El alivio de la tarifa eléctrica endosa 8.000 millones a las energéticas

El sector estudia recurrir el ajuste adicional sobre nucleares e hidroeléctricas y cree que va contra el derecho de la UE

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. EFE

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno para abaratar la factura de la luz harán que las energéticas afronten el pago de unos 8.000 millones de euros. El plan para reducir los llamados beneficios del cielo (windfall profits, en inglés) de las nucleares e hidráulicas supondrá un recorte de 1.000 millones de euros de la retribución que reciben las empresas, que también deberán asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), de entre 6.500 y 7.000 millones.

El Ejecutivo sorprendió a mediados de diciembre del año pasado con un rediseño del actual sistema energético, creado en 2012 por el Ejecutivo del PP. En concreto, se aprobó el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el objetivo de rebajar un 13% la factura de la luz en cinco años tras sacar del recibo el coste de las primas a las energías renovables.

Bajo el sistema energético actual son los consumidores (particulares y empresas) los que cargan con los costes asociados al Recore, pero ahora se repartirán los esfuerzos. Las primas a las renovables suponen 7.000 millones de euros al año, el equivalente al 16% de la factura eléctrica.

En total, en 2021, los comercializadores de todos los sectores energéticos deberían aportar al fondo 954 millones de euros, el 20% de las primas previstas para dicho año. El FNSSE sustituirá gradualmente los cargos fijos del sistema eléctrico del Recore en cinco años.

Las compañías petroleras, entre las que destacan Repsol, Cepsa o BP, son las que más sufrirán las consecuencias del mecanismo. El Ejecutivo barajó en su día la posibilidad de financiar las renovables mediante los Presupuestos Generales del Estado, pero quedó descartada debido a la coyuntura actual desde el punto de vista de ingresos y gastos públicos.

Para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema Están exentos de contribuir al fondo el consumo eléctrico para almacenamiento, el gasóleo agrícola, el gas natural para cogeneración y generación eléctrica, el gasóleo y gas natural para navegación y pesca [excepto embarcaciones de recreo], así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.

Asimismo, habrá bonificaciones por posibles costes indirectos para el gasóleo de usos profesionales, y la industria electrointensiva y consumidora de gas natural. También se ha incluido entre los sectores con exenciones a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), algo no previsto en el anteproyecto.

La liquidación de los sujetos obligados será mensual para que el coeficiente de cobertura del sistema eléctrico tenga una senda más estable, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que estima que entre ocho, nueve o diez sujetos, que suponen más del 30% de la cuota energética total, haría aportaciones mensuales.

Freno a la sobrerretribución

Por otro lado, otra causa por la que bajará el recibo de la luz tanto para el consumidor doméstico como industrial será el freno la sobrerretribución que percibe en el mercado mayorista la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005.

El Gobierno quiere compensar el impacto que está teniendo en el coste de la electricidad el alza de los precios del dióxido de carbono (CO2) y atajar las posibles consecuencias que esto pudiera tener en la recuperación de las economías domésticas e industrial, con rebajas en la factura de la luz de alrededor del 4,8% para consumidores domésticos y del 1,5% para la gran industria.

Con este anteproyecto de ley, estudiado este martes en Consejo de Ministros, las eléctricas tendrán que repercutir en su coste de producción los derechos de emisión del CO2 para estas dos modalidades de generación, por lo que se les descontará del precio del mercado mayorista.

Según la cartera que dirige Ribera, con estos ingresos del mecanismo se sufragará parte de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables severos en riegos de exclusión social, con un 10% del total, mientras que el 90% restante se destinará a financiar los costes asociados al Recore.

El Gobierno estima que entre el FNSSE y la menor retribución a la generación de energías nuclear e hidráulica, los consumidores domésticos podrían beneficiarse de una rebaja en el coste final del recibo de la luz de hasta un 15%.

No obstante, no descarta que las empresas recurran ante la justicia. Fuentes del mercado señalan que cualquier propuesta de poner un techo a la retribución nuclear e hidroeléctrica tendría que aprobarse en Bruselas, "donde no será simple justificar la penalización de estas tecnologías no emisoras". Las mismas fuentes advierten de que dicha medida introduciría una limitación de su competitividad.

Contra el derecho de la UE

"El anteproyecto va en contra del derecho comunitario y es una intervención en los precios de mercado no acorde con el trabajo de credibilidad-país realizado en los últimos años", subrayan.

Además, indican que estas medidas "ponen en riesgo el futuro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)", así como que "ni las nucleares ni las hidráulicas están amortizadas", ya que, según argumentan, precisan de "cuantiosas inversiones" al año que las compañías deben seguir amortizando.

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