividad como resultado de que los mayores costes que supongan estas aportaciones acaben repercutiéndose, por un lado, en el precio de la electricidad –lo que sería paradójico, ya que iría en contra del objetivo de la reforma, que no es otro que abaratar el precio de la factura eléctrica–; y por otro, en el precio de los combustibles, al realizarse estas aportaciones también por los suministradores de petróleos y gas natural. Con la diferencia, en este último caso, de que el incremento de precios no vendría compensado por ninguna bajada previa.

Asimismo, otro motivo de preocupación tiene que ver con los efectos redistributivos de esta repercusión de costes, ya que lógicamente afectará más a los hogares que dediquen una fracción mayor de sus recursos al consumo de combustibles fósiles que al de electricidad. Una realidad que es prevalente, por ejemplo, en los hogares de la España rural, en los que todavía las calefacciones de gasóleo siguen siendo habituales y en donde el desplazamiento en medias y cortas distancias en coche supera ampliamente al transporte colectivo.

Siendo consciente de este reto, la propia norma contempla dos medidas para intentar minorar y, seguidamente, compensar, los costes indirectos generados por la puesta en marcha del fondo. Así, se prevé que determinados suministros no computen a la hora de calcular las cuotas que los distintos operadores tienen que pagar al fondo, evitando así que generen costes que luego puedan repercutirse. Es el caso de los suministros de petróleo o de gas natural para la generación eléctrica y la cogeneración –aunque en este caso, sólo por la parte dedicada a la producción de electricidad pero no a la de calor–, de queroseno para la aviación o de biocarburantes sostenibles y biogás.

Adicionalmente, la norma prevé que el Gobierno deberá desarrollar un mecanismo de compensación de costes indirectos para determinadas actividades. Éste se aplicaría, en primer lugar, a los consumidores industriales de electricidad y gas natural, pero solo en aquellos sectores considerados en riesgo de deslocalización por fuga de carbono. Igualmente, se aplicaría a los servicios de transporte pesado de mercancías por carretera, el transporte de pasajeros regular u ocasional, los taxis y, como novedad, los vehículos de turismo con conductor (VTC), tan presentes hoy día por la extensión de plataformas digitales.

El hecho de que la relación de beneficiarios sea tan reducida también ha sido fuente de polémica, dado que implica dejar fuera de esta compensación a otras actividades para las que el uso de un vehículo constituye el mismo objeto de su actividad, o bien un elemento imprescindible en la práctica, tales como el transporte sanitario, las autoescuelas, los servicios de mensajería o el reparto a domicilio, entre otras. Por no hablar de los miles de autónomos que todos los días necesitan utilizar un coche o una furgoneta en tareas relacionadas con su negocio.

Todas estas cuestiones serán algunas de las que protagonizarán los debates durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. La propuesta persigue objetivos importantes y necesarios para avanzar en el proceso de transición ecológica sostenible, pero las controversias surgidas en torno a determinados aspectos de su diseño nos recuerdan la necesidad de que las reformas energéticas tengan presente su dimensión sobre la competitividad y también sobre la equidad y la cohesión territorial. Porque la transición ecológica, o es justa e inclusiva y prevé los mecanismos compensatorios necesarios para garantizarlo, o difícilmente será posible que genere complicidades en el conjunto de la sociedad.

Ramón Mateo es Director de beBartlet, gabinete de incidencia pública