El Gobierno ha anticipado hasta ahora el 8% de las ayudas de la UE previstas para 2021

Moviliza 2.112 de los 26.634 millones presupuestados antes de enviar su plan a Bruselas destinando el grueso a dependencia y medioambiente

Montero descarta acometer grandes alzas de tributos o ajustes del gasto durante la crisis

Plan de Recuperación Pulsar sobre el gráfico para ampliar

La aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que incluye las reformas e inversiones que el Gobierno prevé acometer con las ayudas europeas por la crisis del Covid-19 ha quedado pospuesto a la próxima semana, la última de plazo para remitir el documento a Bruselas, con quien aún se liman los últimos flecos. Pese a ello, en las últimas semanas el Gobierno ha asignado ya el reparto de 2.112 millones de euros del programa. Se trata del 7,9% de los 26.634 millones de asistencia comunitaria que se aspira a ingresar este año y que el Presupuesto de 2021 permite anticipar vía deuda. El grueso del montante, según los datos recopilados por este diario, irá destinado a políticas medioambientales y de dependencia.

Esta primera remesa, que será repartida entre las comunidades autónomas, “pone de manifiesto que el Plan no es un futurible, sino que es una realidad que se va concretando cada día en cada conferencia sectorial”, reivindicó ayer la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros.

La principal partida, que concentra más de un tercio de todos los recursos ya asignados, fue aprobada por el Gobierno ayer mismo: se trata de un plan de fomento de la llamada “economía de los cuidados”, que tiene por objeto mejorar la asistencia a mayores y dependientes.

El plan, dotado de 730 millones, constará de tres patas. Una primera de 482 millones para ofrecer cuidados a domicilio; otra, de 216 millones, para la mejora de los servicios sociales y la protección a la infancia; y una de 31 millones para eliminar barreras de acceso en las administraciones públicas, detalló Ione Belarra, nueva ministra de Derechos Sociales tras la salida de Pablo Iglesias. El programa permitirá crear empleo de calidad y no deslocalizable en sectores muy feminizados, prometió Belarra, que ante el envejecimiento de la población española comparó la importancia de esta transformación económica con las transiciones medioambiental y digital, ejes maestros del Plan.

El Ministerio que más fondos ha movilizado hasta la fecha es, sin embargo, el de Transición Ecológica, que ya ha destinado 576 millones a sufragar planes medioambientales autonómicos y otros 400 al programa Moves III, dirigido a impulsar el coche eléctrico.

De otra parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer un paquete de subvenciones de 361 millones, con el foco en el posdoctorado, para el periodo 2021 a 2023.

El resto del monto se destina a la modernización del sistema de Justicia (20,6 millones); a centros de atención a víctimas de violencia de género promovidos por el Ministerio de Igualdad (19,8 millones) y a proyectos de investigación de la cartera de Ciencia (2,99 millones).

El Gobierno ha podido movilizar estos fondos al anticiparlos presupuestariamente, si bien el dinero europeo no comenzará a llegar hasta la segunda mitad del año. Un primer adelanto, de 9.000 millones, se desembolsaría con la aprobación del plan. Desde que lo reciba, la Comisión tiene dos meses para validarlo y el Consejo otro más, aunque se confía en lograr el plácet para julio. Se esperan otros 16.000 millones antes de final de año y el resto, hasta los 70.000 millones en subvenciones, se abonará semestralmente en función del cumplimiento de objetivos del plan.

Consolidación fiscal

En cuanto al diseño de un plan de consolidación fiscal a medio plazo, que vienen reclamando organismos como el Banco de España, la Airef o el FMI (y socios como Alemania, según avanzó ayer El País), Montero sostuvo que “no habrá plan de reequilibrio hasta que no pase este tsunami que ha vivido la economía”, se recupere el PIB precrisis y la UE reactive los objetivos de déficit (lo que previsiblemente no ocurra hasta 2023).

“No estamos en este momento en condiciones de aplicar una política de ajustes o de recortes, ese plan de reequilibrio tiene que venir del incremento de la recaudación”, o “del ajuste del gasto, cosa que me parece impensable pedirle a las comunidades autónomas en temas tan sensibles como Sanidad, Educación o servicios sociales”, defendió la titular de Hacienda. “Esto no significa que no se vaya a intentar seguir avanzando en consolidación fiscal”, adujo, recordando que el Gobierno prevé rebajar el déficit ya este año, del 10,9% de 2020 al entorno de 7,7% (cifra que actualizará a finales de abril), gracias al repunte del PIB. Sin embargo, defendió, “no hay situación económica que aconseje a las administraciones acometer un plan de reequilibrio que podría mermar la capacidad de recuperación”, defendió.

Montero también descartó que baraje un alza fiscal en 2022, aunque recordó que el FMI propone una subida temporal de tributos a rentas altas, fortunas y grandes empresas para sufragar la crisis, después de que Fedea criticara ayer que el Plan de Recuperación apueste por una subida “indiscriminada y poco meditada” de impuestos.

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