El recorte a las eléctricas supondrá el 25% de los ingresos de nuclear e hidráulica
Transición Ecológica cifra en unos 4.000 millones de euros los ingresos medios anuales por mercado de la nuclear y la hidráulica entre 2012 y 2020
El recorte de más de 1.000 millones de euros que el Gobierno prevé aplicar sobre el exceso de retribución que percibe la generación hidráulica y nuclear representa en torno al 25% de la facturación media anual de las centrales afectadas. Según recoge la memoria de análisis de impacto del anteproyecto de ley para reducir los llamados beneficios caídos del cielo (windfall profit, en inglés), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cifra en unos 4.000 millones de euros los ingresos medios anuales de estas tecnologías, entre 2012 y 2020.
En el caso de la energía nuclear, el análisis recoge que supone de media entre el 20% y el 21% de la energía generada en España y que debido a su funcionamiento en base, percibe el precio medio del mercado en términos anuales. En los últimos nueve años, sus ingresos medios anuales por mercado han sido en promedio de 1.577 millones.
Por su parte, en lo que respecta a la generación hidráulica, el informe diferencia entre dos tipos de centrales: gestionables (con embalse), que son las centrales de mayor potencia y que producen principalmente en las horas punta, y las no gestionables (fluyentes), que se comportan de manera similar a la nuclear en cuanto a sus ofertas y precios. Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica estima que la hidráulica suele percibir precios medios superiores a la media aritmética del mercado y que se corresponde con 1.375 millones anuales.
Con esos datos, y asumiendo una producción media anual de 80 teravatios hora (TWh) sujeta a minoración y con un precio medio de 50 euros por tonelada de CO2, el recorte en los ingresos de las eléctricas serían de esos 1.050 millones de euros al año, en torno al 25% de la facturación media anual de las centrales afectadas.
En relación con el número de instalaciones afectadas por el recorte a la retribución, el ministerio detalla que existen unas 900 instalaciones no emisoras que se pusieron en servicio antes de marzo de 2005. Sin embargo, teniendo en cuenta la exención para las centrales menores de 10 MW, en total se verán afectadas unas 320 instalaciones.
Reducción de la factura
Esta medida, que está sometida a audiencia pública hasta el 10 de junio para su aprobación, permitirá reducir los precios finales de la factura eléctrica. Así, el análisis realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estima que con un precio el mercado de 41 euros por MW/h los consumidores domésticos ahorrarán un 4,8% en la factura de la luz, las pymes un 4,6%, la industria un 3,9% y la gran industria un 1,5%.
Además, el documento indica que el 10% de lo recaudado se destinará a las Administraciones públicas para la cofinanciación del suministro eléctrico a los consumidores más vulnerables en riesgo de exclusión social. Así, se podrán beneficiar de esta nueva categoría hasta 367.000 nuevos hogares por cada 100 millones destinados a este fin. Para estos consumidores el importe íntegro de su factura eléctrica pasará a estar cofinanciado por las comercializadoras y las Administraciones públicas, además de tener la consideración de suministro esencial, a los efectos de la imposibilidad de corte de suministro.
El informe revela que actualmente hay 1,3 millones de consumidores acogidos al bono social, de los cuales 612.000 corresponden con consumidores vulnerables severos, y 7.298 se encuentran en riesgo de exclusión social, por lo que con la entrada en vigor de esta medida el 60% de los consumidores que actualmente pertenecen a la categoría de consumidores vulnerables severos pasarían a contar con la especial protección.
Otras alternativas
Por otra parte, el Gobierno subraya que manejó otras alternativas para dar una respuesta a esta situación, como el establecimiento de una retribución regulada para estas instalaciones, mediante un precio regulado y una liquidación en mercado basado en un mecanismo de 'Contrato por diferencias', que había sido propuesta desde distintos ámbitos de la sociedad civil y el mundo académico.
No obstante, esta vía de actuación se descartó "por su difícil encaje en la normativa de mercado interior y por las dificultades operativas para su implementación", ya que exigiría desarrollar una metodología para el establecimiento de la retribución de cada activo basado en sus costes, ingresos y grado de amortización de los activos, que impediría su efectiva aplicación inmediata.
Finalmente, se decantó por esta minoración del sobreingreso provocado por el CO2 no emitido del mercado, ya que se trata de un mecanismo prácticamente idéntico, en lo que se refiere a la minoración del dividendo del CO2 de las estaciones inframarginales no emisoras, al que estuvo en vigor en España entre 2006 y 2009 y que fue validado por los tribunales nacionales y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2013.
En este sentido, defiende que se trata de una propuesta "respetuosa con los principios y marcos normativos del mercado interior de la energía y del mercado de carbono en la UE, y que cumple con el principio de proporcionalidad, "ya que no se está recortando la retribución al que ya tiene poco, sino precisamente, al que se aprovecha de un factor de precio que no tiene en su estructura real de costes".