El Ejecutivo pone en marcha el recorte del ‘dividendo’ a las energías nuclear e hidráulica

Supondrá un recorte anual de 1.000 millones en la retribución que perciben las eléctricas

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este martes.
La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este martes. Europa Press

El Consejo de Ministros ha acordado este martes tramitar el plan del Gobierno para frenar la sobrerretribución que percibe en el mercado mayorista la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005, que se traduciría en un recorte de 1.000 millones en los 'dividendos' que reciben las empresas.

De este modo, con este anteproyecto de ley se abre paso a la reforma del mercado eléctrico con la eliminación de los conocidos como beneficios caídos del cielo (windfall profit, en inglés) para estas tecnologías del mix energético, que estaba incluido en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Según ha detallado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa posterior al Consejo, la medida, que se someterá ahora a audiencia pública para su aprobación, supondrá un recorte anual de 1.000 millones en la retribución que reciben las eléctricas.

El Gobierno quiere compensar el impacto que está teniendo en el coste de la electricidad el alza de los precios del dióxido de carbono (CO2) y atajar las posibles consecuencias que esto pudiera tener en la recuperación de las economías domésticas e industrial, con rebajas en la factura de la luz de alrededor del 4,8% para consumidores domésticos y del 1,5% para la gran industria.

En este sentido, ha defendido que los beneficios por el alza de precios del CO2 debe repercutir también sobre los consumidores domésticos e industriales, y no solo en las cuentas de resultados de las empresas. "Es legítimo que las compañías maximicen su beneficio, pero debemos velar como Gobierno por el interés de los españoles. Es un mecanismo que beneficia a consumidores e inversores", ha subrayado.

Con este anteproyecto de ley, las eléctricas tendrán que repercutir en su coste de producción los derechos de emisión del CO2 para estas dos modalidades de generación, por lo que se les descontará del precio del mercado mayorista.

Según la cartera que dirige Ribera, con estos ingresos del mecanismo se sufragará parte de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables severos en riegos de exclusión social, con un 10% del total, mientras que el 90% restante se destinará a financiar los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore).

Ribera afirma que no habrá un cierre acelerado

Por otro lado, la ministra ha señalado que no teme un cierre acelerado del parque nuclear antes de 2035 por parte de las empresas. Ha recordado que ahora hay unos precios de 50 euros la tonelada de CO2 y de más de 80 euros el megavatio hora (MWh) en la electricidad, mejores incluso que cuando se alcanzó el acuerdo [20 euros por tonelada de CO2 y de 50 euros por MWh] y que garantizan "la rentabilidad" de estas explotaciones con total seguridad.

Las mismas fuentes indican que el sistema es "robusto" jurídicamente, con lo que se pretende así blindar contra las más que seguras demandas por parte de las eléctricas, y es "compatible" con el mercado interior de la energía y de CO2.

La propuesta no perjudica a ninguna planta posterior a 2005 ni alas que cuentan con marco retributivo regulado, así como tampoco a las que se acogena las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura.También se excluyenlas instalaciones de menos de 10 MW. En concreto, se estima que afectará a unos 85 TWh anualmente, de los que un 67% corresponde con generación nuclear, un 29% con hidráulica y menos de 5% a eólica.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo encargado de las liquidaciones del sistema eléctrico, calculará y notificará el importe de minoración para cada instalación. La cuantía se abonará trimestralmente.

De su lado, fuentes del mercado explican a CincoDías que cualquier propuesta de poner un techo a la retribución nuclear e hidroeléctrica tendría que aprobarse en Bruselas, "donde no será simple justificar la penalización de estas tecnologías no emisoras". Las mismas fuentes advierten de que dicha medida introduciría una limitación de su competitividad.

Tras la fuerte sangría que las eléctricas sufrieron ayer en Bolsa, hoy vuelven a caer, aunque con menos intensidad. Iberdrola es la más penalizada hoy con un descenso del 0,9% tras encajar ayer un recorte del 2,4% mientras que las acciones de Endesa, que ayer sufrieron un batacazo del 5,7%, pierden hoy un 0,13% y Acciona está plano después de perder ayer un 2,6% al cierre de mercado.

Para agilizar la adopción de este mecanismo, el Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación nurgente del procedimiento de elaboración y aprobación de este anteproyecto de ley.

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha dado luz verde al proyecto de ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que ahora se remitirá al Congreso de los Diputados y que tiene como objetivo rebajar un 13% la factura de la luz en cinco años tras sacar del recibo el coste de las primas a las energías renovables.

Según cálculos del Ejecutivo, entre el FNSSE y la menor retribución a la generación de energías nuclear e hidráulica, los consumidores domésticos podrían beneficiarse de una rebaja en el coste final del recibo de la luz de hasta un 15%. Además, el Gobierno no descarta que se presenten recursos en los juzgados.

Evolución del precio del CO2

El Ejecutivo destaca que la evolución de precios del CO2 ha cambiado de forma significativa desde 2005. En las últimas semanas se ha producido un aumento de la cotización de los derechos de emisión en el mercado europeo, donde están alcanzando valores superiores a 50 euros por tonelada, lo que supone una subida del 150% respecto al valor de hace un año.

"Esta tendencia y la previsión de que se mantenga ha aumentado la preocupación del Gobierno por el impacto del precio del CO2 en la factura eléctrica que pagan los consumidores y por el lastre que esta situación puede suponer para la recuperación de las economías domésticas e industriales", indican desde Transición Ecológica.

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