Despoblación rural: pueblos y familias, una nueva oportunidad
Más allá de las respuestas políticas, otras organizaciones llevan a cabo las suyas La Fundación Madrina impulsa el realojo de familias con niños en pueblos
La combinación de una baja natalidad, del envejecimiento y la progresiva desaparición de tejido productivo es un cóctel peligroso. El cóctel se sirve especialmente en zonas rurales. Años de pérdidas de población en beneficio de las áreas urbanas dejan un problema difícil de resolver y, lejos de tender a solucionarse, las perspectivas que manejan organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apuntan a que irá a peor.
Según cifras de la ONU, en 2020 un 43,83% de la población mundial vivía en áreas rurales. Para 2050, estiman que bajará al 31,64%. La ONU muestra que, para variar, este problema de la despoblación rural se ceba más con los países desarrollados. Los casos de México y España van casi a la par. Si nada cambia, en 2050 prácticamente solo una de cada diez personas vivirá fuera de ciudades en estos dos países.
Frente a este escenario y toda la problemática que lleva asociada, los Gobiernos buscan soluciones. En el caso de España, recientemente se impulsó un plan de más de 10.000 millones de euros procedentes de fondos europeos para tratar de paliar el despoblamiento rural. Más allá de esfuerzos políticos, otros agentes de la sociedad tratan de combatir esta tendencia hasta ahora arrolladora. Es el caso de la Fundación Madrina.
Autodefinida como una entidad de carácter benéfico asistencial, desde hace seis años llevan a cabo una iniciativa llamada “pueblos madrina” dirigida a solucionar dos problemas a la vez. La fundación contacta con pueblos afectados por la despoblación en busca de viviendas vacías y en alquiler, y facilita la llegada a la villa de familias con niños que atraviesen una mala situación económica. Así, personas cuya vida era difícil en la ciudad consiguen empezar de nuevo, y pueblos que se encaminaban al abandono y a la pérdida de servicios como la educación pueden frenar ese proceso.
El presidente y fundador de Fundación Madrina, Conrado Jiménez Agrela, explica que los “pueblos madrina” se sitúan en Castilla-La Mancha, Extremadura y, principalmente, en la provincia castellanoleonesa de Ávila. En esta última, varias poblaciones cercanas a la capital participan en el programa. “A lo largo de estos años de iniciativa, en la que se incluye también la acogida de familias monoparentales, estamos hablando de más de 300 familias atendidas y alrededor de 1.000 niños”, detalla Jiménez.
Cómo funciona
El proceso no es simple. Son las familias las que solicitan entrar en el programa y las que, a través de la fundación, tratan de convencer con mensajes en vídeo a los alcaldes de los pueblos participantes. La fundación, por su parte, estudia a las familias caso por caso, fijándose en si están estructuradas, en su actitud y en si realmente quieren vivir en alguno de los pueblos a los que llevan de visita. La decisión final depende no solo de la familia sino también en gran parte de los alcaldes y, sobre todo, del arrendador de la vivienda, con la fundación en el papel de mediadora y asesora.
Tras llegar al pueblo, la organización garantiza que la adaptación vaya sobre ruedas y asume el coste del alquiler de la vivienda así como los gastos corrientes. El alquier se ejecuta mediante un contrato tripartito entre la familia, el arrendador y la propia Fundación. Con este documento, se garantizan el derecho a revisar la vivienda y la situación de la familia con visitas periódicas de trabajadores sociales y psicólogos.
Una vez asentados allí, la misión es el arraigo. Es decir, que no sea flor de un día, que la familia permanezca en el pueblo de forma autosuficiente. Para ello, buscan empleo a las personas que llegan al pueblo. “El empleo es fundamental. Contar con un alojamiento barato. El tener el colegio cerca o bien adaptado a las necesidades de las familias, un autobús que cuando, los niños crezcan, los recoja aquí y les lleve a la ciudad cercana. El tema sanitario...” enumera Jiménez como los requisitos para un arraigo efectivo.
La fundación trata de que las familias que se han logrado establecer en un pueblo no estén solas. Si hay más familias en la misma situación, se abre la puerta a la cooperación. “Por ejemplo, hemos comprado un vehículo que está a disposición de una de las familias en Amavida, pero trabaja con todas las que hay en el pueblo, también pagamos el coste del carnet de conducir”, dice el presidente.
A la hora de buscar empleo,que escasea en áreas rurales, la organización señala que las actividades que suelen proporcionar empleo son construcción, cuidado de personas mayores, estética, hostelería y agricultura o ganadería.
“La clave es que venimos periódicamente a verles. Hemos apreciado aquí en distintas regiones que hay instituciones o alcaldes que lo han hecho a su manera. Han cogido poblaciones rumanas, argentinas o árabes y no les ha funcionado. Se acomodaron con ayudas y dejaron de trabajar, o se han quedado de okupas. Los pueblos tienen mucho miedo a la ocupación. Nosotros tenemos un contrato blindado entre los alcaldes, la familia y nosotros. Metemos cláusulas de atención social. Nos da autorización a entrar en la casa, ver cómo está de cuidada. Podemos denunciar el contrato y avisar a las autoridades en caso de problema”, afirma Jiménez.
La iniciativa no está exenta de problemas. En un caso detectaron violencia de género y la propia organización interpuso la denuncia. A modo de prueba de que funciona, Jiménez cuenta que hay familias que llevan viviendo en el mismo sitio desde el inicio del programa.
“No volvería a Madrid”
Antonio Palma y Tamara Sánchez, padre y madre de familia con cuatro hijos, viven en el pueblo abulense de La Torre desde el pasado mes de abril. A raíz de la pandemia, ambos se quedaron sin empleo. La fundación contactó con el alcalde de la localidad, Bernardino Giménez, y él accedió a alquilar por 150 euros al mes la casa propiedad del Ayuntamiento en la que antiguamente vivía la maestra del pueblo. El colegio estaba a punto de cerrar por falta de niños, pero la llegada de la familia lo evitó.
Un mes después de su llegada, Tamara encontró trabajo en la cocina del hotel El Carrascal. “Lo que no he tenido en Madrid en un año aquí lo he conseguido en un mes”. Antonio todavía no tiene empleo. Aunque le costó adaptarse en un principio a la vida rural, no volvería a Madrid. “El barrio en el que vivía había demasiado adicto. No se puede estar tranquilo. Tuve mil problemas con ellos por decirles que al menos no se drogaran delante de niños. Aquí mis hijos van tranquilos por la calle. Estoy encantado”, relata.
Por su parte, Arelis Mercedes, madre soltera de tres hijos reubicada el viernes 11 de junio en Muñogalindo, coincide con la visión de Tamara y Antonio. "Con motivo de la pandemia tanto mi marido como yo perdimos el empleo. Trabajábamos en hostelería. Ahora estamos separados, pero los dos perdimos el trabajo, nos atrasamos con los pagos de la casa… A mucha gente les ha tocado lo mismo. Cuando nos separamos y no teníamos trabajo, buscamos varias alternativas en Madrid. No encontré ayuda". Ahora, buscará una nueva vida en el pueblo de 340 habitantes que eligió por tener la posibilidad de que su hijo adolescente pueda acceder a los servicios de la cercana Ávila.
Jiménez comenta que organizaciones y autoridades europeas han contactado con la Fundación Madrina. “Nosotros tenemos el know how, sabemos las cosas que asientan a las familias y las que no. No se trata de traer familias y ya, ni de darles una ayuda económica y punto, porque una familia es muy compleja”.
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