Las empresas responsables necesitan gobiernos coherentes

El sector turístico no ha contado con un plan de rescate específico que le permitiera mantener su competitividad y proteger su tejido empresarial

El turismo ha sido uno de los sectores más damnificados por la crisis y, sobre esta cuestión, ya no hay en discusión. El Instituto de Estudios Económicos de nuestra organización ha cuantificado las pérdidas del sector en 100.000 millones de euros, con una reducción de su aportación al PIB de 8 puntos porcentuales (desde un 12% a un 4%). Además, la incertidumbre que pesa sobre su evolución futura, al menos en el horizonte de 2021 y ejercicios siguientes, aún está encima de la mesa.

Las compañías aéreas (IATA) indican que la recuperación llegará entre el 2024 y el 2029, entendiendo por recuperación los niveles de conectividad y, por tanto, las cifras de movilidad, similares al 2019. Con esta situación, y más de medio millón de trabajadores todavía en ERTE, el sector turístico no ha contado con un plan específico de rescate que le permitiera mantener su competitividad y salvaguardar el tejido empresarial.

Sí es cierto, que España ha puesto a disposición de los diferentes sectores económicos, sin excluir al sector turístico, herramientas para la protección del empleo (ERTE) y mecanismos para la inyección de capital, vía deuda, en las empresas. Sin embargo, no se ha desarrollado ninguna otra ayuda o apoyo para la reducción de costes en el marco de competencias turísticas y económicas de España.

Fue el pasado mes de marzo cuando, a través del RD Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del Covid-19, se anunciaron 7.000 millones de euros de ayudas para todo el sector empresarial –sector turístico incluido– afectado por la pandemia. Posteriormente, el 20 de abril, a través de otro real decreto, se concretó la gobernanza de esas ayudas, o lo que es lo mismo, quién sería el asignatario de estas.

El RD 6/2021, estructurado en un único artículo y una disposición final primera, establece la modificación del artículo 3 del Real Decreto ley 5/2020. Para ello, dispone la posibilidad de que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan incluir como beneficiarios de estas ayudas otros sectores, adicionales a los ya establecidos, que hayan sido particularmente afectados por la pandemia en el ámbito de su territorio, debidamente justificadas en su convocatoria. Además, indica que las medidas establecidas requerirán de un desarrollo normativo a nivel autonómico o, lo que es lo mismo, serán las comunidades autónomas las encargadas de la asignación de los fondos.

Sin entrar a valorar si la cuantía de 7.000 millones, de los cuales 1.800 van directamente para las zonas turísticas más perjudicadas (territorios insulares) es la correcta o no, la sorpresa para el sector turístico –y para otros sectores– ha sido mayúscula cuando, por interpretación del Ministerio de Hacienda, esas ayudas no pueden ser solicitadas como compensación del pago de facturas ya pagadas, solo y exclusivamente –son ya siete comunidades autónomas que han puesto en marcha su asignación– pueden destinarse al pago de deudas.

Que las empresas españolas son responsables, creo que nadie lo pone en duda. Y que han sido ejemplo de solidaridad durante la crisis generada por la pandemia, creo que ha quedado en evidencia, entre otras muchas cosas, con el pago de facturas a proveedores para evitar el colapso de pequeñas, medianas y grandes empresas. Participar de una supervivencia colectiva es lo que, hasta ahora, ha llevado al éxito turístico de España.

No podemos apoyarnos en las ayudas puestas a disposición –recordar que los empresarios de otros países de nuestro entorno llevan meses siendo apoyados económicamente– por haber pagado a nuestros proveedores previamente y dicha situación nos llevará, con toda seguridad, a no poder hacer frente a pagos futuros y a no poder retomar la actividad con los niveles de calidad precovid.

Dicho de otra forma, sin acceso a más ayudas, las empresas no podrán recuperarse de la pérdida de competitividad que ahora les lastra, lo que afectará a la competitividad país, hecho ya puesto de manifiesto en algunos estudios publicados. Las ayudas, por clarificar, son el apoyo que, especialmente pymes y autónomos, necesitan para poder sobrevivir a la crisis.

Solo pedimos coherencia y simplicidad, la administración no debe dilucidar sus propias normas para restringir el apoyo al sector. Las empresas son el engranaje que genera empleo y bienestar. Necesitamos sobrevivir, y sí, es una llamada desesperada a la acción retrocediendo en esa interpretación.

El siguiente capítulo, una vez resuelta la asignación de las ayudas directas, son los fondos europeos. Recientemente aprobados por Bruselas los proyectos que ha presentado España, nos gustaría aprovechar esta tribuna para solicitar coherencia, simplicidad y transparencia. Es imprescindible que los fondos lleguen a las empresas. Eso implica que se tienen que formular y desarrollar mecanismos accesibles (legibles/seguros/realistas) para que las pymes de España puedan actualizar sus procesos con el apoyo de los programas alrededor de los que giran los fondos. Digitalización; sostenibilidad; cohesión territorial. Los calendarios empresariales son fundamentales para conseguir que los objetivos marcados sobre el papel se puedan convertir en realidad.

España es una experiencia de éxito en el sector turístico y debe ser seguir siéndolo, porque contamos con el capital humano, las infraestructuras y los atractivos naturales para ello. Avanzar, evolucionar y adaptar las estructuras para conseguir un equilibrio entre desarrollo, conservación medio ambiental y bienestar es el gran reto de los próximos años. Reto que sólo se alcanzará con inversión, nunca con prohibición, lo que hace imprescindibles estos instrumentos de diálogo entre empresas y Gobierno para conseguirlo.

Jaime García-Calzada es Presidente del Consejo de Turismo de CEOE