Cuenta atrás para encontrar la ‘vacuna económica’

España tiene 18 meses por delante para poner las bases de un modelo productivo capaz de sobrevivir sin el “lo que haga falta” de Fráncfort

El miércoles, la Comisión Europea, de la mano del vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas, Valdis Dombrovskis; del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y del comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, presentó el paquete de recomendaciones del semestre europeo. Y, como suele ser habitual los últimos años, la economía española ocupó buena parte de las recomendaciones.

El semestre europeo es un espacio de coordinación de políticas económicas, presupuestarias, sociales y de empleo dentro de la Unión Europea. Forma parte del marco de gobernanza económica de la UE. Así pues, se trata de sugerir una serie de recomendaciones y medidas para cohesionar las economías de la UE, y en las que los Estados miembros trabajan especialmente durante los primeros meses del año, de ahí el nombre de semestre europeo.

De la economía española se habló mucho y se reconoció abiertamente que España está experimentando desequilibrios, una manera educada de referirse a la que probablemente acabe siendo la peor recesión de la Europa pos-Covid. La Comisión hace énfasis en las “vulnerabilidades” que sufre la economía española experimentando al mismo tiempo un elevado nivel de endeudamiento, que no se veía en España desde 1902; y una elevadísima tasa de de­sempleo, aún edulcorada por los ERTE, que no se prevé empiece a descender hasta el año que viene.

En nuestro caso, la casilla de salida de la crisis económica derivada del Covid es notablemente peor que el punto de partida de la crisis financiera. En 2008 la tasa de paro se movía alrededor del 8%; en 2020, alrededor del 14%; la deuda pública suponía un 40% del PIB, mientras que al inicio de la pandemia ya era del 100% del PIB, sin olvidar que España no recuperó el PIB nominal de 2008 hasta 2016 (ocho años después). Esto no hace más que aumentar la distancia entre España y los motores económicos de Europa.

A día de hoy, la deuda pública española ya ha alcanzado el 120% del PIB. Para frenar esta aceleración del endeudamiento la Comisión recomienda a todos los Estados poner especial atención en los gastos del funcionamiento ordinario de la Administración, concretamente solicitan “una política fiscal prudente” para poder acotar el incremento del gasto público. Debería preo­cuparnos no tanto el aumento del gasto público y el consiguiente endeudamiento, como la finalidad de ese incremento de gasto/endeudamiento, es decir, para qué nos endeudamos. Si fuera para mejorar la productividad, impulsar la creación de empleo o poner en marcha los cambios estructurales que la economía española necesita, no sería un problema. Pero me temo que buena parte de ese incremento de deuda tiene como fin mantener la Administración funcionando.

Una de las principales recomendaciones de Bruselas es que las ayudas procedentes del plan Next Generation EU financien inversiones adicionales que fomenten el crecimiento desde una perspectiva de transformación digital y ecológica, y afronten los principales problemas estructurales de la economía española. Estos problemas serían los derivados de la baja productividad, el elevado nivel de desempleo y el elevado peso del sector servicios. Seguirán ayudando a las finanzas públicas, pero advierten de la necesidad de no acomodarse en el déficit.

El semestre europeo confirma que la cláusula de escape general, que permite el incumplimiento de las reglas fiscales para combatir los efectos de la pandemia seguirá en vigor en 2022 y se desactive con la entrada de 2023. Se habla de “evitar una retirada prematura del apoyo y hacer un uso de la financiación del Fondo de Recuperación y Resiliencia”, apuntando que se analizará la retirada de medidas fiscales caso por caso. Es decir, quizá no será de golpe, pero en 2023 sí se iniciará el fin de la barra libre fiscal y los Estados deberán adoptar posiciones fiscalmente más sostenibles.

Si estuviera en vigor el Pacto de Estabilidad y Crecimiento solo tres países (Bulgaria, Dinamarca y Suecia) cumplirían las dos principales reglas: mantener el déficit por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del 60%. Si solo se toma en referencia la deuda pública, 13 Estados rebasan el 60%: España, Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Hungría, Austria, Portugal, Eslovenia y Finlandia.

Según lo manifestado ayer en el marco del semestre europeo, a España le quedan 18 meses para encontrar una “vacuna económica”, una receta que le permita salir de la crisis sin los elevados costes con los que supuestamente se había salido de las anteriores. Y digo supuestamente porque como he explicado en párrafos anteriores, España afronta una crisis económica sin haber llegado a salir de la anterior. Estos costes los encontramos en un elevado nivel de desempleo –estructuralmente altísimo–, que lastra la recuperación económica por una caída de la demanda interna y lastra las finanzas públicas por una reducción de ingresos (principalmente por caída de IRPF) y un aumento de los gastos (principalmente por prestaciones). Además, un elevado nivel de desempleo provoca salarios bajos, poco consumo y mucha rotación laboral, cronificando la temporalidad y un mercado dual que impide que los que tienen trabajo tampoco consuman en exceso. Si a esto le añadimos el problema de las pensiones y las dificultades que se prevén para el sector turístico este verano (un 15% del PIB de nuestra economía), el panorama es desolador.

Si la capacidad de endeudamiento público no se ha visto alterada notablemente ha sido por el papel del BCE y su política monetaria y sus compras masivas de activos, que han engrosado el balance del BCE hasta más de un 60% del PIB de la eurozona. Tenemos año y medio por delante para poner las bases de una economía capaz de sobrevivir sin el “lo que haga falta” de Fráncfort.

Albert Guivernau es Profesor de Economía e investigador de la Cátedra Jean Monnet en Integración Fiscal Europea (Eufis) de la Universitat Abat Oliba CEU