El Gobierno manda al Congreso el fondo para costear las renovables

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley para sacar de la factura de la luz los costes asociados al Recore

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (i), durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (i), durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes. EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que ahora se remitirá al Congreso de los Diputados y que tiene como objetivo rebajar un 13% la factura de la luz en cinco años tras sacar del recibo el coste de las primas a las energías renovables.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en rueda de prensa posterior. Bajo el sistema energético actual son los consumidores (particulares y empresas) los que cargan con los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), pero una vez se ponga en marcha el fondo se repartirán los esfuerzos.

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al plan del Ejecutivo para frenar la sobrerretribución que percibe en el mercado mayorista la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005, que se traducirá en una reducción de la factura de la luz entre un 4% y un 5%.

Según cálculos del Ejecutivo, entre el FNSSE y la menor retribución a la generación de energías nuclear e hidráulica, los consumidores domésticos podrían beneficiarse de una rebaja en el coste final del recibo de la luz de hasta un 15%. Así, las compañías afectadas por el fondo pagarán menos de lo previsto inicialmente.

Las compañías petroleras, entre las que destacan Repsol, Cepsa o BP, son las que más sufrirán las consecuencias del mecanismo. Las primas a las renovables suponen 7.000 millones de euros al año, el equivalente al 16% de la factura eléctrica, y, según la memoria económica que acompaña al proyecto de ley, en un principio iban a cargar con la financiación del 43,7% de las primas a las energías renovables para 2025, lo que suponía unos 2.085 millones de euros. En total, en 2021, los comercializadores de todos los sectores energéticos deberían aportar al fondo 954 millones de euros, el 20% de las primas previstas para dicho año. El FNSSE sustituirá gradualmente los cargos fijos del sistema eléctrico del Recore en cinco años.

El Ejecutivo barajó en su día la posibilidad de financiar las renovables mediante los Presupuestos Generales del Estado, pero quedó descartada debido a la coyuntura actual desde el punto de vista de ingresos y gastos públicos.

La cartera que dirige Teresa Ribera ha explicado que la creación del fondo tiene un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.

Exenciones y compensaciones

Para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema

Están exentos de contribuir al Fondo el consumo eléctrico para almacenamiento, el gasóleo agrícola, el gas natural para cogeneración y generación eléctrica, el gasóleo y gas natural para navegación y pesca [excepto embarcaciones de recreo], así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.

Asimismo, habrá bonificaciones por posibles costes indirectos para el gasóleo de usos profesionales, y la industria electrointensiva y consumidora de gas natural. También se ha incluido entre los sectores con exenciones a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), algo no previsto en el anteproyecto.

Otra modificación respecto al anteproyecto es que la liquidación de los sujetos obligados sea mensual y no trimestral para que el coeficiente de cobertura del sistema eléctrico tenga una senda más estable, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que estima que entre ocho, nueve o diez sujetos, que suponen más del 30% de la cuota energética total, harían aportaciones mensuales.

La industria, en contra

La Alianza para la Competitividad de la Industria Española ha advertido al Gobierno de que el fondo supondrá un coste energético adicional a la industria de 2.650 millones de euros y que, por tanto, se pone en peligro su "competitividad".

La alianza -constituida por las patronales Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia)- asegura que la creación del FNSSE, pendiente del dictamen del Consejo de Estado, puede "agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro", después de que haya perdido, desde la crisis económica de 2008, casi un 30% del tejido productivo y un 20% del empleo, y en una situación en la que se ha registrado un "extraordinario" incremento de los costes del gas y la electricidad en España.

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