España necesita más ingresos, pero sin reformas que frenen la actividad

Una crisis como la que vive actualmente el país no es el mejor momento para aprobar un alza tributaria como la que el Ejecutivo ha diseñado

El Gobierno detalló ayer, en plena resaca de la contundente victoria del PP en la Comunidad de Madrid, el calendario y las líneas fundamentales del Plan de Recuperación que el viernes remitió a Bruselas, requisito ineludible para acceder a los 140.000 millones en subvenciones y créditos blandos que España aspira a recibir hasta 2026. La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicó una hoja de ruta que incluye, entre otras medidas, una fuerte reforma fiscal, que el Gobierno ha optado por relegar hasta el primer trimestre de 2023 y que supondrá una subida generalizada de impuestos para la mayor parte de los españoles. Con la premisa de acercar España a los niveles de recaudación tributaria del conjunto de la eurozona, el plan de recuperación endurecerá la presión fiscal tanto para particulares como para empresas mediante alzas en los impuestos y las cotizaciones. La reforma elevará el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre patrimonio, las bases máximas de cotización y los peajes de las autopistas, entre otras figuras. Esta última medida se traducirá en el establecimiento del pago por uso en todas las autovías de la red viaria a partir de 2024.

El Gobierno tiene, sin duda, argumentos objetivos para acometer la reforma tributaria. Por un lado, como explicó ayer la propia Calviño, porque existe margen en términos de presión fiscal comparativa para subir los impuestos. Además, el descalabro de las cuentas públicas que ha traído consigo la pandemia obliga a diseñar cuanto antes una senda de vuelta progresiva a la ortodoxia fiscal, dado que la suspensión de las reglas comunitarias sobre déficit y deuda se extenderá probablemente solo hasta finales de 2022. Pero junto a esos argumentos para subir los impuestos, hay argumentos también para sostener que una crisis económica como la que vive actualmente a España no es el mejor momento para aprobar un alza tributaria como la que el Ejecutivo ha diseñado, que no solo desanimará el consumo, sino que desincentivará también la inversión empresarial y ralentizará la recuperación económica.

La vuelta al equilibrio fiscal desde un hiperendeudamiento como el que ha alcanzado la economía española no puede acometerse solo desde el punto de vista de los ingresos, sino que debe priorizar también el de los gastos. El Gobierno no ha optado por acometer una reforma de la Administración Pública que recorte la factura de su funcionamiento o a coger por los cuernos el toro de las pensiones y plantear un modelo sostenible, realista y adecuado para un país que costea un estado del bienestar por encima de sus posibilidades. Adoptar esas medidas no sería popular ni electoralmente inteligente, pero sí política e históricamente responsable.