Trabajo asegura que el plan enviado a Bruselas supone una derogación de la reforma laboral del PP

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha hecho hincapié en que las medidas tendrán que ser aprobadas este año

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este lunes en rueda de prensa.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este lunes en rueda de prensa.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que los cambios en materia laboral contemplados dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia suponen una derogación de la reforma laboral del Partido Popular. “No es sólo la derogación de la reforma laboral del partido popular, porque es mucho más ambicioso. Pero, sin duda, claro que lo es”, ha dicho Díaz, quien ha remarcado la importancia que tiene este plan para el futuro del país. “La legislatura empieza ahora, los cambios empiezan ahora. Nuestro quehacer es darle esperanza a la gente. La legislatura se va a culminar, vamos a trabajar mucho. Se reinicia la legislatura”, ha indicado.

Actualmente, su cartera se encuentra en conversaciones con sindicatos y patronal para tratar los cambios en el mercado de trabajo que quiere el Gobierno. Díaz ha descartado de plano la posibilidad de que dichas negociaciones se alarguen más allá de este año, ya que la intención del Ejecutivo es empezar 2022 con un nuevo marco laboral. “Los plazos en derecho no se discuten, se cumplen. Los fondos europeos dependen de estas grandes transformaciones”, ha asegurado categóricamente la vicepresidenta tercera.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas contiene 110 inversiones y 102 reformas con las que el Gobierno aspira a captar unos 140.000 millones de euros en ayudas y créditos blandos provenientes de la Unión Europea. El Gobierno espera que esa enorme cantidad de dinero le ayude a poner en marcha la economía española, que en 2020 se contrajo un histórico 11% debido a la crisis del coronavirus.

Los principales objetivos que se plantea el ministerio de Trabajo y Economía Social, según ha explicado Díaz en rueda de prensa, es acabar con el paro y la precariedad laboral, dos elementos que hacen a España “sensiblemente diferente” del resto de la Unión Europea. Para ello, la pata laboral del Plan contempla diez reformas y siete grandes inversiones por más de 2.600 millones.

Dichas reformas, ha puntualizado la ministra de Trabajo, tendrán la mira puesta en transformar la economía en una más verde; en promover la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral; y en darle mayores oportunidades a los más jóvenes. “No se puede emprender las reformas de un país sin los jóvenes dentro. No hay porvenir si no abordamos la enorme deuda que España tiene con sus jóvenes”, ha dicho Díaz.

Una de las necesidades que ha planteado el Ejecutivo es simplificar la cantidad de contratos laborales que existen hoy día para pasar a tener solo tres: indefinido, temporal y de formación. Además, el Gobierno pretende rediseñar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para transformarlos en una herramienta estructural que sirva como alternativa a los ajustes de plantilla.

La intención del Gobierno es que antes de despedir, las empresas opten por suspensiones temporales o reducciones de la jornada, durante las cuales los trabajadores podrán formarse y así aumentar su productividad cuando se sumen de nuevo a la actividad o bien permitirles tener una mejor cualificación que les ayudará en una futura búsqueda de empleo. Para financiar estos nuevos ERTE, han explicado desde Trabajo, no será necesaria una subida de las cotizaciones.

Por otro lado, desde el ministerio han señalado que modificar las indemnizaciones por despido no está en el debate actual. Desde la reforma laboral del PP del 2012, la indemnización para los contratos indefinidos se abarató sustancialmente, pasando de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, a 33 días con un máximo de 24 mensualidades.

Uno de los puntos destacados en el Plan del Ejecutivo es el relacionado con los convenios laborales. En dicho apartado, se habla de que habrá que abordar aspectos como la ultraactividad, que había quitado el PP. Esta herramienta permitía a los trabajadores continuar con su convenio de empresa hasta que se alcanzase un acuerdo con la dirección de la compañía para la creación de un nuevo convenio.

Otro de los temas a tratar será la relación entre los convenios sectoriales y los de empresa. Con la ley del PP, los de sector pasaban a quedar subordinados a los de las compañías, una medida fuertemente denunciada por los sindicatos como un retroceso en los derechos de los trabajadores. Aunque no se ha especificado aún con claridad qué cambios se realizarán, las palabras de este lunes de Yolanda Díaz apuntan a que se volverá a la situación previa a la reforma laboral de 2012.

Siete inversiones clave por 2.363 millones

Empleo Joven. Entre los más de 2.360 millones que el Ejecutivo quiere destinar a la pata laboral del Plan, 765 millones serán para la inserción laboral y formación de los jóvenes.

Empleo Mujer. La perspectiva de género es clave en el Plan. El Gobierno usará 105 millones en formar y promocionar a la mujer en el entorno laboral.

Nuevas competencias para un mundo verde y digital. 434,5 millones a la formación y fomento de la contratación en sectores estratégicos, así como para otorgar una mayor cualificación a personas en ERTE o empleadas en el sector servicios.

Proyectos territoriales. Es la segunda mayor partida, con 555 millones. Contempla planes de empleo para el reequilibrio territorial y la equidad de colectivos vulnerables.

Activación para el trabajo. 105,5 millones para impulsar las políticas de apoyo a la activación del empleo.

Economía social. 100 millones para jóvenes emprendedores y la sostenibilidad de empresas viables, así como la promoción de redes de cooperativas.

Ingreso Mínimo Vital. 298 millones para continuar con la implantación del IMV.

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