La formación de los precios de la luz necesita más que remedios temporales

Hay que buscar soluciones que permitan avanzar hacia un mercado lo más eficiente y transparente posible

La decisión del Gobierno de rebajar la carga fiscal de la electricidad durante los próximos seis meses para abaratar la desbocada factura de la luz en España a los particulares constituye una solución bienintencionada, pero meramente temporal para un problema que tiene raíces estructurales. La modificación que ha diseñado el Ejecutivo, que rebaja el IVA de la electricidad del 21% al 10% y suspende el impuesto de generación, se aplicará hasta fin de año en el caso de la primera y durante el tercer trimestre en el de la segunda, y de manera general a todos los consumidores con potencia contratada de hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por megavatio hora (MWh). Hay que recordar que la media de los días transcurridos de junio ha llegado a 81,5 euros por MWh. La medida busca poner coto a los altos precios que ha alcanzado la energía en los últimos meses en España, y que previsiblemente se mantendrán inusitadamente altos al menos en los próximos meses. Como explicó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la reforma supondrá un ahorro de más del 10% del recibo para los hogares, mientras que, según los cálculos de Airef, el recorte del IVA hará que las arcas del Estado dejen de ingresar entre 1.100 y 1.300 millones de euros.

La decisión del Gobierno tendrá un reflejo moderado aunque inmediato en el recibo de la luz, pero no pasa de ser un recurso limitado para frenar la escalada de los precios de la electricidad, tal y como ocurrió en septiembre de 2018, cuando el Ejecutivo decretó la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. Se trata, en cualquier caso, de un parche a un problema que tiene raíces estructurales complejas, dado que no solo tienen que ver con el funcionamiento del actual modelo de fijación de precios del mercado eléctrico, sino también con los crecientes costes que el proceso de descarbonización de la economía está suponiendo para el sector, debido a los precios de mercado de los derechos de emisión de CO2, así como a un encarecimiento en el precio del gas, y al déficit en la generación puntual de los formatos más baratos...

El tránsito hacia la generalización de la energía verde será muy costoso, y con el actual esquema de fijación de precios seguirá presionando, y seguramente de forma creciente, sobre la factura. Ante tal circunstancia, no hay que descartar una reforma estructural del sistema a futuro, cuyo principal objetivo sea modificar el mercado marginalista de la electricidad y avanzar hacia un nuevo modelo, más sencillo y estable, que proporcione también garantías al inversor. Pero no hay fecha. Es una asignatura pendiente del mercado eléctrico en España y resulta urgente abordarla.